Lula Levy

Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos.

Importante. Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, y para responder a las consultas de los periodistas, comparto nuevamente esta información 👇🏻 En 2026, de los más de 70.000 ingresantes a la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan tan solo el 2,5%. Y en la Facultad de Medicina, apenas el 6,1%. Agrego más información: en Odontología representan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es incluso menor al 2%. Desde el 2022 la UBA exige acreditación de español nivel C1 para aspirantes provenientes de países no hispanohablantes, tanto en comprensión como en producción oral y escrita. Un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo. Estamos a disposición para reunirnos con el Gobierno nacional y analizar los datos para que el debate público sea con información precisa.

Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena.

El Gobierno reconoció hoy, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad. Como siempre planteamos, el camino es el diálogo, la responsabilidad y una mirada estratégica para el desarrollo de nuestro país. El reconocimiento alcanzado representa un avance importante y un alivio necesario frente a la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha. Esto también se logró gracias al trabajo de los diputados y senadores que sancionaron y ratificaron la Ley en el Congreso. Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un Presupuesto 2027 que vuelva a reconocer el valor central de la universidad pública, una de las herramientas más importantes que tiene la Argentina para generar conocimiento, igualdad de oportunidades y construir un futuro mejor.

EDUCACIÓN PÚBLICA SIEMPRE

Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley. El Poder Ejecutivo continúa obligado a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión del Gobierno de suspender materialmente la aplicación de la ley incumple con los objetivos por ella impuestos y las competencias fijadas por la Constitución Nacional. Es claro: esta conducta vulnera la Constitución Nacional y los principios republicanos que constituyen la base de nuestro país. La sentencia de la Sala III que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso. Las dos sentencias que otorgaron y confirmaron la medida cautelar solicitada por las universidades continúan vigentes. El Gobierno agotó las instancias ordinarias y acudió a la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no le quita la obligación de cumplir con la ley. No existe ninguna sentencia que le dé la razón al Poder Ejecutivo. La concesión del recurso extraordinario no lo exime del cumplimiento de la manda legal. Existiendo dos sentencias favorables en relación a la concesión de la cautelar solicitada por las universidades, las mismas se encuentran en condiciones de solicitar la ejecución de la sentencia.

1.⁠ La justicia una vez más le dio la razón a las Universidades Nacionales. En el día de hoy la Sala III CAF confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional debe dar inmediato cumplimiento con los artículos 5 y 6, primer párrafo, salarios de docentes y no docentes y recomposición de todos los programas de becas del estudiantado entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley. Con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las Universidades el PEN debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado. Aun si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas. El PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley. No cumplir la orden judicial constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. 2.⁠ ⁠La situación de quienes enseñan y trabajan en las universidades públicas no da para más. La gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica. 3.⁠ Para resolver el conflicto de lo que pasó y los años que vienen, el gobierno tiene que sentarse a dialogar con los actores de las universidades públicas. Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino.

Esta nota refleja lo que vivimos todos los días: el deterioro de la situación social, miles de argentinos sin oportunidades y cada vez más violencia. La víctima era un docente que se vio obligado a trabajar en una app de movilidad porque haciendo doble turno en dos escuelas su sueldo no le alcanzaba para vivir. Una vez más, pedimos que el Presidente ponga el foco en volver a valorar la educación y el trabajo argentino. clarin.com/policiales/mataro…

INENTENDIBLE. Senadores que se proclaman defensores de la educación pública votarán a favor del artículo 30 de la Ley de Presupuesto que, entre otras cosas, elimina los pisos de inversión en educación y ciencia. Ese piso funciona como una referencia para orientar recursos y proteger la inversión educativa. Eliminarlo es resignarse a vivir en un país más desigual, con menos oportunidades y sin horizonte de desarrollo.

La historia de David nos vuelve a mostrar que la universidad pública y de calidad transforma el esfuerzo en oportunidades. Y no me voy a cansar de repetirlo, porque la educación es la mejor herramienta para cambiar realidades. ¡Felicitaciones por este logro enorme!

Un politólogo brillante me recomendó esta nota y luego de leerla pensé: si el radicalismo no está decidido a ser radical, no tiene sentido.