Cuenta oficial de la Fiscalía General de la Nación. Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
Colombia
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La alteración de calificaciones y registros financieros en la plataforma virtual de la UNAD habría facilitado la obtención irregular de títulos académicos para al menos 19 estudiantes que no cumplían los requisitos. Por estos hechos, la Fiscalía judicializó a Carlos Andrés Oyola Tovar, señalado de articular estas maniobras entre 2017 y 2023.
La investigación da cuenta de que el procesado presuntamente coordinó a los interesados en modificar sus informes académicos con personas que tenían acceso a los sistemas de la UNAD. Además, sus propias calificaciones habrían sido alteradas 46 veces, lo que le permitió obtener los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública. La Fiscalía le imputó cinco delitos. No aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Información completa aquí: tinyurl.com/4daxbjtp
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La Fiscalía adicionó el agravante de desaparición forzada a la imputación contra tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, conocidos como alias 300, El Paisa y Willy, por su posible participación en la retención, las agresiones y el ocultamiento del cuerpo del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, en abril de 2022, en San Andrés de Cuerquia (Antioquia).
Además, alias 300 y El Paisa fueron imputados por homicidio agravado, por su presunta participación en las agresiones que causaron la muerte del profesional. La investigación incorporó declaraciones de otros posibles implicados que indican que la víctima habría sido asesinada y sepultada.
Información completa aquí: tinyurl.com/29he6ane
La Fiscalía General de la Nación recibe con profundo alivio la liberación de nuestros agentes de Protección y Asistencia Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada tras más de un año y medio de cautiverio.
La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón expresa su solidaridad con las familias de nuestros compañeros y agradece a quienes contribuyeron a su liberación.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, por las presuntas irregularidades en la contratación de la primera fase del parque ‘La Casa en el Aire’, en Valledupar, concebido en homenaje al compositor Rafael Escalona.
La investigación permitió identificar posibles fallas en la planeación, viabilidad y financiación de la obra, que alcanzó una inversión total de 14.462 millones de pesos, incluidos 1.285 millones de pesos del Sistema General de Regalías, pero nunca se terminó. También se estableció que habrían sido ignoradas advertencias técnicas de entidades nacionales antes de suscribir el contrato. El exgobernador fue acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Información completa aquí: tinyurl.com/nzs4tc4c
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Exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados habrían servido para ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023. Evidencias ontenidas por la Fiscalía dan cuenta de que las mercancías nunca habrían cruzado la frontera con Ecuador, pero figuraban como exportadas por el puente internacional de Rumichaca.
Siete personas fueron capturadas por estos hechos, entre ellas cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales (Nariño), señalados de certificar falsamente la salida de los cargamentos. La Fiscalía les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravados, ambas conductas agravadas; y falsedad ideológica en documento público.
La investigación también busca establecer posibles bienes y activos vinculados a estas actividades ilícitas.
Información completa aquí: tinyurl.com/yf9xvuc7
En diálogo sostenido esta semana con representantes de la Red de Mujeres Buscadoras de Bogotá, Cartagena, Guaviare y Meta, de las Madres de Jóvenes Desaparecidos de Cartago, de la Fundación Nidia Erika Bautista y delegados de Naciones Unidas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, escuchó sus preocupaciones y recibió sus solicitudes frente a las investigaciones que adelanta la entidad por desaparición forzada, entre ellas las relacionadas con jóvenes de Cartago (Valle del Cauca)
En la reunión, se expusieron estrategias institucionales frente a la desaparición forzada y herramientas como la Alerta Rosa, el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) y los tableros de control de información de la entidad sobre personas desaparecidas.
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Al término del encuentro, la Fiscal General reconoció a las mujeres buscadoras su valor, perseverancia y condición de expertas y constructoras de paz, al tiempo que se comprometió a mejorar la comunicación entre las víctimas y los equipos de fiscales, analistas e investigadores, fortalecer la presencia institucional en los territorios, optimizar la respuesta investigativa, mantener el acompañamiento a las familias, priorizar la capacitación con el apoyo de las Madres Buscadoras, y a consolidar mesas de seguimiento a las investigaciones por desaparición forzada.
Intimidaciones con armas de fuego, amenazas de muerte y abandono de sus viviendas eran algunas de las acciones delictivas a las que se veían sometidas familias del barrio Lleras Camargo y otros sectores de la comuna 20 de Cali (Valle del Cauca), que se negaban a pagar cuotas a un grupo delincuencial conocido como ‘Bombillo Rojo’. Una investigación estructural de la Fiscalía dejó al descubierto cómo delinquía esta estructura y permitió identificar y asociar 37 casos de extorsión y 19 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre 2023 y 2026, en los que estaría involucrada.
Uno de los casos documentados ocurrió entre noviembre y diciembre de 2025, cuando una familia se vio obligada a abandonar su casa después de que la fachada fuera atacada con piedras y disparos como forma de presión para pagar las llamadas ‘vacunas’. Integrantes del grupo delincuencial se apoderaron de manera inmediata del inmueble, el dinero y los objetos de valor que allí tenían. En el lugar operaba un comedor comunitario para la población vulnerable del sector.
11 presuntos integrantes de 'Bombillo Rojo', entre ellos el cabecilla de la estructura, fueron capturados y judicializados. Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó delitos como concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado; uso de menores para la comisión de delitos agravado; extorsión agravada, consumada y tentada; hurto calificado; desplazamiento forzado; e intimidación o amenazas con armas de fuego, armas, elementos o dispositivos no letales, armas hechizas o armas blancas. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Información completa aquí: tinyurl.com/4z7vahec
Tras su expulsión de Panamá, país al que habría huido para evadir el cumplimiento de una condena que pesaba en su contra, la Fiscalía judicializó a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, señalado cabecilla de una estructura delincuencial con injerencia en Valle del Cauca. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el hombre presuntamente se escapó de un resguardo ubicado en Florida (Valle del Cauca), a donde había sido trasladado para cumplir una sentencia de 38 años de prisión.
Alias Dimax habría adquirido certificaciones étnicas para hacerse pasar por integrante de una comunidad ancestral y lograr que le fuera cambiado el lugar donde cumplía la condena. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cali le imputó el delito de fuga de presos y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue impuesta por un juez de control de garantías.
Información completa aquí: tinyurl.com/mr29uwfe
Adriyojana Lugo Camacho, exsecretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco (Tolima), estaría involucrada en las irregularidades detectadas en contratos financiados con recursos de regalías por 21.550 millones de pesos, destinados a construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas. Para la Fiscalía habría participado en un presunto entramado de corrupción que direccionó la contratación de las obras y su interventoría.
En ese sentido, fue imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por su posible participación en hechos que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 499 millones de pesos. La exfuncionaria no aceptó los cargos.
Nota completa aquí: acortar.link/E40FjB
Al menos dos grupos privados de mensajería instantánea, cuyo acceso se obtenía mediante pago, habrían sido utilizados por una red dedicada a distribuir material de abuso sexual infantil. En estos espacios, al parecer, circularon más de 600 videos y fotografías, compartidos con más de 140 contactos. Cinco de los presuntos integrantes fueron identificados y judicializados.
La investigación de la Fiscalía, en articulación con la Dijin se @PoliciaColombia, permitió capturar a estas personas en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca). Los procesados fueron imputados por pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos aceptó los cargos. Todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
Nota completa aquí: acortar.link/aZtLAF