Sofía Jiménez Bogaert

Hoy, el Magistrado Franny González dio a conocer su decisión de variar la calificación jurídica del caso Jet Set, y, en este hilo, pretendo objetivamente resumir cómo justificó su fallo. Iniciemos entendiendo la consecuencia final del fallo: declaró su incompetencia y dispuso que el juicio comience nuevamente ante un tribunal colegiado, y, a partir de los propios párrafos del fallo, veamos cómo construyó esa decisión, cuáles fueron sus fundamentos y qué dejó pendiente para el nuevo juicio:

Que varios magistrados de la Suprema Corte de Justicia hayan preferido no someterse a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura no debe interpretarse con ligereza ni como una negativa a rendir cuentas. El procedimiento se presenta como una evaluación técnica de su productividad, integridad, independencia y desempeño, y transmite la idea de que permanecer o no en el cargo dependerá de la valoración objetiva de esos factores. Si la decisión del Consejo es, en esencia, de naturaleza político-administrativa, es preferible transparentarla y asumirla como tal, en lugar de revestirla de una evaluación de desempeño que no determina realmente el resultado. No maltratemos a los jueces haciéndoles cargar con el estigma de haber "reprobado" una evaluación que, en rigor, nunca fue verdaderamente técnica.

La Ley 74-25 fue promulgada el 3 de agosto de 2025 y publicada en la G.O. núm. 11208 el día 5. Como su artículo 393 exige doce meses desde su «promulgación y publicación», el nuevo Código Penal entra en vigor el 5 de agosto de 2026. La 44-26 fue promulgada el 27 de julio, pero todavía no ha sido publicada y, por tanto, no es obligatoria conforme a los artículos 101 y 109 de la Constitución. Esto significa que el día 5 entrará en vigor el Código Penal en el texto original de la Ley 74-25, sin las modificaciones de la 44-26. Así permanecerá hasta que esta sea publicada y transcurran los plazos del artículo 1 del Código Civil: el día siguiente en el Distrito Nacional y el segundo día en las provincias. Durante ese intervalo regirá íntegramente la versión anterior a esta apresurada y traumática modificación.

(1/2) Sí, el nuevo Código Penal necesita una reforma antes de entrar en vigor. No, la propuesta 01705-2026 que el Ejecutivo hizo llegar a través del presidente del Senado no es la reforma que necesita. Corrige algo, deja mucho intacto y en un punto grave retrocede. La Ley 74-25 entra en vigor el 3 de agosto. Puede ser modificada durante la vacatio. El problema es otro: el proyecto fue depositado el 10 de julio, aún está en comisión, pretende cambiar 18 artículos con 24 días de margen y no prorroga el art. 393. Señalarlo no es oponerse al Código. Su aprobación moderniza tipos penales, protege mejor a muchas víctimas e introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Precisamente porque es una reforma trascendente, debe comenzar bien. Tampoco se exige que toda norma penal tenga precisión matemática. El Derecho necesita conceptos que el juez interprete. Pero una cosa es interpretar y otra suplir elementos ausentes, resolver contradicciones o reparar una protección que el legislador eliminó. Solo cuatro de los 18 artículos guardan relación directa con libertad de expresión: 192, 208, 211 y 310. Los demás mezclan bullying, delitos sexuales, quiebra, malversación, proxenetismo y certificados médicos. No se explica el criterio de selección. Veamos. Arts. 121-123. Exigir reiteración, sistematicidad y daño grave mejora el hostigamiento. Pero restringirlo a ciertos ámbitos crea vacíos, se solapa con el acoso del art. 143 y no agrava claramente el suicidio derivado del hostigamiento cibernético. Art. 141. Corrige “veinte años de prisión mayor” para decir “veinte años”, pero borra el plazo de 30 años desde la mayoría de edad para delitos sexuales contra menores. Una agresión a los 8 años prescribiría a los 28, en vez de a los 48. Hay que ver quién se inventó eso. Art. 142. Es positivo excluir contextos artísticos, científicos, educativos y privados. Pero el párrafo I agrava el acto ante menores cualquiera sea la forma o el medio, mientras el II excluye ámbitos privados sin afectación. La relación entre ambos debe aclararse. Arts. 144, 170 y 176. Aquí hay, sobre todo, aumentos de pena y correcciones de redacción. Pueden discutirse, pero no justifican una reforma de emergencia ni sustituyen un análisis de proporcionalidad y coherencia con las escalas generales del Código. Art. 192. Esta sí es una corrección importante. Ya no bastaría publicar cualquier imagen sin consentimiento. Se exige contenido obtenido en un ámbito privado o confidencial, afectación grave a la intimidad y ausencia de interés público legítimo. La solución queda a medias: elimina el tratamiento específico de audios, imágenes o videos falsos o alterados, justo ante el auge de deepfakes y clonación de voz. Hace falta un tipo separado, con dolo y finalidad lesiva, que preserve la expresión legítima. Hay una paradoja: al promulgar el Código, la Presidencia presentó como avances tanto los deepfakes con fines de chantaje como el plazo especial para delitos sexuales contra menores. El proyecto promovido ahora elimina ambas previsiones…¿y entonces? Art. 207. Se reduce la pena del perjurio con resultado económico, pero se conserva una regla insostenible: imponer al perjuro la misma pena que resulte impuesta a la víctima. La sanción depende así de otro proceso y no de su culpabilidad y del daño causado. El honor merece protección. Una imputación fáctica falsa, grave y dolosa, y con mayor razón una amenaza extorsiva, no queda inmunizada por llamarse “libertad de expresión”. El reto es definir con rigor el abuso sin convertir la crítica legítima en delito. Art. 208. El proyecto baja la prisión por difamación de 2-5 a 1-2 años, pero mantiene la cárcel y no exige que el hecho imputado sea falso. Una información verdadera que afecte el honor todavía puede caer, en principio, dentro del tipo penal.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC/0129/26) establece que el modelo vigente -que permite a los tribunales disciplinarios del Colegio de Abogados imponer sanciones con base en el Código de Ética del Abogado- presenta un problema constitucional serio vinculado al principio de legalidad en materia sancionadora. Recuerda el Tribunal que “en materia sancionatoria… la ley debe regular lo esencial, la sanción y el núcleo de la prohibición… [y] el legislador está obligado a regular por sí las infracciones administrativas o disciplinarias, así como sus sanciones, sin que el reglamento o norma sin rango de ley introduzca nuevas infracciones o sanciones” (párr. 8.20). El Tribunal concluye que el legislador incurrió en una delegación impropia al remitir la determinación de las infracciones y sanciones disciplinarias al Código de Ética del Abogado, el cual -como señala expresamente la sentencia- “no es más que el Decreto núm. 1290… y carece de rango de ley al no ser dictado por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo” (párr. 8.21). En consecuencia, el Tribunal advierte que las infracciones disciplinarias “no fueron creadas por el Congreso, sino ilegítimamente por otro organismo, lo que resulta totalmente contrario a la Constitución” (párr. 8.22).

(1/7) El caso Odebrecht arrojó mucha luz al tratamiento jurisprudencial de algunos elementos que – según el litoral desde donde se interpretaban – habían generado cierto caos en la administración de justicia. Por eso, ahora que definitivamente se cierra el expediente, hace sentido rescatar algunos de estos aspectos:

La prisión preventiva en casos de relevancia social/política parece haberse desvirtuado hasta convertirse, no en excepción, sino en un reflejo automático, promoviendo una profunda confusión entre cautela procesal y sanción…trasladando al juez una expectativa de castigo inmediato que no le corresponde. Ahí nace el populismo penal: la prisión preventiva como performance, como confirmación social de culpabilidad, como sustituto del juicio y casi como una sentencia anticipada. En el último proceso de esta naturaleza, incluso, se ha visto un aparente elemento “novedoso”: el juzgador de la medida de coerción es presentado como articulista en la prensa, donde parece pretender justificar su decisión -todavía pendiente de entrega íntegra- ante los ojos de la opinión pública. Y, ante esta horrible distorsión, reiterada por años, se hace necesario llover sobre mojado: la prisión preventiva no está diseñada para “hacer justicia” en el sentido moral o retributivo que clama la sociedad, ni para “calmar” la opinión pública, ni para validar una narrativa política, investigativa o acusadora. Está diseñada para proteger el proceso, nada más. Se (debe) juzga (r) si existen riesgos concretos de incomparecencia, de destrucción o contaminación de prueba, o de afectación a víctimas y testigos. Cuando ese estándar se relaja, la medida cautelar pasa a ser pena anticipada y se generan expectativas injustas que afectan a los juzgadores, a los actores del sistema y, eventualmente, a la estabilidad judicial y el “sentido” de estado de derecho. La Ley 97-25, nuestro nuevo Código Procesal Penal, precisamente intenta cerrar espacios a ese desbordamiento, recordando que el sistema ofrece un menú escalonado de medidas y que la privación de libertad es la última ratio, solo justificable si medidas menos gravosas no alcanzan los fines del proceso. Nada nuevo de cara a la anterior legislación. Exige, además, presupuestos acumulativos para imponer coerción y una motivación real que conecte hechos, evidencia y riesgos; lo cual, si se armoniza con el criterio del Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia TC/0722/24, reafirma que la prisión preventiva debe ser excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional, y que la proporcionalidad no es simbólica, sino que debe demostrarse mediante un contraste serio con medidas menos gravosas y con la pena en perspectiva. Por esto es tan importante que quienes tienen podios de opinión pública y quienes influyen a otros con sus mensajes entiendan que la destrucción del tejido institucional y la sustitución de garantías procesales por choques de aparente dopamina social (populista) terminan generando un daño que quizá llegue a ser irreparable, y cuyas consecuencias ya hemos visto en muchos otros Estados de la región. Además de que en estos últimos años han incrementado las condenas al estado por los excesos en precisamente esta materia, ya que si esa persona es eventualmente descargada o recibe una pena menor, el sistema de justicia tiene que indemnizar por esa prisión injusta, de conformidad con los arts. 259 y siguientes del nuevo código. Esto debe ser tomado en cuenta siempre, sin importar que se juzgue a Jack el Destripador, a Jason o al guasón.

Con la promulgación apresurada del nuevo Código Procesal Penal este fin de semana surge una pregunta: ¿Aplicará de forma retroactiva a los casos en curso? El Tribunal Constitucional (TC/0428/22) ha reiterado, al interpretar el artículo 110 que consagra el principio de irretroactividad de la ley, que existen al menos cuatro excepciones relevantes: (a) cuando el régimen procesal anterior garantiza algún derecho adquirido o una situación jurídica más favorable; (b) cuando la disposición anterior asegura, en mejor condición que la nueva, la tutela judicial efectiva; (c) cuando se trate de normas penales o procesales con efectos materiales que resulten más favorables a la persona sub judice; y (d) cuando el legislador, por razones de conveniencia judicial o interés social, disponga expresamente que los casos iniciados con una ley procesal anterior sigan siendo juzgados por ésta. Por su parte, la misma Ley 97-25 en su artículo 7 indica que la norma procesal es de aplicación inmediata, salvo cuando desfavorezcan al imputado. Allí donde el nuevo código mejore las garantías, podría invocarse su aplicación inmediata; allí donde las reduzca o amplíe el margen de discrecionalidad estatal en detrimento del justiciable, no debería. Pero, como todo eso está vinculado al ámbito subjetivo (aparentemente)... Ya veremos. 🦕

Luego de leer el proyecto de Código Procesal Penal remitido desde la Cámara de Diputados al Senado, pienso que lo mejor es que se apruebe una “ley 10-15”, como está, y nos obliguemos a agotar una agenda legislativa para reformarla, como se merece, dentro de los próximos meses. De las discusiones sostenidas, tanto dentro del Congreso como fuera, y de las opiniones de renombrados juristas que han aportado desde diferentes latitudes, queda bien claro que hay puntos muy importantes sobre los que no hay un consenso real y que, por lo contrario, existe una contradicción importante. Para identificar algunos ejemplos, me parece que el artículo 8, sobre el plazo razonable, y el 146, que trata la “determinación” del mismo, contradicen lo expuesto por el Tribunal Constitucional en sus sentencias TC/0602/25, TC/0740/24 y TC/1106/24. Igualmente, sugerir que la complejidad sea un elemento a ser tomado en cuenta es, por sí sola, una carta en blanco para que el juzgador extienda un plazo que debería ser objetivamente fijado y sin posibilidad de ser variado por elementos subjetivos. Lo propio sucede con el diseño del artículo 150, duración máxima, cuando indica, en uno de los presupuestos de inicio del cómputo “la citación en calidad de imputado”, se abre la puerta a que se cite a alguien como “investigado” durante meses o años, practicar diligencias intrusivas (interrogatorios, requerimientos, citaciones reiteradas, incluso restricciones indirectas) y esto no sea tomado en cuenta. Igual, choca con la definición de imputado recogida TC/0740/24, TC/0303/22, TC/0110/19. Lo plasmado en el artículo 48, sobre la interrupción de la prescripción, convierte la medida de coerción en un mecanismo automático de interrupción. Prácticamente incentiva el abuso de las mismas y se debilita la protección contra las investigaciones perpetuas. El artículo 470, indicando que entra en vigencia de manera inmediata, es tan peligroso que, de ser aprobada, estamos garantizando un desorden impensable en una materia tan compleja como lo es la penal. Ni el sistema, ni los actores, están preparados para un cambio de paradigma procesal de aplicación inmediata. Esta, por si sola, creo que es una causa suficiente para la propuesta de mantener el esquema actual. Dicho todo esto, reconozco la labor de quienes han impulsado esta reforma (PGR, Senado, Diputados, Actores del Sistema). Hay avances importantes: la clarificación técnica del régimen de interrogatorio, que por fin ordena el examen directo, el contrainterrogatorio y las objeciones bajo reglas modernas; la corrección al artículo 150, que evita que las deficiencias del sistema se usen como excusa para extender plazos; las mejoras al artículo 377, que organizan y acotan el régimen de plazos del procedimiento complejo, reduciendo los abusos históricos; nuevas garantías para víctimas y querellantes, que fortalecen su participación real; y la actualización del régimen de interceptación, que establece límites temporales y controles más estrictos. Son pasos que merecen ser reconocidos, aun cuando existan aspectos esenciales que deben revisarse con mayor profundidad. Por todo lo anterior, reitero que lo más sensato institucionalmente es restablecer la Ley 10-15 como marco vigente y comprometernos con un calendario legislativo estricto y especializado que permita modernizar el régimen procesal penal con rigor técnico, armonizarlo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el nuevo Código Penal y con las necesidades reales identificadas desde la sociedad. Ahora la pelota está en la cancha del Senado, a quien corresponde evaluar con detenimiento estas cuestiones y decidir si este es el momento para aprobar el texto actual o si lo responsable es abrir un proceso legislativo más profundo, técnico y participativo.

De nuevo sufrimos la misma debilidad estructural del Estado dominicano: la falta de un mando unificado y de criterios coherentes entre las instituciones públicas cuando se enfrentan a una catástrofe climática. En lugar de una respuesta integral, de una sola fuente, lo que se produce es una fragmentación administrativa: cada órgano actúa de forma aislada, emitiendo resoluciones, comunicados y actos administrativos inconexos que terminan generando incertidumbre jurídica, operativa y social. En esta entrega, por ejemplo, el Poder Judicial decidió suspender las labores en algunos departamentos judiciales, pero no en otros, ignorando que muchos jueces, abogados y empleados deben desplazarse entre esas jurisdicciones. El Ministerio de Trabajo, por su parte, dictó una resolución suspendiendo las labores en las provincias en alerta roja “sin afectar los derechos ni salarios de los trabajadores”, lo que, aunque bien intencionado (¿o populista?), ignora lo dispuesto en el Código de Trabajo, así como los criterios consolidados por la jurisprudencia y la doctrina laboral dominicana. Por ejemplo, la norma contempla como causa de suspensión el caso fortuito o de fuerza mayor, lo que encaja perfectamente en una situación como la que provoca un fenómeno natural, pero requiere formalización jurídica, no simples comunicados e incertidumbre administrativa. La confusión aumenta cuando el propio ministro de Trabajo, desde su cuenta personal, emite una “aclaración” sobre la aplicación del teletrabajo durante la tormenta. Aunque su explicación fue oportuna, en estricto derecho no se trata de un acto administrativo formal, sino de una manifestación informal de voluntad sin valor jurídico vinculante, emitida fuera del procedimiento previsto en la norma y sin publicación oficial. Todo eso se traduce a que los ciudadanos no saben si están obligados o dispensados de trabajar, los empleadores temen sanciones o demandas, y las instituciones operan en un limbo de competencias. Desde la óptica del derecho administrativo (y la lógica), esta dispersión vulnera principios fundamentales como la coordinación institucional, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica. Urge, por tanto, una reforma que establezca un sistema real y unificado que concentre la competencia para emitir disposiciones vinculantes en una sola autoridad y que obligue a los demás órganos del Estado a subordinar sus medidas a ese mando central. Esta reforma debería incluir una cláusula de “coordinación administrativa reforzada” que habilite al Ejecutivo, de forma temporal y excepcional, a suspender o limitar actividades laborales y educativas cuando la seguridad ciudadana o la infraestructura nacional estén en riesgo, garantizando compensaciones económicas razonables para trabajadores y empleadores, o por lo menos generando los baremos aplicables. Solo una respuesta unificada y jurídicamente sólida puede preservar la confianza pública y la legitimidad del Estado en los momentos de mayor vulnerabilidad. Además de, obviamente, salvar vidas. Mientras cada institución siga actuando como isla normativa, el país seguirá enfrentando los desastres naturales con improvisación y con la inseguridad jurídica que solo agrava sus efectos.

Finalmente tenemos Código Penal “nuevo”, y aquí unos comentarios (en hilo) sobre dicha pieza: La reforma parte de una lectura constitucional y de los principios del derecho penal liberal: incorpora la autoría mediata para equiparar la responsabilidad del autor intelectual a la del ejecutor material, extiende la punibilidad a las personas jurídicas y mantiene imputables a los individuos que actúen en su nombre. Introduce defensas modernas basadas en error invencible, estado de necesidad y otras causales de inimputabilidad total o parcial, al tiempo que elimina sanciones arcaicas como el destierro y el confinamiento. Con ello, el texto se pretende colocar a la par de la dogmática penal contemporánea y refuerza la capacidad del sistema para enfrentar delitos económicos y de crimen organizado. No estoy seguro si lo logra. No obstante reforzar las penas de numerosos delitos -lo que responde más a demandas populistas que a políticas eficaces de seguridad- la reforma establece válvulas de flexibilidad como la reducción o sustitución de castigos y un novedoso régimen de semilibertad para condenas cortas, permitiendo combinar periodos de prisión con tiempos de libertad controlada. Se dejó fuera el tema de las causales, un elemento que fue explotado políticamente cuando se estaba en oposición, y que hoy queda olvidado. Será interesante ver cómo de esta realidad se elevan voces en el Congreso que pretendan contrarrestar dicha situación. Ahora bien, ¿cuáles elementos nuevos realmente trae la pieza? Veamos: