La Advertencia Que Costó un Cargo: Ordóñez y el Acta Delictiva del Acuerdo Santos–FARC En el 2016, cuando el país estaba deslumbrado por la narrativa oficial de una “paz histórica”, Alejandro Ordóñez encendió una alarma que muchos ignoraron deliberadamente. En esta carta —que le costó su cargo— denunció con crudeza que el Gobierno Santos estaba entregando el poder constituyente a las FARC, rompiendo la Constitución y sometiendo al país a un acuerdo hecho entre dos firmas: la del presidente y la de un criminal de guerra. Lo que escribió fue una premonición que el poder político decidió silenciar, porque revelaba el verdadero costo institucional del pacto de La Habana. Hoy, casi diez años después, sus palabras suenan como profecía cumplida. Lo que Ordóñez señaló ocurrió con exactitud quirúrgica: blindaje jurídico para las FARC, desmonte del orden constitucional y sometimiento institucional disfrazado de “acuerdo humanitario”. Esta carta no es un documento más: es el acta de advertencia que muchos pretendieron enterrar. Por eso se debe leer, compartir y recordar. 📜 CARTA COMPLETA DEL PROCURADOR ALEJANDRO ORDOÑEZ (13 de mayo de 2016) "Bogotá D.C, 13 de mayo de 2016 Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República E.S.D. Señor Presidente: En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones: El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad. Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas. Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional. Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado. Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro. Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos? Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana. Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno. Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley. Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución. Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos. Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular. Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos. Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC. Atentamente, ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación “Invocar la paz no es una excusa para abolir el Estado de Derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden al margen de la Constitución.”

🚨 ¡ADVERTENCIA! ESTE POST NO ES APTO PARA PEREZOSOS MENTALES, PETRISTAS ALÉRGICOS A LA LECTURA NI PARA ESMERALDAS HERNÁNDEZ QUE CELEBRAN ANTES DE ENTENDER QUÉ PASÓ! 🤣 Lo que viene es una explicación, con humor, sarcasmo y un poquito de veneno jurídico, sobre cómo el Congreso terminó enredando el presupuesto de $634,9 billones y cómo algunos salieron a celebrar una supuesta victoria mientras el Gobierno recurría al decreto. ⚠️ Contiene párrafos completos, artículos de la Constitución, razonamiento jurídico y diferencias entre aprobar, conciliar y tumbar. Se recomienda precaución a quienes consideran que un trino reemplaza una sentencia de la Corte Constitucional. 😂 Si usted es de los que leen tres renglones y gritan «¡mucho texto!», siga de largo. Esto no viene con dibujitos, plastilina ni un tutorial de TikTok. Y a Esmeralda le recomiendo leer hasta el final antes de celebrar. No vaya a ser que vuelva a confundir el hallazgo de un error con la conquista de la Presidencia. 🤣💀 ¡Bienvenidos los que disfrutan pensar y reírse al mismo tiempo! Los demás pueden regresar cuando terminen de cargar la comprensión lectora. Ahora sí... Repito el principio de este post está inspirado por Esmeralda Hernández celebrando en X que «tumbó» el presupuesto de Abelardo de la Espriella. ¡Ay, Colombia! Aquí la política no necesita libretistas. Los libretistas necesitan venir a Colombia a hacer prácticas. 😂 Les voy a explicar qué pasó con el Presupuesto General de la Nación para 2027, sin lenguaje jurídico enredado, porque esto parece una comedia de equivocaciones, solo que la función cuesta $634,9 billones de pesos. Imagínense que dos personas reciben el encargo de redactar un contrato para vender una casa. Una escribe que la casa se entrega con garaje. La otra escribe que se entrega sin garaje. Las dos firman sus respectivos documentos, brindan, se abrazan y anuncian que el negocio quedó listo. ¡Precioso! Solo hay un pequeñísimo inconveniente: ¡NO FIRMARON EL MISMO CONTRATO! 🤣 Pues algo parecido ocurrió en nuestro honorable Congreso de la República. El Senado aprobó una versión del presupuesto y la Cámara de Representantes aprobó otra. ¿La diferencia? ¡EL ARTÍCULO 65! En el Senado se aprobó el texto original, mientras que en la Cámara apareció una modificación con unos parágrafos adicionales. Hasta ahí, ningún misterio. Las dos cámaras pueden modificar proyectos de ley. Pero existe un detalle: para que un proyecto se convierta en ley, ambas cámaras deben aprobar un texto común. Cuando hay diferencias, se realiza un procedimiento llamado conciliación. Traducido al español de quienes no desayunamos códigos: unos congresistas se reúnen, comparan los textos, acuerdan una versión definitiva y la someten a votación. ¡Tampoco era necesario descifrar los manuscritos del mar Muerto! Bastaba con comprobar que todos estaban aprobando lo mismo. Pero llegó el 20 de octubre, se venció el plazo y la conciliación no se realizó. ¡SE LES ACABÓ EL TIEMPO! 😂 Imagínense que un grupo de estudiantes presenta un trabajo final. Todos celebran, se toman fotografías y anuncian que aprobaron la materia. Entonces aparece el profesor: —¿Dónde está el trabajo definitivo? —¡Lo entregamos, profesor! —¿Y por qué cada uno entregó una versión diferente? —¡Ah, no! ¡Es que no alcanzamos a compararlas! ¡Y estos son los señores encargados de aprobar cómo se gastan cientos de billones de pesos! 🤣 ¿ENTONCES EL CONGRESO RECHAZÓ EL PRESUPUESTO DE ABELARDO? ¡NO! Y aquí está la diferencia que algunos están confundiendo alegremente. Las mayorías del Senado y de la Cámara votaron a favor del presupuesto. El problema no fue una derrota del Gobierno en una votación general de rechazo. El problema fue que aprobaron textos diferentes y no terminaron el procedimiento necesario para unificarlos. En derecho, votar no siempre basta. También hay que cumplir las reglas.