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El Cádiz ha presentado una nueva operación de ingeniería societaria, fiscal, contable y financiera, de esas que nadie entiende, para consumar el apoderamiento del club por parte de Contreras y los suyos. Te lo explicamos en corto: Lo que el Cádiz CF quiere que se vote el 30 de septiembre: Que Sport City Cádiz (la filial que acaba de cobrar 8,5 millones de euros en efectivo) salga del club. Sin precio. Sin venta. Sin contraprestación. El club se queda con la deuda: 9,5 millones a cobrar de una sociedad sobre la que ya no tendrá control. Hoy puede exigir ese dinero porque Sport City es su filial. Después, será un acreedor más, sin posición de privilegio. Sport City se lleva las acciones de Clase B de Nomadar: las que tienen 20 votos cada una. Las que mandan. El club se queda con un 5% de acciones de Clase A. Las que no pintan nada. Traducido: el activo que tiene el dinero, se va. La deuda, se queda. El control político sobre la cotizada, se cede. Y el club histórico queda en manos de una empresa de Delaware con 10 empleados, medio millón de facturación y un millón de pérdidas, cuyo auditor duda de que pueda seguir operando. Todo esto tres días después de que se hicieran públicas las cuentas de Sport City y su deuda de 8,25 millones con el club. Y se vota el 30 de septiembre, en plena temporada, cuando nadie mira los balances. ¿Quién propone esto? Un Consejo de Administración en el que sigue sentado Rafael Contreras — vicepresidente del Cádiz, CEO de Nomadar, y la persona cuyo entorno empresarial ha cobrado en cada eslabón de este entramado. Ellos deciden desde el club sacar el activo, y lo reciben desde las sociedades que controlan. Están en ambos lados de la mesa en cada operación. Si se aprueba, el daño será irreversible. FUERA DEL CÁDIZ