Antonio MartinezLara

Ayer Francia vivió uno de sus días más violentos en décadas. Unas 550.000 personas salieron a la calle contra el alto coste de la vida, la policía detuvo a más de 1.200, hubo 150 agentes heridos y el ayuntamiento de Limoges, con más de 140 años de historia, quedó casi destruido por el fuego. La explicación que más se escucha es la de siempre: la culpa es de la «austeridad» y del «neoliberalismo». Luis Garicano publicó esta semana los números que desmontan ese cuento. En Francia viven del Estado 30 millones de adultos, entre pensionistas, empleados públicos y perceptores de ayudas, frente a 21 millones que trabajan en el sector privado. El gasto público es el 57% del PIB y el país no cierra un presupuesto equilibrado desde 1974. ¿Dónde está la austeridad? España va por el mismo camino. Según Garicano, desde 2024 cobran del Estado 18,2 millones de personas, más que los 17,9 millones que trabajan en el sector privado, y la EPA ya cuenta más empleados públicos que autónomos. Gastamos el 45% del PIB y el último superávit fue en 2007. Me explico. Cuando más de la mitad de los votantes vive del Estado, ningún político se atreve a tocar el gasto, porque recortarlo es perder elecciones. Se paga con deuda y con impuestos al que produce, cada vez produce menos gente y la vida se encarece para todos. En las calles de Francia se pide más Estado para curar lo que causó el exceso de Estado. Argentina eligió el camino contrario. Milei recortó el gasto primario un 27% en términos reales en su primer año y cerró 2024 con el primer superávit financiero en más de una década. Llevo toda la vida creando empresas en España y en Estados Unidos, y sé que cada empleo privado paga una parte del sueldo de alguien que cobra del Estado. Cuando los que cobran superan a los que pagan, la cuenta no sale. Ningún Estado puede mantener a más gente de la que lo mantiene a él.

Me gusta colaborar con Horizonte porque no solo aclara ideas sino que además preocupa enormemente al socialismo que lo mira con lupa y cree encontrar lo que no hay. En 2018, cuando Sánchez llegó al Gobierno, las transferencias del Estado a la Seguridad Social rondaban los 15.000-20.000 millones de euros al año para cubrir la diferencia entre cotizaciones y gasto. Las cotizaciones sociales estaban en torno a los 115.000 millones. Ocho años después la situación es mucho mucho peor. En 2025 las transferencias del Estado superaron los 47.000-53.000 millones de euros. Desde 2018 el Estado ha inyectado alrededor de 309.000 millones de euros en el sistema. Las cotizaciones han subido (hasta unos 177.000 millones en 2025), pero el gasto en pensiones ha crecido más rápido por las revalorizaciones al IPC, más pensionistas y pensiones medias más altas. El déficit contributivo (lo que las cotizaciones no cubren) ha pasado de unos 33.000 millones en 2018 a cerca de 57.000 millones en 2025. El resultado es simple: se han subido las pensiones con dinero que el sistema no genera por sí solo. La diferencia se ha cubierto con impuestos y deuda. El déficit oficial de la Seguridad Social parece bajo solo porque las transferencias lo tapan. El gobierno siguiente heredará un gasto estructuralmente más alto y una dependencia mucho mayor de los Presupuestos Generales del Estado para pagar las pensiones.