Calah Mapa

Diecisiete años. Eso pasaron Daniel García y Reyes Alpízar en prisión preventiva, sin sentencia. Tiempo suficiente para que un niño se convierta en adulto. La @CorteIDH condenó a México por ese caso. Hoy tenemos 122,549 personas encarceladas sin sentencia. Casi la mitad de nuestra población penitenciaria permanece tras las rejas sin que se haya determinado definitivamente su culpabilidad. Pero hay una contradicción todavía más inquietante. En 2019, la propia Constitución ordenó evaluar, después de cinco años, si la prisión preventiva oficiosa debía continuar. Llegó 2024 y, lejos de reducirse, se amplió el catálogo de delitos que permiten encarcelar automáticamente. No todas las personas sin sentencia están bajo esa modalidad. Pero ¿dónde están los informes que demuestren su eficacia? ¿Cuántos delitos ha permitido esclarecer? ¿Cuántas víctimas ha protegido? Ahora el gobierno anuncia seis cárceles nuevas. Pueden aliviar el hacinamiento, pero ninguna sustituye una investigación, acelera por sí sola un juicio ni dicta una sentencia. Proteger a las víctimas exige medidas eficaces; encarcelar antes de condenar exige límites y justificaciones. Cuando el Estado puede quitarte la libertad mucho antes de demostrar tu culpabilidad, la prisión corre el riesgo de convertirse en una pena anticipada. Y una justicia que tarda años en decidir también puede cometer injusticias.

Se va Guadalupe Taddei del INE. ¿Y los contratos cuestionados? ¿Quién los autorizó, quiénes se beneficiaron y quién responderá ante la ley? Una renuncia no puede convertirse en el mecanismo para enterrar las responsabilidades. Cambiar a la persona no significa limpiar la institución. En Decisión con Libertad, de @ADNOpinion, conversamos con @PabloHiriart y @Mcalaram sobre esta crisis. Mi planteamiento fue claro: sin investigaciones penales y administrativas que lleguen hasta sus últimas consecuencias legales, la renovación del INE corre el riesgo de ser una simulación. La rendición de cuentas no se satisface con una renuncia. En 2027 millones de mexicanos acudirán a votar. Lo verdaderamente grave es llegar a esas elecciones con un árbitro cuya credibilidad está cuestionada. Porque cuando los ciudadanos dejan de confiar en quien organiza las elecciones, lo que se debilita no es solamente una institución: es la legitimidad democrática del poder que surge de las urnas. Los invito a ver este programa y a reflexionar sobre lo que realmente está en juego. @JoseMarioMX youtu.be/Gjh_l2tJCJw?si=wpv7…