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#Voces | Deicy Jiménez, la mujer que denunció presuntas irregularidades en la contratación estatal durante el Gobierno de Gustavo Petro, solicitó aplazar nuevamente su declaración ante la Fiscalía General de la Nación. La diligencia estaba programada para este viernes 20 de noviembre, pero su defensa argumentó que deberá salir del país. La solicitud representa un nuevo retraso en la ampliación de su testimonio dentro de la investigación por los denominados ‘sexocontratos’, en la que se indaga sobre un posible intercambio de favores sexuales por puestos y contratos en entidades del Estado. Según informó Caracol Radio, la razón del aplazamiento estaría relacionada con un viaje al exterior de su abogada, Dina Luz Malo. La declaración podría ser reprogramada para diciembre, aunque todavía no se conoce una nueva fecha oficial. No es la primera vez que se aplaza la diligencia. El pasado 13 de noviembre Jiménez tampoco compareció ante la Fiscalía debido a una calamidad doméstica que afectó al esposo de su representante legal. El nuevo aplazamiento se produce días después de que Petro reconociera que intercedió para que Jiménez buscara trabajo en el Congreso, de acuerdo con sus estudios. El expresidente también admitió que sostuvo encuentros con ella cuando trabajaba en el entretenimiento para adultos, aunque aseguró que estos ocurrieron antes de llegar a la Presidencia y negó haber tenido encuentros personales con ella durante su mandato.
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#Voces | El partido Libres (@librescol) obtuvo una segunda curul en la Cámara de Representantes luego de que el Consejo de Estado avalara sus reclamaciones frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), según informó Semana. El presidente de la colectividad y representante a la Cámara, Óscar Benavides (@ODBenavidesA), aseguró que la decisión no representa una concesión política, sino la recuperación de un escaño que, según afirmó, le corresponde al partido y a las comunidades que representa. La nueva representante será Ányela Viviana Guanga (@AnyelaGuangaOfi), quien se posesionará el próximo martes 24 de noviembre. Tras este resultado, Libres anunció que buscará ampliar su presencia política de cara a las elecciones de 2027, con candidatos a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y otras capitales del país, además de aspirantes a las gobernaciones. Benavides aseguró que la colectividad busca consolidarse como una de las principales fuerzas progresistas de Colombia.
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#Voces | El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara cambios a la reglamentación de las corridas de toros en Colombia que permitirían recuperar varias prácticas restringidas durante la administración de Gustavo Petro. El borrador, elaborado por los ministerios de las Culturas y de Ambiente, propone modificar diez artículos del Decreto 0703 de 2026. De acuerdo con una investigación de la revista CAMBIO, la propuesta permitiría nuevamente el uso de puyas, banderillas, estoques y rejones durante la lidia, elementos cuyo uso está prohibido por la reglamentación vigente. Otro de los cambios contempla permitir el ingreso de menores de 10 años a las plazas, siempre que estén acompañados por un adulto. También se abriría la posibilidad de que adolescentes desde los 14 años participen en las cuadrillas taurinas. El documento plantea, además, limitar la capacidad de los equipos veterinarios para ordenar el retiro de un toro cuando presente sufrimiento extremo o agonía prolongada. Aunque los profesionales continuarían monitoreando la salud de los animales, sus conceptos no serían suficientes por sí solos para suspender su participación. La iniciativa también flexibilizaría los requisitos para demostrar que existe tradición taurina en los municipios, al dejar en manos de las alcaldías la determinación de los documentos y pruebas necesarios para autorizar los espectáculos.
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#Voces | El activista colombiano Francisco Javier Vera Manzanares (@franciscoactiv2), de 17 años, recibió este jueves 19 de noviembre el Premio Internacional de la Paz Infantil 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo para jóvenes que trabajan por los derechos de la infancia y la construcción de un mundo más justo. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, donde el joven fue distinguido por su trayectoria en la defensa del medioambiente, la acción climática y los derechos de los niños y adolescentes. El galardón fue entregado por el Nobel de Paz Kailash Satyarthi. Francisco Vera fue seleccionado entre 280 nominaciones provenientes de 57 países, y llegó a la etapa final junto a activistas de Chile y Bangladesh. Su camino como defensor ambiental comenzó a los nueve años, cuando impulsó iniciativas de movilización y sensibilización frente a la crisis climática. De ese trabajo nació el movimiento Guardianes por la Vida, que actualmente reúne a más de 1.400 niños y jóvenes, ha promovido la siembra de más de 5.000 árboles y ha formado a más de 50.000 personas en liderazgo ambiental. A lo largo de su trayectoria, Vera también ha participado en escenarios nacionales e internacionales para promover políticas de protección ambiental y derechos de la niñez, incluyendo espacios vinculados a Naciones Unidas. Sin embargo, su activismo también lo convirtió en blanco de amenazas de muerte, situación que lo obligó a salir de Colombia y buscar refugio en España. Durante la ceremonia, el joven reiteró la importancia de que las nuevas generaciones sean escuchadas frente a las decisiones que afectan el planeta y su futuro. “Todos los niños del mundo tienen derecho a vivir en un planeta sano, limpio, digno y en paz”, expresó. Con este reconocimiento, Francisco Vera busca fortalecer sus iniciativas y ampliar programas de formación para niños y jóvenes en temas de justicia climática, derechos de la infancia y construcción de paz.
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#Voces | La activista de redes sociales Luisa Fernanda Bohórquez (@luisafbohorquez) alertó sobre posibles afectaciones ambientales derivadas de la construcción de una fábrica de cerámica de la multinacional china ACME, en el sector de Picaleña, vereda Buenos Aires, en Ibagué, y advirtió sobre los riesgos que podría representar para el acuífero que abastece e influye en cinco municipios del Tolima. En un video publicado en sus redes sociales, Bohórquez señaló que, según el informe técnico 5957 de CORTOLIMA, del 24 de julio de 2026, se documentaron presuntas infracciones ambientales relacionadas con tala de árboles, vertimientos, manejo de residuos e intervención del cauce y la zona protectora de la quebrada La Barbona. La activista también cuestionó la intervención de aproximadamente 21,6 hectáreas mediante excavaciones y nivelación, que, según su denuncia, se habría adelantado sin acreditar licencia ambiental. Asimismo, advirtió sobre la demanda de agua que podría requerir la operación de la planta y sus posibles consecuencias para el acuífero de Ibagué, que tiene influencia en Ibagué, Alvarado, Piedras, San Luis y Coello. Bohórquez recordó que el 31 de agosto de 2026, mediante la Resolución 5329, CORTOLIMA inició un proceso sancionatorio y adoptó medidas preventivas frente al proyecto. Sin embargo, cuestionó que estas acciones sean suficientes para garantizar la protección integral del recurso hídrico. La denunciante indicó, además, que la Red de Comités Ambientales del Tolima y las veedurías del agua solicitaron medidas cautelares ambientales desde agosto, petición que fue actualizada y radicada nuevamente el 25 de septiembre bajo el número 2394. También señaló que la Procuraduría inició una actuación de vigilancia administrativa frente a la Corporación. Finalmente, exigió mayor transparencia, estudios técnicos y medidas que garanticen la protección del acuífero, incluida la suspensión de las obras mientras se esclarecen las posibles afectaciones ambientales.
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#Voces | “Aquí están el Gobierno y la fuerza pública garantizando que los ciudadanos de bien puedan hacer lo que normalmente hacen”: presidente De la Espriella, tras recorrido por Bogotá durante el #ParoNacional19N.
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#Voces | Así avanzan las movilizaciones en Bogotá durante el #ParoNacional19N, convocado por la oposición al Gobierno de De la Espriella.
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#Voces | Con un emotivo testimonio, el campesino Jaime Getial expuso ante la plenaria de la Cámara de Representantes las dificultades económicas que enfrenta para continuar trabajando la tierra, tras denunciar pérdidas ocasionadas por semillas extranjeras y plantas de mala calidad. Durante su intervención, este 18 de noviembre, Getial relató que, luego de ser desplazado por el conflicto armado, intentó reconstruir su vida en el campo, pero terminó endeudado tras invertir recursos y créditos bancarios en insumos agrícolas que, según denunció, no cumplieron con las condiciones esperadas. “Yo soy un campesino y me gusta ser campesino, pero estoy mamado de ser campesino”, expresó, al describir la difícil situación que atraviesa su familia. El productor anunció que emprenderá una huelga de hambre junto a su esposa, sus hijos y otros campesinos, para exigir garantías y defender los derechos de quienes trabajan en el campo colombiano. “Me encanta ser campesino, y que mis hijos también sigan siendo campesinos. Pero ¿así cómo?”, cuestionó ante los congresistas. Su intervención fue respaldada por el representante Yeisson Sua Cajamarca, quien pidió a las diferentes bancadas impulsar iniciativas legislativas que protejan a los pequeños productores y garanticen condiciones dignas para quienes sostienen la producción de alimentos en el país.
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#Voces | La Universidad Nacional de Colombia desmintió que la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, integrante del Pacto Histórico, sea egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de esa institución, luego de revisar sus archivos físicos y digitales. La verificación se habría realizado tras una solicitud recibida el 16 de octubre de 2025, relacionada con un supuesto diploma profesional que señalaría que la congresista obtuvo el título el 16 de noviembre de 2021. En la certificación emitida por la Facultad de Minas de la sede Medellín, la universidad aseguró que no encontró registros que acrediten que Estrada haya egresado de ese programa académico. La universidad también desconoció el documento presentado ante el Copnia Además, la institución señaló que la copia del registro del diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia que habría sido presentada por la congresista ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no fue expedida por la Universidad Nacional, sede Medellín. La respuesta, fechada el 23 de octubre de 2025, también señala que la información será puesta en conocimiento de las autoridades competentes por la presunta falsedad en documento público, con el propósito de que se adelanten las actuaciones correspondientes. El caso ha generado cuestionamientos públicos sobre las credenciales académicas de la representante y se suma al pronunciamiento del Pacto Histórico, que anunció la activación de su Comité de Ética para investigar las denuncias, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
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#Voces | El presidente Abelardo de la Espriella denunció ante la Fiscalía al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por el manejo de recursos a través de un fondo mixto, una figura que también utilizó el propio mandatario nacional para canalizar recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto. La denuncia ha generado cuestionamientos sobre una posible contradicción en el discurso del presidente, pues mientras critica el mecanismo utilizado por la administración de Barrancabermeja, su Gobierno también recurrió a un fondo mixto: el Fondo Milagro, creado para gestionar ayudas a los damnificados por la emergencia. La discusión gira en torno a los resultados de ambos fondos. En Barrancabermeja, la administración de Jonathan Vásquez asegura que los recursos se han traducido en obras concretas, entre ellas una granja solar destinada a reducir los costos de energía para familias vulnerables, la construcción de dos colegios y proyectos de infraestructura vial que, según el alcalde, responden a demandas históricas de la ciudad. Por su parte, el Fondo Milagro ha sido objeto de cuestionamientos por el tiempo que tardó en comenzar a movilizar recursos tras el terremoto, los costos de administración y la reciente renuncia de su gerente, ocurrida el 13 de noviembre. Entre las críticas también se señala el pago mensual de $248 millones a la fiduciaria encargada de su administración y se cuestiona qué resultados concretos se han materializado para las comunidades afectadas. En medio de la controversia, Jonathan Vásquez solicitó a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía acelerar las investigaciones y revisar las obras y actuaciones de su administración. El alcalde sostuvo que su responsabilidad es cumplirles a los habitantes de Barrancabermeja, más allá de las diferencias políticas con el presidente. La denuncia contra Vásquez también ha despertado cuestionamientos por su coincidencia con la víspera del paro, en medio de señalamientos de sectores críticos que sugieren que la acción podría tener un trasfondo político. Sin embargo, esa interpretación no está demostrada.
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#Voces | Organizaciones ambientales y veedurías ciudadanas solicitan a CORTOLIMA suspender preventivamente las obras del proyecto industrial de la empresa china ACME, en el predio El Recreo, parcela B, vereda Buenos Aires, mientras se verifican sus obligaciones ambientales y posibles impactos sobre el acuífero de Ibagué. La petición del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la Red de Comités Ambientales y veedurías busca prevenir afectaciones al patrimonio hídrico. Según el pronunciamiento, el proyecto se ubica en una zona relacionada con el sistema hídrico y el acuífero. El Informe Técnico de Visita 5957 de CORTOLIMA, del 24 de julio de 2026, reporta excavaciones con maquinaria pesada y nivelación en 21,6253 hectáreas, además de intervenir un drenaje natural afluente de la quebrada La Barbona. Las organizaciones cuestionan los permisos ambientales y señalan que, según consultas realizadas, no existirían licencias ambientales asociadas al proyecto. Solicitan esclarecer los permisos exigibles y verificar el cumplimiento de la normativa. También advierten sobre la posible demanda de agua para producir cerámica y porcelanato, y piden evaluar sus efectos sobre el acuífero, los cuerpos de agua y el entorno. El comunicado cita estudios de grupos avalados por MinCiencias y análisis de clínicas jurídicas universitarias que, según los promotores, advierten sobre posibles riesgos. Solicitan a CORTOLIMA suspender las obras mientras se realizan verificaciones; a la Alcaldía y la Gobernación del Tolima, pronunciarse sobre las actuaciones y medidas de protección; y a las autoridades competentes, revisar antecedentes técnicos y administrativos y garantizar transparencia. Las organizaciones afirman que no se oponen al desarrollo ni a la inversión, sino que exigen cumplir la ley y proteger los recursos naturales. Convocan a firmar y compartir la petición en defensa del acuífero, bajo el lema: “¡Ibagué no se vende, el agua se defiende!” 👉 c.org/m2kdTtRbpB
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#Voces | Los sindicatos del sector anunciaron nuevas movilizaciones para el 19 y 20 de noviembre. Entre sus reclamos están el recorte presupuestal, la falta de personal y los cambios salariales contemplados en la Ley de Rescate Económico. Los trabajadores de la Rama Judicial anunciaron su participación en el paro nacional convocado para el próximo 19 de noviembre por las centrales obreras, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Abelardo de la Espriella y al proyecto de Ley de Rescate Económico. La decisión se suma a las jornadas de protesta que ya realizaron jueces, magistrados y fiscales en distintas regiones del país. El martes 10 de noviembre, funcionarios judiciales participaron en concentraciones y asambleas informativas para expresar su inconformidad con la reducción de los recursos destinados al funcionamiento de la justicia. Uno de los principales reclamos es el presupuesto para 2027. Según Asonal Judicial, la Rama Judicial había solicitado cerca de $17,5 billones, pero el proyecto del Gobierno contempla una asignación de aproximadamente $11,5 billones, lo que representa un déficit de alrededor de $6 billones. El sindicato también advierte sobre la falta de funcionarios, la congestión de los despachos y las dificultades para garantizar el pago de la bonificación judicial. A esto se suman las preocupaciones por disposiciones del proyecto económico que modificarían beneficios tributarios relacionados con los gastos de representación de jueces, magistrados y fiscales.
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#Voces | La Ley de Rescate Económico plantea eliminar la tarifa preferencial del 5 % y llevarla al 19 %. La medida podría aumentar el gasto de millones de hogares colombianos que tienen animales de compañía. Alimentar a perros y gatos podría resultar más costoso en Colombia si el Congreso aprueba la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El proyecto de Ley de Rescate Económico propone eliminar el IVA preferencial del 5 % que actualmente tienen los alimentos para animales de compañía y aplicarles la tarifa general del 19 %. De acuerdo con las estimaciones divulgadas por el periodista Daniel Coronell, el cambio representaría un incremento del 13,3 % en el gasto anual de los hogares. Una familia que tiene un perro mediano, por ejemplo, pasaría de gastar aproximadamente $903.000 al año en su alimentación a cerca de $1.023.000. En el caso de los gatos, el costo anual estimado subiría de $687.000 a $778.000 por animal. El impacto sería mayor en los hogares que tienen varias mascotas y en las fundaciones y refugios que dependen de donaciones para alimentar animales rescatados. Según cifras del DANE citadas en el reporte, cerca de 12,7 millones de hogares colombianos conviven con perros o gatos, equivalentes al 67 % de las familias del país.
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#Voces | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio contra miembros de la Unión Patriótica (UP), cometidos en Bogotá entre 1985 y 1993. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, señala la existencia de dos patrones criminales atribuidos a integrantes del antiguo Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), posteriormente conocido como Brigada XX. El primero estuvo relacionado con la estigmatización, vigilancia, seguimientos, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la UP. Según la investigación, estas acciones contribuyeron a perseguir y debilitar la participación política de esa colectividad. El segundo patrón comprende detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de integrantes del M-19, el EPL y las Farc-EP en Bogotá. La JEP documentó 27 hechos criminales que dejaron 33 víctimas: 18 pertenecientes a la Unión Patriótica y 15 a organizaciones guerrilleras. Entre los ocho comparecientes señalados están el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado y los oficiales y suboficiales retirados Carlos Armando Mejía Lobo, Óscar Diego Sánchez Vélez, Camilo Pulecio Tovar, Luis Guillermo Hernández González, Mauricio Angarita, Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
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#Voces | El presidente de Brasil llegará a Madrid el domingo 15 de noviembre y participará el lunes en un acto político junto al dirigente socialista, quien busca un nuevo mandato en las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará a España el próximo domingo para expresar públicamente su respaldo a Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en medio de la campaña para las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La visita se realizará el lunes 16 de noviembre, cuando ambos dirigentes tienen previsto reunirse en el Palacio de la Moncloa y participar en un acto político en Madrid. La presencia de Lula fue confirmada por fuentes del PSOE y reportada por medios españoles. El mandatario brasileño incluirá esta parada en su itinerario internacional, después de participar en actividades oficiales en Filipinas. Según los reportes, también lo acompañará el diputado brasileño André Janones, quien tuvo un papel destacado en la estrategia digital de la campaña electoral de Lula. El encuentro representa un respaldo político internacional a Sánchez, quien busca renovar su mandato al frente del Gobierno español. La participación del presidente brasileño también refleja la cercanía entre ambos dirigentes y sus coincidencias dentro del espacio político progresista.
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#Voces | El presupuesto y los gastos administrativos del Fondo Milagro quedaron bajo escrutinio tras conocerse el informe presentado por su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, al Congreso. Mientras los procesos contractuales reportados suman $7.440 millones, la nómina y la comisión fiduciaria representan más de $1.000 millones mensuales. De acuerdo con la información revelada por El Colombiano, el gerente devenga un salario mensual de $39.441.454. Otros cinco directivos reciben alrededor de $36 millones cada uno, mientras que 13 coordinadores tienen salarios de $33 millones mensuales. En total, la nómina de las 27 personas incluidas en la tabla salarial alcanza los $765,6 millones al mes, sin contar primas ni prestaciones sociales. Además, Fiducoldex, entidad encargada de administrar el patrimonio autónomo, recibe una comisión fija mensual de aproximadamente $248,6 millones antes de IVA. Sumados ambos conceptos, los gastos de funcionamiento superan los $1.000 millones mensuales. Las cifras contrastan con los avances en la contratación. El Fondo tiene aprobado un presupuesto máximo de $624.656 millones para intervenciones urgentes y prioritarias, provenientes de un crédito de 200 millones de dólares del Banco Mundial incorporado al Presupuesto General de la Nación.
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#Voces | Un tenso cruce se presentó durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando el magistrado Gustavo Salazar interrumpió al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, por cuestionar la legitimidad del tribunal en medio de una sesión dedicada a la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz. El enfrentamiento ocurrió este jueves 12 de noviembre, durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas tras la firma del acuerdo de 2016. En su intervención, Ordóñez sostuvo que, diez años después de la firma del acuerdo, uno de los principales desafíos de la JEP es demostrar su legitimidad mediante resultados y transparencia. También cuestionó los compromisos relacionados con la reparación de las víctimas, la no repetición y el desmantelamiento de las economías ilegales. Sus declaraciones provocaron la reacción del magistrado Gustavo Salazar, quien le recordó que la convocatoria tenía como propósito evaluar las garantías de seguridad para los firmantes de paz, no debatir la legitimidad de la jurisdicción. “Señor ministro Ordóñez, no vinimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que se limite al tema de protección”, manifestó el magistrado. Salazar también cuestionó que el funcionario aprovechara el espacio para poner en duda la legitimidad del tribunal y calificó esa conducta como una falta de pertinencia y de respeto frente al propósito de la audiencia.
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#Voces | La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, compartió un mensaje de agradecimiento después de participar en el recibimiento oficial del papa León XIV en Lima, Perú, el pasado 11 de noviembre. La esposa del presidente Abelardo de la Espriella asistió a la ceremonia por invitación de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien encabezó el acto en el Palacio de Gobierno junto al pontífice y representantes de otros países latinoamericanos. Tras el encuentro, Pineda expresó su gratitud por la oportunidad de compartir con el máximo representante de la Iglesia católica y aseguró que se lleva su bendición para continuar trabajando por Colombia. La primera dama también destacó el significado espiritual de la visita y compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. En una de sus publicaciones escribió: “Un espacio de fe, de gratitud y de oración por nuestra patria Colombia”. La Cancillería había confirmado que el desplazamiento se realizaría con recursos propios de Pineda, por lo que no representaría gastos para el presupuesto nacional. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, su participación buscaba fortalecer los vínculos de amistad y fraternidad entre los países de América Latina.
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#Voces | El presidente Abelardo de la Espriella no cumplió ninguna de las cinco promesas que estableció para los primeros 90 días de su mandato. Así lo concluyó el seguimiento del Milagrómetro de La Silla Vacía, una herramienta periodística que contrasta los compromisos del mandatario con indicadores oficiales y resultados verificables. El plazo del denominado plan de choque venció el pasado 5 de noviembre. Las promesas estaban concentradas en dos áreas: salud y seguridad, sectores en los que el presidente había anunciado resultados rápidos desde el inicio de su administración. En materia de salud, De la Espriella había prometido garantizar que ningún colombiano se quedara sin medicamentos ni tratamientos y reducir en $4 billones las deudas de las EPS. Sin embargo, el seguimiento encontró que al 3 de noviembre solo se había cerrado el 50,9 % de los pendientes de medicamentos de los pacientes incluidos en el plan de choque del Ministerio de Salud. En tratamientos, el porcentaje era de apenas el 23 %. A esto se suma que no existen cifras actualizadas de la Supersalud que permitan verificar una reducción de las deudas de las EPS, que en el último registro disponible alcanzaban los $40,35 billones. En seguridad, el mandatario había prometido capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor en sus primeros tres meses. Según el seguimiento, de los 43 cabecillas mencionados por el presidente o su campaña, cuatro habían caído al momento del balance, una cifra inferior a la meta anunciada. También había ofrecido recuperar el control total del territorio en 90 días. Para evaluar este compromiso, La Silla Vacía utilizó los datos de confinamiento de la población civil reportados por la Defensoría del Pueblo. Aunque el indicador disminuyó frente al año anterior, todavía se registraban miles de personas confinadas por la violencia de grupos armados, por lo que el resultado no permite hablar de control territorial total.
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#Voces | El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este viernes 13 de noviembre la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo, quien estaba al frente del Fondo Milagro, entidad creada para coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La salida del funcionario se produce en medio de los cuestionamientos por la estructura salarial de la entidad, luego de conocerse que Uribe recibía $39,4 millones mensuales y que la nómina de 26 trabajadores representaba un costo aproximado de $765,6 millones al mes. La controversia llevó al presidente a pronunciarse públicamente y ordenar que se reversaran los salarios anunciados para los funcionarios del Fondo. De la Espriella aseguró que esas remuneraciones no correspondían a sus directrices de austeridad y afirmó que no las había autorizado. Posteriormente, el mandatario confirmó que aceptó la renuncia del gerente y señaló que tomó esa decisión porque consideraba que era lo correcto.
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