David Antonio Norero Calvo

🧵1/2. SE DEJA CONSTANCIA Hechos que no deben desaparecer de la memoria pública. 1. El presidente de la República y funcionarios de su Gobierno han realizado pronunciamientos sobre investigaciones penales en curso, anticipando valoraciones sobre personas investigadas en asuntos que corresponden a la Fiscalía General del Estado. 2. Jueces que permitieron otorgar medidas sustitutivas a la Prisión Preventiva fueron destituidos de sus cargos. 3. Medios de comunicación afines al Gobierno han tenido acceso privilegiado a allanamientos realizados por la Fiscalía, cuya información es posteriormente difundida y comentada por periodistas partidarios que reciben pauta estatal. 4. Ciudadanos extranjeros sufrieron la revocatoria de sus visas ecuatorianas por decisiones de las autoridades, sustentadas en informes reservados del Ministerio del Interior. 5. Personas privadas de libertad en la Cárcel del Encuentro han denunciado torturas, aislamiento, restricciones a sus abogados, deficiencias alimentarias y tratos crueles, además de un grave deterioro de sus condiciones físicas. 6. Al ministro del Interior se le atribuyen declaraciones según las cuales determinados internos de la Cárcel del Encuentro no tendrían posibilidades de rehabilitación, pese a que la rehabilitación integral constituye una finalidad constitucional del sistema penitenciario. 7. Carlos Leonardo Alarcón, quien intervino en investigaciones relacionadas con el entorno presidencial, asumió como fiscal general encargado, pese a los cuestionamientos sobre su categoría en la carrera fiscal y los requisitos de su designación. 8. Un asambleísta fue vinculado a un caso recibió prisión preventiva, pese a los cuestionamientos de su defensa sobre el respeto a su inmunidad y fuero parlamentarios. 9. Pese a existir un procedimiento específico para el presunto incumplimiento de una medida cautelar en el caso Triple A, la Fiscalía abrió una nueva investigación penal, denominada Grillete, contra Aquiles Álvarez. Su defensa denunció la vulneración del principio de mínima intervención penal y de sus garantías constitucionales. 10. En el caso Grillete se produjeron sustituciones y encargos de juezas cuya competencia fue cuestionada por la defensa. Además, se denunció la existencia de un audio en el que magistrados habrían hablado de una sentencia previamente elaborada y de presiones ejercidas por un operador judicial, sin que se conozca una investigación fiscal sobre estos hechos. 11. En procesos de elevada exposición política se utilizaron diligencias urgentes, allanamientos y medidas de prisión preventiva cuya necesidad y proporcionalidad han sido impugnadas por las defensas. 12. Personajes políticos sufrieron el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a sus actividades empresariales. El Ejecutivo defendió públicamente la utilización de esas medidas administrativas. 13. El presidente de la República y ministros de Estado estuvieron presentes durante allanamientos en oficinas de CNEL por presuntas irregularidades, pese a que la dirección de las investigaciones penales corresponde a la Fiscalía. 14. En caso PROGEN y ATM se actúa con total impunidad. 15. En el concurso para fiscal general fueron descalificadas Daniella Camacho e Inés Romero, las dos aspirantes con mayores puntuaciones en méritos. Carlos Alarcón pasó a encabezar la lista de postulantes habilitados. 16. El presidente realizó actividades de campaña electoral sin acogerse a la licencia exigida. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos decretos mediante los cuales dispuso encargos temporales de la Presidencia. 17. La Fiscalía inició investigaciones contra magistrados de la Corte Constitucional que habían participado en decisiones contrarias a iniciativas legislativas del Gobierno.