El cierre de la frontera peatonal en Macará merece una explicación clara y responsable. Cuando se anunció esta medida, se aseguró que se mantendría el paso de los niños y niñas que cruzan diariamente para asistir a sus escuelas. Hoy, sin previo aviso ni justificación, ese compromiso se ha incumplido, impidiendo su acceso a la educación y exponiendo a nuestras infancias, sin importar la nacionalidad, a mayores riesgos. Además, la inseguridad, argumento utilizado para justificar el cierre de la frontera, no ha disminuido. Por el contrario, los problemas de seguridad persisten e incluso se han agravado. Mientras tanto, quienes sí han sufrido las consecuencias son las familias y los comerciantes de nuestros pueblos fronterizos, cuya economía se ha visto seriamente afectada. Como Asambleísta de Loja, ejerceré mi deber de fiscalización y presentaré las consultas necesarias para que las autoridades expliquen las razones de esta decisión y rectifiquen una medida que vulnera derechos fundamentales, especialmente el derecho a la educación y al libre desarrollo de la vida de nuestras comunidades fronterizas. Las políticas públicas deben ofrecer soluciones reales, no generar nuevos problemas para quienes viven y trabajan en la frontera.