Edgar Vilca

EL PODER JUDICIAL ARCHIVA EL PROCESO PENAL EN MI CONTRA. EXIJO LA RESTITUCIÓN PLENA DE MIS DERECHOS. Queridas amigas y queridos amigos: Después de años de defender mi inocencia ante la justicia y en los medios de comunicación, el Poder Judicial ha dispuesto el sobreseimiento del proceso penal seguido en mi contra por mi gestión durante la pandemia. El juez supremo Juan Carlos Checkley acogió el pedido de la propia Fiscalía para archivar el caso. Esta decisión reivindica mi nombre frente a acusaciones que dañaron mi honra y sirvieron para imponerme diez años de inhabilitación. La investigación fiscal acredita un hecho que sostuve desde el principio: las gestiones y la aprobación de la adquisición de las pruebas cuestionadas ocurrieron antes de que yo asumiera el Ministerio de Salud. El requerimiento identifica a mi predecesora, Elizabeth Hinostroza, como la ministra que participó en la sesión del Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2020, donde se deliberó y aprobó el marco para esa adquisición. Su firma consta en el acta. También documenta su participación en las reuniones sobre la compra. Yo asumí el cargo el 20 de marzo. Se me atribuyó una decisión adoptada cuando todavía no era ministro y carecía de autoridad para tomarla. La Fiscalía tampoco encontró sustento probatorio suficiente para afirmar que privilegié las pruebas rápidas en perjuicio de las moleculares, ni para vincular mi actuación con la ruptura del cerco epidemiológico y las muertes que se me atribuían. Respecto del oxígeno medicinal, el requerimiento descarta una conducta omisiva o renuente de mi parte. Documenta el proceso de evaluación técnica y normativa para autorizar su uso con una concentración mínima del 93 % y considera jurídicamente incorrecto atribuirme una demora personal en una decisión que requería la intervención de varias entidades. Denuncio la persecución política promovida por Alejandro Muñante y respaldada por la mayoría que controló el Congreso anterior. Utilizaron esas imputaciones para desacreditarme y excluirme de la función pública. Muñante y quienes impulsaron y aprobaron mi inhabilitación deben responder políticamente ante el país por una sanción cuyos fundamentos hoy cuestiono también con los resultados de la investigación fiscal. Las consecuencias alcanzaron incluso mi derecho ciudadano a votar: a raíz de la inhabilitación, el Jurado Nacional de Elecciones me excluyó del padrón electoral. La lucha continúa porque la inhabilitación sigue vigente. El archivo penal no la levanta automáticamente. Exigiré ante las instancias competentes su revocación y la restitución plena de mis derechos. Agradezco a mis abogados Carlos Rivera Paz (@idl_rivera) y Justo Nieves por su profesionalismo, su rigor y su compromiso con mi defensa. A mi familia y a mis amigos, gracias por acompañarme y por sus incontables muestras de solidaridad. Su afecto y su confianza me han dado fuerza para sostener esta lucha. Agradezco también a los medios de comunicación, periodistas y comunicadores que me abrieron sus puertas para exponer mis argumentos y presentar los documentos de mi defensa. Esos espacios permitieron que mi voz fuera escuchada. Mi compromiso con la justicia social y la realización plena del derecho humano a la salud permanece intacto. Seguiré trabajando por un país donde recibir atención oportuna y vivir con dignidad sean derechos que todas las personas puedan ejercer, cualquiera sea su ingreso, su condición social o el lugar donde vivan. La persecución política no va a apartarme de ese compromiso. Víctor Zamora Lima, 25 de octubre de 2026 🔗 Leer la noticia en RPP: rpp.pe/politica/judiciales/p…