Con relación a las publicaciones en redes sociales de la periodista de La Nación, Rossana Escobar, sobre el proyecto financiado por USAID a través del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), y la participación de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) en una de las sub-actividades del proyecto, es necesario precisar los siguientes puntos basados en documentación oficial: El monto de 35.000 USD mencionado estaba proyectado como fondo total asignado para los tres años de duración del proyecto global. No se trató de una asignación dirigida a una sola organización o persona. La participación de COAPY fue resultado de un proceso de llamado y concurso público. El monto adjudicado para sus actividades específicas fue de aproximadamente 10.000 USD (al tipo de cambio vigente en ese periodo). El sub-proyecto tuvo como fin técnico el monitoreo de causas de corrupción pública; así como la implementación de un observatorio de causas. La implementación se rigió por parámetros de selección objetivos. Como ejemplo de esta imparcialidad, se incluyó el seguimiento de procesos que involucraban casos de alto impacto en esa época, como los casos de Venancio Núñez o de Rafael Filizzola, lo que demuestra la ausencia de sesgos partidarios. Según el contrato entre IDEA y COAPY, la entidad adjudicataria se comprometió formalmente a aplicar criterios objetivos en la recopilación de información; garantizar la transparencia e imparcialidad en el manejo de datos; no utilizar las plataformas o resultados con fines políticos, partidarios o gremiales. El contrato con USAID, incluyendo todos sus objetivos y metas, contó con la aprobación de la administración federal de los Estados Unidos durante el periodo de 2017-2021. Se ponen en captura las partes de los informes que fueron comunicados de la CBI.