Iñigo San Martin

Desde 1996, los abogados colegiados tenemos la opción de cotizar en un sistema de capitalización sostenible (Mutua de la Abogacía) o en un sistema de reparto insostenible (RETA/SS). Como el segundo sistema es insostenible (y su insostenibilidad sólo se puede mantener incrementando como sea la base de aportantes), el Gobierno ha decidido unilateralmente suprimir la libertad de elección y forzar a los nuevos colegiados a cotizar en la SS. Jóvenes abogados autónomos (con sueldos de jóvenes abogados autónomos) a los que el Gobierno va a obligar a pagar pensiones muy superiores a sus ingresos, con la falsa esperanza de que, el día que se jubilen (si pueden aspirar a jubilarse), otros jóvenes trabajadores les pagarán sus pensiones. Pensiones que, salvo que dejemos de ser el país líder en desempleo de la OCDE y uno de los países con menor tasa de natalidad del mundo, no se aproximarán ni por asomo a las pensiones actuales que ofrece un sistema destinado irremisiblemente a la quiebra. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que determinados colectivos de abogados mutualistas le han hecho llegar su indignación por el reducido importe de las pensiones que reciben de la Mutua (en comparación con las pensiones de hasta €3.704 brutos al mes que se cobran en el RGSS), el Gobierno ha aprovechado para eliminar una nueva libertad de sus ciudadanos. El problema es que esos indignados compañeros de profesión se supone que, cuando eligieron hacer aportaciones a su plan de pensiones privado (o cuando decidieron mantenerlo a partir de 1996), deberían haber conocido (a fin de cuentas, se supone que tienen una licenciatura en Derecho) las diferencias entre el sistema de capitalización como el de la Mutua y un sistema de reparto como la SS, y que aportando €200 o €300 al mes a su fondo de pensiones privado (€2.400-€3.600 al año) no podían a aspirar a pensiones mensuales de €2.000-€3.000 (€24.000 - €36.000 al año). Y, por supuesto, ahora pretenden que los contribuyentes (y en especial, los jóvenes trabajadores con sus sueldos de jóvenes trabajadores) subsidien lo que estos presuntos profesionales del Derecho consideran fue una mala decisión financiera. Como hablábamos ayer @trader_zona y yo, el Gobierno trata a los españoles como niños a los que tiene que proteger. Y eso ha creado una sociedad donde nadie quiere asumir las consecuencias de sus decisiones; una sociedad donde el españolito medio acepta que el Gobierno cercene, mediante coerción, su libertad individual (incluida su libertad de equivocarse o tomar malas decisiones) a cambio de protección. Pero ningún Gobierno financia esa protección con el patrimonio personal de los miembros del Consejo de Ministros, sino con el dinero de los contribuyentes. Y así no se crean personas adultas responsables de sus actos, sino redes clientelares que esperan que el Gobierno les beneficie, importándoles una higa quién tiene que asumir el coste de esa protección. En el fondo, ésta es la mentalidad de todos aquellos ciudadanos que defiende los impuestos elevados: la expectativa de que ellos van a estar entre los beneficiarios del reparto del maná gubernamental. Sin pararse a pensar en las externalidades negativas de ese indudable egoísmo, si bien disfrazado de (falso) altruísmo: desempleo juvenil, salarios bajos, pérdida de productividad y éxodo forzoso de nuestros mejores jóvenes para labrarse un futuro lejos de un país que les desprecia.