La terrible agresión sufrida por una señora de 80 años en el metro de Madrid a manos de un magrebí reincidente con problemas de salud mental es un clavo más en la tapa del ataúd de la convivencia. La cantidad de morralla humana enviada por el sátrapa Mohamed VI, con el beneplácito y la rendida sumisión de nuestro sátrapa de La Moncloa y su séquito de votantes apesebrados, ha desbordado todos los límites. La tensión social es máxima y el Estado español, infectado y podrido de socialismo, todavía trata de cubrir sus vergüenzas con discursos buenistas que no resisten el más leve roce con la realidad. Y menos aún los robos, agresiones, violaciones y asesinatos que se han convertido en el pan nuestro de cada día, sin que las autoridades, más ocupadas en tapar sus propias delincuencias, parezcan darse por aludidas. Al contrario. Se diría que, más que ausencia de respuesta por parte del gobierno, lo que hay es complicidad y un cálculo electoral que, como en el episodio de la Dana de Valencia, está dispuesto al sacrificio humano para derivarlo en beneficio propio. El Estado español ha renunciado a ejercer un control eficaz sobre los flujos migratorios, a garantizar la seguridad en el espacio público y a dotar de recursos adecuados a las comunidades. Al final, los que pagan las consecuencias siempre son los mismos: los ciudadanos de a pie como esta pobre señora, empujada con ferocidad contra el tren y golpeada en el suelo por ese malnacido que no merece otra cosa que lo mismo que ha procurado. Y lo peor es que este caso es el síntoma de un deterioro profundo de nuestra sociedad, de un país que normaliza la inseguridad, que relativiza las agresiones y que convierte en tabú cualquier análisis honesto de sus causas. La agresión a esta mujer simboliza la quiebra del sistema. O recuperamos la capacidad del Estado para proteger a los suyos, para aplicar la ley de forma rigurosa y afrontar de frente los problemas, o nos veremos condenados a una espiral creciente de tensión y fractura social. No podemos seguir ni un segundo más con un gobierno cuya garantía de continuidad se basa en cebar a nuestros enemigos con los despojos de nuestro derecho a vivir en paz.

El posmodernismo es un movimiento filosófico que descarga la responsabilidad personal en abstracciones pseudointelectuales, como si los seres humanos viviésemos en una permanente minoría de edad. El socialismo es solo la monetarización de dicha descarga.

Mis alumnos no saben que no creo en Dios. Mis alumnos no saben que desprecio profundamente a la izquierda. Mis alumnos no saben que considero el nacionalismo una farsa asesina. Mis alumnos no saben que entre Hamás e Israel, prefiero Israel. Mis alumnos no saben que creo que el socialismo, la política de género y las memeces del cambio climático son religiones de sustitución y una degeneración de la religión a la que pretenden sustituir. Mis alumnos no saben que considero que deberían dar todas sus clases en español. Y no saben todo esto porque mi tarima de profesor no es un púlpito de sacerdote, porque mis alumnos no son mis parroquianos y porque ofrecerles mis opiniones políticas sería transmitirles un catecismo. Mi posición de autoridad y su situación de menores de edad me obligan a respetarles y a respetar su crecimiento y, al menos, esperar que adquieran un sentido crítico para que puedan criticar mis opiniones en vez de tomarlas como Palabra de Dios. Esto no suelen entenderlo los profesores de izquierdas. Fundamentalmente porque no saben distinguir la moral de la ética y amoralmente consideran que sus opiniones tienen validez universal y representan el bien absoluto. Y consideran que transmitirlas es para ellos una obligación sagrada y apostólica. Pero cuando un profesor de derechas como yo expresa sus opiniones en internet, tan lejanas a las suyas, lo atacan y se echan las manos a la cabeza imaginando y sufriendo con la posibilidad de que esas opiniones les lleguen también a mis alumnos. Y no. No soy como ellos. No somos como ellos. Porque somos mucho mejores que ellos.