Mariano Lechardoy

Leyendo un poco de economía, esto ya estaba escrito. Adam Smith escribió una vez que "la gente del mismo oficio rara vez se reúne, ni siquiera para divertirse, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en algún arreglo de precios", y desconfiaba de los comerciantes que pedían reglas a medida en nombre del bien común. Una cámara de exportadores y una ONG extranjera diseñando el sistema que les da la llave del mercado es lo que él describía. Hayek explicó que el mercado funciona porque la información está dispersa y nadie la centraliza. VISEC busca concentrar en un actor privado la información de 294 mil establecimientos, y ese actor es el comprador. También habló sobre reglas generales iguales para todos, no órdenes particulares de quien tiene poder, y nunca dijo que el Estado se retire del arbitraje. Pidió que garantice el marco y no dicte resultados. Un intercambio es libre cuando hay alternativas. Cuando el único comprador posible dice "firmá o cobrás menos", no es un precio de mercado, es un precio dictado. Las empresas cartelizadas se rompen solas, porque alguien siempre se tienta a desviarse, salvo que tengan un mecanismo que las coordine. VISEC es ese mecanismo. No es un acuerdo que cada frigorífico pueda traicionar, es una plataforma común que les dice a todos lo mismo al mismo tiempo. Si el que compra manipula el precio final con una regla propia, distorsiona hacia atrás el precio del ternero, de la vaca y de la tierra. Y la distorsión es artificial, porque esto funcionaba cuando lo arbitraba el SENASA, y hoy te obligan a hacerlo con un privado y una ONG extranjera. El Estado tiene en esto una sola función, arbitrar entre privados, porque nadie puede ser juez de su propia causa. Cuando el comprador fija la regla, la aplica y la verifica, es juez y parte. El tercero imparcial, tiene que aparecer por qué acá no hay libre mercado, porque VISEC se sostiene en tres patas públicas. El reconocimiento oficial por la Resolución 50/2024 de la Secretaría de Agricultura. El aporte compulsivo del IPCVA, que es un tributo por ley. Y el acceso a una base de datos del Estado. Sin eso no tendría poder de descuento. Es un privilegio con disfraz de mercado. El resultado es que la competencia perfecta del lado de la oferta sigue intacta, miles de vendedores dispersos, pero del otro lado ahora hay uno solo con la llave, con el mapa y con los datos sensibles. Los datos fiscales, contables y comerciales de cada familia ganadera argentina quedan bajo el control de una organización privada y una ONG extranjera que no responden a ninguna ley argentina ni a ningún juzgado argentino. Y el único objetivo verificable de todo esto, el único que ya se ve en el precio, es pagar menos el producido de las familias ganaderas argentinas. Por qué el gobierno tiene que decir algo. Porque esto no es un pedido de más Estado. Es la prueba de si las reglas del modelo valen para todos. Si un grupo de privados puede reemplazar al Estado como árbitro, pretender quedarse con los datos de más de 200 mil establecimientos ganaderos y fijar el precio de la hacienda del país sin que nadie lo haya votado, eso no es libre mercado, es mercado capturado. Un ganadero pide una sola cosa del Estado, lo mismo que le pide a la justicia. Un tercero imparcial. No que fije precios, no que regule, no que cree organismos. Que solo arbitre, como venía haciendo, y le dé transparencia a esto. Que un tercero imparcial, por ejemplo el SENASA, que ya tiene los datos y la competencia, certifique que el productor cumple las normas europeas, gratis y para todos igual, como hace Uruguay y como está armando en este momento Paraguay. Que ninguna plataforma privada sea condición para vender. Y que ningún organismo del Estado avale, financie ni dé acceso a una plataforma privada que desvaloriza el producido del productor. Hoy hay libertad para vender y para exportar. No queremos que nos dejen a la suerte de un grupo de vivos que nos cobran peaje por trabajar.

Estimado @fedesturze Europa no compra carne de campos desmontados después de 2020 desde el 30 de diciembre. Es un requisito de un mercado de exportación, y eso en Argentina tiene un organismo de control con competencia por ley, el SENASA. No por simpatía, por función, igual que la cuota Hilton o el protocolo con China, etc. Pero esta vez la función la tomó VISEC, una plataforma privada nacida de un acuerdo entre The Nature Conservancy, una ONG ambientalista internacional (británica?), la cámara de exportadores CIARA-CEC y una certificadora privada. Hoy la empujan los frigoríficos y la promueve el IPCVA con plata de los productores. En esa mesa estuvieron todos menos el que tiene la vaca. Y a ese le piden una declaración jurada con su RENSPA (su DNI), su campo georreferenciado y sus datos fiscales, mientras un frigorífico ya avisó por carta que desde el 1 de noviembre desvaloriza la hacienda que no esté adentro. Van a decir que el productor puede elegir no venderle a Europa. Falso en la práctica. Europa paga el novillo pesado. Los cortes Hilton son los que compensan el resto de la media res, también para el que nunca exportó. "No le vendas" es un descuento con otro nombre. Y acá está el peligro de fondo. Cuando el que valida es el mismo que compra, el comprador decide quién entra al mercado y quién no. Eso es concentración. Un grupo de empresas con los datos de 200 mil campos y la llave del mercado que paga mejor no necesita bajar el precio, le alcanza con elegir a quién le abre la puerta. Hoy es Europa. Mañana ??? Encima, en medio de este desorden, los ordenamientos de bosques provinciales y la norma europea se contradicen. Un campo puede estar en regla con la Ley de Bosques de una provincia y ser rechazado en Bruselas. Cinco plataformas existen hoy y todas se contradicen entre sí, la provincia de Santa fe no acepta hacienda de Chaco, una locura y ya no sabemos cómo explicar esto, y productores que salen de la isla con el río creciendo y pierden el mercado europeo por cambiar de campo 😳. Pero estamos en el mismo país, no se entiende. Uruguay lo resolvió con su organismo estatal, gratis, sin trámite nuevo, sin que el productor firme nada. Paraguay va por el mismo camino con un registro público. No por estatismo, sino porque certificar y abrir mercados lo tiene que hacer alguien que no esté en el negocio. Reglas parejas para el chico y el grande. No estamos en contra de cuidar el monte, tenemos Ley de Bosques y la cumplimos. Estamos en contra de que quién cumple lo decidan una ONG extrajera y los compradores en vez de la ley argentina y su organismo de control. Lo que pedimos es concreto. Que el requisito europeo lo valide el SENASA o un ente público equivalente, con los datos que ya tiene y el mapa del CONICET que dice que el 87% de la ganadería argentina tiene riesgo nulo. Un camino público, gratuito e imparcial, y el que quiera pagarle a un privado, que lo haga por su cuenta. Que Nación ordene la contradicción entre bosques provinciales y norma europea. Y que ningún organismo del Estado condicione una habilitación a una plataforma privada. Se anotaron 14 mil productores sobre 200 mil. El campo ya dijo que no. No pedimos que el Estado haga más. Pedimos que no deje que un grupo con intereses propios haga lo que es suyo, con nuestros datos y nuestra plata. Usted sabe mejor que nadie que la regulación más cara es la que nadie votó.