Lex Social, Revista de los Derechos Sociales

ALT Este trabajo analiza el régimen jurídico de la contratación laboral de menores de edad, distinguiendo entre los trabajadores de 16 a 18 años y los menores de 16 años, cuya actividad laboral solo es posible, previa autorización administrativa, como artistas en espectáculos públicos (art. 6.4 ET). El estudio se centra en este último colectivo, que incluye también a creadores de contenido digital, como streamers o youtubers, examinando los principales problemas que plantea su regulación y proponiendo soluciones de lege ferenda. Asimismo, se analiza el proyecto de nuevo Estatuto del Artista, llamado a sustituir al RD 1435/1985, prestando especial atención a las normas específicas previstas para los artistas menores de 16 años. Finalmente, se defiende la conveniencia de extender soluciones similares a los deportistas profesionales menores de edad y se subraya la necesidad de actualizar la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo aplicable a todos los menores trabajadores.

ALT El presente trabajo analiza la evolución de la protección del medio ambiente a través del litigio climático bajo el ángulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En efecto, en ausencia de un derecho al medio ambiente explícitamente reconocido en el Convenio Europeo, el autor examina la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la dimensión individual originaria y la colectiva más reciente) para, a través del litigio climático, analizar el aparente cambio de paradigma hacia un derecho al clima y una justicia global. En dicha evolución, el análisis toma en cuenta las sinergias en materia de litigio climático entre el Tribunal Europeo y otras instancias internacionales (universales como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, o regionales como el Comité Europeo de Derechos Sociales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los pueblos).

ALT Se analizan las consecuencias en el ordenamiento español que puede llevar la aplicación de la STJUE de 14 de abril de 2026, C 418/24, Obadal. Al hilo de ello, se hace un repaso de la figura de indefinido no fijo del sector público y de la jurisprudencia del TJUE en la interpretación del abuso de la temporalidad y la efectividad de las medidas para su remedio de conformidad con la Cláusula 5ª del anexo de la Directiva 1999/70. Y se cierra con un comentario a las propuestas de solución adoptadas en la STS de 11 de mayo de 2026.

ALT En este trabajo se lleva a cabo un análisis del régimen jurídico del registro sobre la persona trabajadora, su taquilla o sus efectos personales, analizando con detalle el art. 18 ET, que establece cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que pueda llevarse a cabo, así como los límites y derechos fundamentales que se deben respetar. Se trata de un precepto estatutario de considerable relevancia no solo desde el punto de vista empresarial, como facultad que tiene la empresa para registrar este espacio reservado e íntimo de la persona trabajadora, sino también desde el punto de vista de la persona trabajadora, especialmente, por su marcada protección por el respeto a los derechos fundamentales a la intimidad y dignidad. Al entrar en colisión estos derechos fundamentales con el poder de control de la empresa en la relación laboral surge una importante zona de colisión, para lo cual es importante delimitar claramente su régimen jurídico.

ALT El trabajo analiza el régimen jurídico y laboral del personal docente e investigador en las universidades españolas, caracterizado por la convivencia de figuras funcionariales y laborales en un sistema complejo influido por la normativa administrativa, laboral y universitaria. Se examina, a través de fuentes legales y doctrinales, la evolución histórica hacia un modelo dual, donde la estabilidad del profesorado funcionario coexiste con la creciente laboralización y la proliferación de contratos temporales, generando segmentación y desigualdades internas. Asimismo, se estudian las particularidades del profesorado laboral en las universidades públicas, la consolidación de figuras estables y los problemas derivados de la temporalidad y la precariedad estructural. El artículo también aborda las singularidades territoriales, especialmente los modelos catalán y vasco de laboralización completa, y el régimen propio del profesorado en universidades privadas.

ALT El presente trabajo aborda un análisis sistemático y profundo del Recargo de prestaciones de la Seguridad Social, configurado como figura singular del ordenamiento jurídico laboral español. A partir del estudio de su naturaleza híbrida sancionadora-prestacional, se examinan su fundamento constitucional, su función preventiva y resarcitoria, así como los límites de asegurabilidad y los criterios que rigen su exigibilidad. Se analiza el marco normativo del artículo 164 TRLGSS y su conexión con la LPRL, deteniéndose en la problemática relativa a la graduación del Recargo entre el 30% y el 50%, para la cual el legislador no establece parámetros concretos. La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo se erige como eje vertebrador para la delimitación de la responsabilidad empresarial, la proporcionalidad en la cuantía y la imputabilidad subjetiva en supuestos de subcontratación y descentralización productiva, evitando derivaciones automáticas por mera titularidad del centro de trabajo.

ALT El objeto del presente artículo es reflejar el resultado final del recurso de revisión en el Tribunal Supremo y en las instancias posteriores judiciales de siete demandas interpuestas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por siete mujeres, que eran en el momento del fallecimiento de sus consortes, parejas de hecho reconocidas, pero no registradas según el derecho vigente en aquel momento en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

ALT Los litigios climáticos se han consolidado como una vía para exigir a los Estados el cumplimiento de sus compromisos frente al cambio climático y su responsabilidad en estos conflictos. El creciente interés por el impacto del calentamiento global en la salud, el bienestar y la calidad de vida ha impulsado un cambio de paradigma. Por un lado, diversos instrumentos no vinculantes orientados a mitigar el cambio climático están siendo revisados con el objetivo de transformarse en marcos normativos más exigentes para los Estados. Por otro, normas ya vinculantes están siendo reinterpretadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está generando precedentes y nuevos razonamientos jurídicos que conectan la protección del medio ambiente con los derechos humanos. En este contexto, cobra especial relevancia el principio de equidad intergeneracional, entendido como fundamento del derecho al medio ambiente de las generaciones presentes y futuras.

ALT El estudio analiza la tutela frente al despido sin causa justa tras su abaratamiento en 2012, partiendo de que el Derecho del Trabajo debe garantizar la protección ante la pérdida del medio de subsistencia. Se examina si la indemnización tasada y topada del despido improcedente cumple una función resarcitoria y disuasoria adecuada o si resulta insuficiente para reparar el daño. La regulación del despido arbitrario ha experimentado una intensa evolución normativa y jurisprudencial. Tras la ratificación de la CSER, el CEDS ha entendido que el ordenamiento español vulnera su artículo 24 al no permitir una reparación íntegra ni proteger suficientemente frente a despidos injustificados, en contraste con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que niega eficacia directa a esas decisiones y sostiene la validez del modelo vigente.

ALT El artículo analiza cómo la “emergencia climática” se transforma en una categoría jurídico-constitucional que reconfigura la responsabilidad estatal, el control judicial y la legitimidad del poder público. Esta juridificación es atípica, pues no surge de una codificación legislativa uniforme, sino de la interacción entre soft law, doctrina y, especialmente, jurisprudencia impulsada por la litigación climática estratégica. Destaca la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana, que, respecto de la OC-23/17, adapta los derechos de acceso al contexto climático y perfila un estatuto jurídico del clima, incorporando el derecho a un clima sano, la noción de daño transfronterizo y una debida diligencia reforzada. El trabajo enmarca esta evolución en una tendencia jurisprudencial global y, en Europa, en los debates sobre constitución económica y límites ecológicos estructurales.

ALT Los litigios climáticos se han convertido en una vía para compeler a los Estados a cumplir con los compromisos climáticos y la asunción de su responsabilidad en este tipo de conflictos. En este sentido, el interés por cómo afectan las consecuencias del cambio climático a la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas ha supuesto un cambio de paradigma en los últimos años. Por un lado, algunos instrumentos no vinculantes buscan mitigar los efectos del calentamiento global y se están viendo sometidos a una necesaria revisión con el fin de elaborar futuras legislaciones que obliguen a los Estados a cumplir con lo establecido. Por otro lado, las normas que ya eran vinculantes están viendo cómo las resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecen precedentes doctrinales y modifican la interpretación habitual de las leyes y convenios.

ALT Este artículo analiza el tratamiento jurídico-penal de los delitos de «corrupción medioambiental» en el Derecho español. Para ello, se parte de la interrelación entre la corrupción pública y la degradación medioambiental, destacando la tolerancia e, incluso, la intervención activa de los servidores públicos en comportamientos que afectan al bien jurídico «medioambiente». Se examina la normativa europea en la materia —la Directiva (UE) 2024/1203 y el nuevo Convenio del Consejo de Europa— que demandan una respuesta penal más severa para los funcionarios públicos implicados en delitos contra el medioambiente. En este contexto, se estudia la respuesta del C. Penal, poniendo especial atención al delito de prevaricación específica del art. 329, apenas aplicado por los tribunales. Esta investigación advierte que el hecho de que las Administraciones Pcas estén excluidas del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas puede debilitar la eficacia del Derecho penal en este ámbito.