Carlos F. Lusverti

Escribí este comentario hace unas semanas. Lo reitero porque veo que The Economist insiste en circular un mensaje que, en mi opinión, es erróneo. En efecto, no comparto la afirmación de la Unidad de Inteligencia de The Economist según la cual “en más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe los indicadores sobre democracia han mejorado”. Incluir al Caribe puede generar confusión. Yo limito mi comentario a los países latinoamericanos. En nuestros días —48 años, después del inicio de la tercera ola democrática en la región— América Latina enfrenta desafíos democráticos de gran complejidad: la tentación de una “eficracia” basada en atajos autoritarios; el negacionismo electoral; la “bukelización” de la seguridad; la hiperpolarización tóxica; la debilidad del Estado derecho, el acoso y la amenaza a periodistas y defensores de los derechos humanos junto con el achicamiento de los espacios de la sociedad civil; las campañas de desinformación amplificada por la manipulación de redes sociales y por la inteligencia artificial; una gobernabilidad crecientemente desafiante; los persistentes altos niveles de corrupción e impunidad; la violencia política en contra de las mujeres especialmente pero no limitada en las redes, y el largo camino — pese a los importante avances logrados durante los últimos años— que aún falta por recorrer para llegar a unas democracias verdaderamente paritarias y un largo etcétera. Reconocer estos riesgos y la presión y amenaza que se ciernen sobre nuestras democracias no implica, en modo alguno, desconocer la resiliencia que esta sigue mostrando en varios países de la región, los importantes avances y logros alcanzados en estas casi 5 décadas, ni la profunda heterogeneidad del panorama latinoamericano en materia de regímenes políticos. En efecto, actualmente conviven democracias de calidad alta, media y baja; procesos de estancamiento, deterioro y retroceso; autocracias electorales y regímenes abiertamente autoritarios. La dirección tampoco es unívoca: mientras algunos países mejoran algunos aspectos de la calidad democrática, en otros empeoran, mientras en un tercer grupo prevalece el estancamiento democrático, de régimen híbrido o autoritario. También resulta indispensable examinar el impacto sobre las democracias y regímenes autoritarios de la política de doble estándar de Trump hacia los países de América Latina, enmarcada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la llamada doctrina Donroe y el Escudo de las Américas. A ello se suma otra cuestión central: el marcado debilitamiento del consenso regional en favor de la democracia y la necesidad de revisar los mecanismos interamericanos de protección democrática. Veinticinco años después de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, su actualización es impostergable. A todo lo anterior, conviene incorporar un elemento adicional que agrava aún más el panorama regional. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, reelegido mediante un proceso ampliamente cuestionado por su incompatibilidad con la Constitución, ha manifestado su intención de buscar un tercer mandato presidencial consecutivo. A ello se suma la declaración de hace unos meses del dictador Daniel Ortega de que en Nicaragua ya no volverán a celebrarse elecciones presidenciales competitivas ni habrá alternancia en el poder, seguidas de las recientes reformas constitucionales con el objetivo de consolidar la transformación del país en una finca privada de la dinastía Ortega-Murillo y en una suerte de Corea del Norte de Centroamérica. Volviendo a Bukele, muchos gobiernos latinoamericanos han intentado emular las políticas de seguridad de mano dura del carismático presidente autoritario salvadoreño Nayib Bukele. Más de 15 megacárceles han sido propuestas en la región durante los tres años transcurridos desde que El Salvador inauguró su CECOT. Resumiendo: el estado de la democracia en AL merece un debate urgente, profundo, riguroso y respetuoso.