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Ciudad del Carmen, Campeche
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#MiOpinión
LA COFRADÍA DEL #INFONAVIT YA REPARTIÓ $206 MIL 655 MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUIR MÁS DE 366 MIL VIVIENDAS DEL #BIENESTAR
ANTONIO CARRERA
La ‘Cofradía del Infonavit’, encabezada por Octavio Romero Oropeza y Marco Manuel Herrería Alamina, había adjudicado hasta el pasado 8 de octubre de 2026 de manera directa -sin licitación de por medio y bajo sospecha a empresa a modo- un gigantesco fondo público que asciende a los $206 mil 655 millones 964 mil 744.57 pesos para edificar 366 mil 600 acciones de vivienda de interés social. Sin duda el programa es benévolo y atiende una deuda histórica de viviendas a lo largo y ancho del país. Lo cuestionable es el cómo se entregan los contratos y quién se beneficia con ellos.
El mapa geográfico del presupuesto expone un sesgo quirúrgico. Existe una alineación indiscutible entre los estados gobernados por Morena y las entidades federativas que lideran de forma absoluta la recepción del dinero federal. El primer lugar nacional le pertenece a #Veracruz, gobernado por el oficialismo a través de Rocío Nahle, que absorbió la suma de $23 mil 827 millones de pesos para levantar más de 42 mil casas. La segunda rebanada del pastel presupuestal se la queda #Yucatán, gobernado por el morenista Joaquín ‘Huacho’ Díaz, con $21 mil 179 millones de pesos; #Tamaulipas, del ¿cuatrotero’ de Américo Villareal, se han invertido $20 mil 878 millones de pesos; #Tabasco, gobernado por Javier May -socio en la empresa ‘La Mercocha’ tanto de Octavio Romero Oropeza y Marcos Manuel Herrería Alamina- con $19 mil 621 millones de pesos; #QuintanaRoo, gobernado por María Hermelinda Lezama, con $16 mil 165 MDP.
Por su parte, los gobiernos de oposición reciben menos: #Aguascalientes, gobernado por la panista María Jiménez Esquivel, recibió una inversión de $1,228 MDP para construir solo 2 mil 136 viviendas; #Jalisco, del ‘emecista’ Jesús Pablo Lemus, solo una inversión de $1,655 millones de pesos para construir 2 mil 916 casas de interés social; y #Querétaro, de Mauricio Kuri (PAN), con $1,214 MDP para 2 mil 174 viviendas.
Pero el verdadero escándalo periodístico estalla al cruzar los montos con los nombres y apellidos de quienes controlan las constructoras más beneficiadas. La cima de la pirámide de cemento la ocupa Construcciones Ricbor, S.A. de C.V., un consorcio ligado directamente al empresario Jesús Antonio Borboa García. Esta firma acaparó contratos acumulados por $7 mil 129 millones de pesos para operar de forma interestatal en Sinaloa, Baja California y el propio estado de #Tabasco. Borboa García es un viejo conocido del sector de infraestructura que ha sabido mutar y expandirse al ritmo de los sexenios, consolidando a Ricbor como el contratista hegemónico del programa.
Inmediatamente abajo se ubica otra firma envuelta en polémicas por la concentración de contratos en el edén tropical: Interservicios de Tabasco, beneficiada con más de $6,889 millones de pesos en asignaciones. La firma ha sido señalada por la obtención de contratos millonarios en #Pemex e Infonavit, en ambos casos con Octavio Romero y Marco Manuel Herrería. Recientemente obtuvo un contrato petrolero que ronda en los 41 millones de dólares; además de la adquisición, a precio de ganga, del predio donde se ubicaba el Gimnasio del Parque La Choca en Tabasco.
Sin embargo, uno de los perfiles más controvertidos en la base de datos es el del Grupo de Ingenieros Mexicanos, consorcio vinculado a los hermanos Aldo Fabián Santos Ruiz y Abraham Santos Ruiz. Estos empresarios controlan el poderoso grupo ESEASA Offshore, un contratista de gran peso en la industria energética que ha obtenido multimillonarios contratos con Pemex. Que los mismos operadores de las mega estructuras petroleras en #Altamira, #Tamaulipas, hayan amarrado contratos habitacionales por más de $3,310 millones de pesos expone cómo las élites del contratismo federal se reciclan y diversifican dentro de las bolsas del bienestar.
La lista de empresas bajo la lupa incluye también a Construcciones Aryve, ligada al influyente desarrollador Eduardo José Vela Aragón (propietario de la cadena de lujo Velas Resorts). Aryve arrastra un largo historial de quejas ciudadanas y señalamientos en Tamaulipas por la entrega de fraccionamientos con deficiencias estructurales, vicios ocultos y desabasto de servicios básicos. A pesar de estos antecedentes de conflicto con los derechohabientes, los folios revelan que Aryve recibió una inyección presupuestal masiva que supera los $2,990 millones de pesos repartidos estratégicamente en los municipios fronterizos de Altamira, Matamoros y Reynosa.
A la par de estos gigantes, el anonimato de firmas como Salve Habitacional levanta alarmas sobre los esquemas de subcontratación. Esta razón social aparece de forma fragmentada en los registros nacionales operando bajo consorcios como Alora Desarrollos y Enlaces Comerciales Bienes Raíces, vinculados a Alejandro Miguel Chávez de la Garza. Esta red logró dispersar contratos masivos que suman más de $4,300 millones de pesos en Tamaulipas, #NuevoLeón y San Luis Potosí. El modus operandi de pulverizar las asignaciones en múltiples folios estatales suele ser una bandera roja para fragmentar contratos y evadir las alertas de competencia de la Cofece.
Asimismo, en el noroeste destaca Jase Desarrollos, Construcción y Supervisión, consorcio que acaparó $1,966 millones de pesos en #Culiacán, #Sinaloa. Esta firma, que habitualmente compite por obras viales y malecones con el gobierno sinaloense, fue habilitada de la noche a la mañana para el desarrollo masivo de vivienda habitacional, evidenciando que los criterios técnicos de especialización pasaron a segundo término frente a las redes de proveeduría local.
O el caso de Comercializadora Ala Blanca, S.A. de C.V., donde aparece como accionista o socios Rodrigo Rodolfo García Rendón Von Bertrab, quien fue asesor en el Pemex de Octavio Romero Oropeza, que se llevó el contrato CO-PVB-057-2025 para la edificación de 1,752 "Viviendas del Bienestar" en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por un monto de $962.1 millones de pesos.
Ni decir del efecto Tabasco, donde la empresa tabasqueña MGM Servicios, S. de R.L. de C.V. (de la socia Doris Rabelo Hartmann) que tiene que recorrer 2,187 kilómetros para construir 2 mil 552 viviendas del bienestar en municipios de #Sinaloa, por un monto de $1,518 millones 709 mil 539 pesos en 2026.
HASTA PARIENTES DE MURILLO KARAM SE LLEVAN SU REBANADA
Cabe señalar que en el estado de #Hidalgo, INFONAVIT otorgó a la empresa HIVACO S.A. de C.V. un contrato para construir 2,408 viviendas de interés social por un monto de $1,324 millones de pesos.
Hasta ahí todo bien, pero cuando te metes a revisar los documentos de la empresa, salen a relucir apellidos ilustres de la política y las época neoliberal -dijera AMLO- más específicamente ligados al ex gobernador de Hidalgo y ex Procurador General de la República con EPN, nos referimos a Jesús Murillo Karam (fallecido en abril de 2026). Resulta que entre los socios o accionistas aparecen Jaime Sergio Murillo Karam (hermano del político priista) y sus hijos Jaime Sergio y Zayne María Murillo Arredondo.
@Infonavit @BuenGobierno_mx #Martes10 #4T #ViviendasDelBienestar
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#Opinión
El laberinto de IKALOIL: entre el banquillo de los acusados y #Pemex
ANTONIO CARRERA
Resulta un verdadero monumento al cinismo empresarial ver cómo corporativos atrapados en el ojo del huracán judicial pretenden seguir operando con total normalidad en las altas esferas de los contratos públicos. El caso de las firmas hermanas Ikaloil, S.A. de C.V. e Ikaloilmx Integrity Services, S.A. de C.V., ambas inscritas en el Registro Público de Comercio de Villahermosa, Tabasco, es un vivo ejemplo de cómo los litigios comerciales, los pleitos de pasillo y las acusaciones criminales conviven sin pudor con la voracidad por ganar licitaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex).
La historia documental de estas empresas dibuja un mapa plagado de movimientos abruptos y presuntos desfalcos. Por un lado, tenemos a la primera sociedad, Ikaloil, nacida en 2018 bajo el nombre original de IkalOil. Su historial revela una asamblea extraordinaria en 2021 donde la socia Alfonsina Sánchez Coello cedió gratuitamente la totalidad de sus acciones a Andreina Coromoto Graterol Velásquez. Sin embargo, para septiembre de 2024, las tensiones estallaron: la misma Andreina Graterol, presidiendo la asamblea, revocó de manera fulminante el cargo de Administradora Única a Elizangel del Valle Jiménez Rosas, acusándola abiertamente de "desinterés" e inacción al negarse su apoderada (Isabel Gamas Martínez) a rendir los informes financieros y de actividades de la empresa.
Por el otro extremo del entramado aparece Ikaloilmx Integrity Services, constituida en 2021 por Jesús Manuel Núñez Astudillo. En una polémica sesión de junio de 2024, Núñez Astudillo dejó la administración de la compañía en manos de Adela Beatriz Velásquez Bastidas, tras cederle un paquete masivo de 360 acciones valoradas en 360 mil pesos. Esta misma Adela Beatriz Velásquez Bastidas es quien hoy figura en los estrados judiciales enfrentando un espinoso juicio Ejecutivo Mercantil (bajo el expediente 003222024 en la Segunda Secretaría), promovido precisamente por el antiguo dueño, Jesús Manuel Núñez Astudillo.
Mientras los tribunales mercantiles y las notificaciones por estrados siguen su curso, y las asambleas corporativas ventilan el descontrol financiero interno, estas entidades pretenden mantener un rostro limpio e imperturbable frente a la Unidad de Responsabilidades de Pemex. Es inadmisible que empresas que se arrebatan las administraciones por desconfianza mutua, que arrastran litigios ejecutivos entre sus propios fundadores y cuyas cabezas se acusan indirectamente de opacidad institucional, continúen utilizando el currículum de profesionistas e ingenieros locales para competir por contratos multimillonarios en el sector energético.
La lección que deja el laberinto de las empresas Ikaloil es clara: la infraestructura y la riqueza petrolera del país no pueden seguir expuestas a consorcios debilitados por fracturas legales internas y disputas de poder. Si una compañía ni siquiera puede garantizar orden, transparencia y buena fe en sus propias actas de asamblea, ¿con qué solvencia moral y técnica pretende garantizar la integridad de los contratos de la principal empresa productiva del Estado? Pemex y sus órganos de control tienen la última palabra.
EL ALCANCE DEL BRAZO JUDICIAL
El conflicto ha dejado las oficinas corporativas para trasladarse al terreno de las acciones judiciales de alto impacto. Recientemente, un fuerte operativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco culminó con el cateo y aseguramiento de indicios en la casa número 7, ubicada en la calle “Candado” del Fraccionamiento “Puerta Grande”, en la Ranchería “Lázaro Cárdenas” Primera Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco (Código Postal 86287). El domicilio, vinculado directamente con los movimientos residenciales y de representación de Adela Velázquez Bastidas, Jesús Núñez Astudillo y Andreina Graterol Velásquez, se convierte en el epicentro físico de una trama que ya no solo se disputa con papel sellado, sino con el rigor de la investigación criminal.
Cabe señar que si las investigaciones vigentes de la Fiscalía por falsificación de documentos, curriculares falsas y desvío de recursos configuran delitos patrimoniales o fraude en contra de Pemex o de terceros para simular experiencia técnica resultan ciertas, Pemex y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen la obligación de inhabilitar a las empresas y a sus accionistas de manera inmediata.
Además, el Juicio Ejecutivo Mercantil activo entre los propios fundadores (Jesús Núñez contra Adela Velázquez / Ikaloilmx) pone en evidencia el riesgo de insolvencia y la inestabilidad de la administración única de la compañía, lo que, en caso de participar en nuevas licitaciones, Pemex tendría la obligación de rechazar sus propuestas en las etapas de evaluación financiera y legal debido al alto riesgo de incumplimiento del contrato.
CON ORIGEN VENEZOLANO
En base a la información contenida estrictamente en los documentos registrales los protagonistas de este escándalo son:
Andreina Coromoto Graterol Velásquez: mexicana por naturalización, de profesión Licenciada en Administración y originaria de Nueva Esparta, Venezuela.
Jesús Manuel Núñez Astudillo: mexicano por naturalización, de profesión Ingeniero Petrolero y originario de Punceres, Distrito Bolívar, Estado Monagas de la República Bolivariana de Venezuela.
Elizangel del Valle Jiménez Rosas: Identificada formalmente con la nacionalidad Extranjera (Venezuela) en la escritura constitutiva de la sociedad.
Lauren Fernanda Lemus Velázquez: Identificada formalmente con la nacionalidad Extranjera (Venezuela) en el Registro Público de Comercio.
#VILLAHERMOSA #Tabasco #Pemex @Pemex @BuenGobierno_mx #Ojo @FGETabasco
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#MiOpinión
42 mil millones de pesos para Carreteras de Bienestar: GAMI entre los afortunados ganadores
ANTONIO CARRERA
Las recientes adjudicaciones de megaproyectos carreteros bajo el amparo de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB) marcan el banderazo de salida para obras, que, si bien representan mejor conectividad al país, la contratación de los de siempre, entre ellas GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. – que lo mismo ha ganado contratos para construir tramos del Tren Maya o del Tren Querétaro-Saltillo- deja una estela de dudas y sospechosismo.
La asignación simultánea de más de 42 mil millones de pesos a un puñado de firmas obliga a confirmar que se está fraguando un monopolio de infraestructura blindado por la opacidad del "bienestar".
Analizando los fallos emitidos en noviembre de 2026 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), salta a la vista el gigantismo de los montos y un patrón de asignación sumamente concentrado:
Libramiento Tamazunchale (San Luis Potosí): Adjudicado a la empresa Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V. por un monto con IVA de $1,479,375,712.76 pesos. Consiste en construir un cuerpo nuevo de dos carriles en una longitud de 9.564 km, incluyendo los puentes "Palictla I", "Palictla II" y "Moctezuma", además de dos entronques.
La empresa y sus socios arrastran negros antecedentes históricos -como el desplome de infraestructura vial en el Distribuidor Benito Juárez en 2019- además coinciden con severas protestas de constructores locales que acusan un descarado favoritismo por parte del nuevo delegado federal de la SICT, Eli César Cervantes Rojas, a quien señalan de revivir las peores prácticas del clientelismo y del "moche" corporativo.
Carretera Villahermosa - Francisco Escárcega (Campeche): Otorgada a un megapropuesta conjunta encabezada por puras empresas chiapanecas: The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V., junto a Proyectos y Construcciones Virgo, ALZ Construcciones, Constructora Gervisur, Coyatoc Construcciones y Operadora y Desarrolladora Nao-Oquil. El contrato asciende a la estratosférica cifra de $9,676,769,281.25 pesos (con IVA) para la modernización del ancho de corona de 12 a 23 metros en un tramo de 67 kilómetros, incluyendo pasos superiores e inferiores.
No es coincidencia que José Antonio Ramírez Culebro, quien es director ejecutivo de construcción y modernización de carreteras federal de la SICT, sea oriundo de mismísimo estado de Chiapas.
Carretera Guaymas - Esperanza - Yécora - Chihuahua (Tramos Sonora y Chihuahua): El gran ganador de este eje es el consorcio Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V., administrada por el michoacano Martín Alejandro Carmona Solórzano, que se llevó el Tramo Hornos-Tesopaco-San Nicolás (Sonora) por $3,637,205,588.95 pesos y el Tramo San Nicolás-Límite de Estados (Sonora) por $4,187,537,260.04 pesos. Por si fuera poco, el tramo complementario en Chihuahua fue asignado a MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. por $8,846,845,744.35 pesos. Las obras implican la modernización, conservación rutinaria y construcción de decenas de puentes a lo largo de cientos de kilómetros.
Detrás de MERP Edificaciones y Terracerías, figura como dueño Julio César Mercado Rodríguez, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua, cuya empresa ha acumulado fuertes señalamientos locales por la presunta adjudicación irregular de contratos millonarios directamente validados por comités locales donde él mismo participa.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Morelos y Puebla, Tramo Jantetelco-Izúcar de Matamoros): Adjudicado al consorcio integrado por Supra Construcciones, S.A. de C.V., de Amadeo César Favela Pérez, GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V. El contrato asciende a $3,957,108,310.10 pesos (con IVA) para modernizar 35.2 km de longitud (terracerías, drenaje, concreto asfáltico y estructuras) y realizar conservación rutinaria y periódica a lo largo de un tramo total de 132.7 km.
Del favoritismo en la 4T a favor de GAMI, dirigida por Manuel Guillermo Muñoz Cano Castro, ya hemos hablado mucho.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Puebla, Tramo Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio): Otorgado al convenio conjunto entre Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V. de Héctor Manuel Velázquez Garza, Pablo Encarnación Garza Chapa y Eduardo Sepúlveda Duarte, y Java Soluciones Energéticas y Construcción, S.A. de C.V. de Alejandra Yadira Ruiz Solís y Javier Trujillo Ávila, por un monto con IVA de $6,375,916,992.21 pesos. La obra abarca la modernización de 18.0 km de terracerías y pavimentos, el entronque Palomas-Límite de Estados (50.96 km) y trabajos generalizados de conservación rutinaria en 80.0 km de la ruta MEX-190.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Guerrero, Tramo Límite de Estados-Tlapa de Comonfort): Asignado al convenio de participación solidaria de las firmas Grupo Cyrma Mart, S.A. de C.V. de Fidel Hugo Martínez Méndez, y Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V., de Justino Maganda Arcos, por un costo total de $4,755,683,240.05 pesos con IVA incluido. Contempla trabajos integrales de modernización y conservación rutinaria en una longitud de 59.50 km en territorio guerrerense.
Todas estas obras comparten una rigurosa e idéntica ventana de ejecución de 1,460 días naturales. Los trabajos están programados para arrancar a más tardar el 16 de noviembre de 2026, con una fecha de conclusión prevista para noviembre de 2030.
El esquema financiero planteado es, cuando menos, audaz: las empresas absorben el costo inicial de la inversión sin recibir anticipos gubernamentales, y el Estado comenzará a liquidar los compromisos en una ventana diferida que va de junio de 2029 a diciembre de 2030. No obstante, este modelo transfiere una enorme presión al erario futuro debido a las tasas de interés pactadas (del 11.524% nominal anual), lo que encarecerá de manera exponencial el costo final de las obras a través del rubro "Pago por Diferimiento".
Hay que señalar que, de las 18 licitaciones que la SICT lanzó bajo la modalidad de proyectos estratégicos, un total de 10 fueron declaradas desiertas y solo ocho fueron adjudicadas.
@SICTmx #Villahermosa #Escárcega #Tabasco #SanLuisPotosí #Campeche #Puebla #Guerrero #TaddeiEsDeMorena #Lopez @BuenGobierno_mx
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Triste enterarse de la partida de amigos entrañables como @columnacayuco Hasta siempre!!!
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LA COFRADÍA DEL #INFONAVIT YA REPARTIÓ $206 MIL 655 MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUIR MÁS DE 366 MIL VIVIENDAS DEL #BIENESTAR
ANTONIO CARRERA
La ‘Cofradía del Infonavit’, encabezada por Octavio Romero Oropeza y Marco Manuel Herrería Alamina, había adjudicado hasta el pasado 8 de octubre de 2026 de manera directa -sin licitación de por medio y bajo sospecha a empresa a modo- un gigantesco fondo público que asciende a los $206 mil 655 millones 964 mil 744.57 pesos para edificar 366 mil 600 acciones de vivienda de interés social. Sin duda el programa es benévolo y atiende una deuda histórica de viviendas a lo largo y ancho del país. Lo cuestionable es el cómo se entregan los contratos y quién se beneficia con ellos.
El mapa geográfico del presupuesto expone un sesgo quirúrgico. Existe una alineación indiscutible entre los estados gobernados por Morena y las entidades federativas que lideran de forma absoluta la recepción del dinero federal. El primer lugar nacional le pertenece a #Veracruz, gobernado por el oficialismo a través de Rocío Nahle, que absorbió la suma de $23 mil 827 millones de pesos para levantar más de 42 mil casas. La segunda rebanada del pastel presupuestal se la queda #Yucatán, gobernado por el morenista Joaquín ‘Huacho’ Díaz, con $21 mil 179 millones de pesos; #Tamaulipas, del ¿cuatrotero’ de Américo Villareal, se han invertido $20 mil 878 millones de pesos; #Tabasco, gobernado por Javier May -socio en la empresa ‘La Mercocha’ tanto de Octavio Romero Oropeza y Marcos Manuel Herrería Alamina- con $19 mil 621 millones de pesos; #QuintanaRoo, gobernado por María Hermelinda Lezama, con $16 mil 165 MDP.
Por su parte, los gobiernos de oposición reciben menos: #Aguascalientes, gobernado por la panista María Jiménez Esquivel, recibió una inversión de $1,228 MDP para construir solo 2 mil 136 viviendas; #Jalisco, del ‘emecista’ Jesús Pablo Lemus, solo una inversión de $1,655 millones de pesos para construir 2 mil 916 casas de interés social; y #Querétaro, de Mauricio Kuri (PAN), con $1,214 MDP para 2 mil 174 viviendas.
Pero el verdadero escándalo periodístico estalla al cruzar los montos con los nombres y apellidos de quienes controlan las constructoras más beneficiadas. La cima de la pirámide de cemento la ocupa Construcciones Ricbor, S.A. de C.V., un consorcio ligado directamente al empresario Jesús Antonio Borboa García. Esta firma acaparó contratos acumulados por $7 mil 129 millones de pesos para operar de forma interestatal en Sinaloa, Baja California y el propio estado de #Tabasco. Borboa García es un viejo conocido del sector de infraestructura que ha sabido mutar y expandirse al ritmo de los sexenios, consolidando a Ricbor como el contratista hegemónico del programa.
Inmediatamente abajo se ubica otra firma envuelta en polémicas por la concentración de contratos en el edén tropical: Interservicios de Tabasco, beneficiada con más de $6,889 millones de pesos en asignaciones. La firma ha sido señalada por la obtención de contratos millonarios en #Pemex e Infonavit, en ambos casos con Octavio Romero y Marco Manuel Herrería. Recientemente obtuvo un contrato petrolero que ronda en los 41 millones de dólares; además de la adquisición, a precio de ganga, del predio donde se ubicaba el Gimnasio del Parque La Choca en Tabasco.
Sin embargo, uno de los perfiles más controvertidos en la base de datos es el del Grupo de Ingenieros Mexicanos, consorcio vinculado a los hermanos Aldo Fabián Santos Ruiz y Abraham Santos Ruiz. Estos empresarios controlan el poderoso grupo ESEASA Offshore, un contratista de gran peso en la industria energética que ha obtenido multimillonarios contratos con Pemex. Que los mismos operadores de las mega estructuras petroleras en #Altamira, #Tamaulipas, hayan amarrado contratos habitacionales por más de $3,310 millones de pesos expone cómo las élites del contratismo federal se reciclan y diversifican dentro de las bolsas del bienestar.
La lista de empresas bajo la lupa incluye también a Construcciones Aryve, ligada al influyente desarrollador Eduardo José Vela Aragón (propietario de la cadena de lujo Velas Resorts). Aryve arrastra un largo historial de quejas ciudadanas y señalamientos en Tamaulipas por la entrega de fraccionamientos con deficiencias estructurales, vicios ocultos y desabasto de servicios básicos. A pesar de estos antecedentes de conflicto con los derechohabientes, los folios revelan que Aryve recibió una inyección presupuestal masiva que supera los $2,990 millones de pesos repartidos estratégicamente en los municipios fronterizos de Altamira, Matamoros y Reynosa.
A la par de estos gigantes, el anonimato de firmas como Salve Habitacional levanta alarmas sobre los esquemas de subcontratación. Esta razón social aparece de forma fragmentada en los registros nacionales operando bajo consorcios como Alora Desarrollos y Enlaces Comerciales Bienes Raíces, vinculados a Alejandro Miguel Chávez de la Garza. Esta red logró dispersar contratos masivos que suman más de $4,300 millones de pesos en Tamaulipas, #NuevoLeón y San Luis Potosí. El modus operandi de pulverizar las asignaciones en múltiples folios estatales suele ser una bandera roja para fragmentar contratos y evadir las alertas de competencia de la Cofece.
Asimismo, en el noroeste destaca Jase Desarrollos, Construcción y Supervisión, consorcio que acaparó $1,966 millones de pesos en #Culiacán, #Sinaloa. Esta firma, que habitualmente compite por obras viales y malecones con el gobierno sinaloense, fue habilitada de la noche a la mañana para el desarrollo masivo de vivienda habitacional, evidenciando que los criterios técnicos de especialización pasaron a segundo término frente a las redes de proveeduría local.
O el caso de Comercializadora Ala Blanca, S.A. de C.V., donde aparece como accionista o socios Rodrigo Rodolfo García Rendón Von Bertrab, quien fue asesor en el Pemex de Octavio Romero Oropeza, que se llevó el contrato CO-PVB-057-2025 para la edificación de 1,752 "Viviendas del Bienestar" en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por un monto de $962.1 millones de pesos.
Ni decir del efecto Tabasco, donde la empresa tabasqueña MGM Servicios, S. de R.L. de C.V. (de la socia Doris Rabelo Hartmann) que tiene que recorrer 2,187 kilómetros para construir 2 mil 552 viviendas del bienestar en municipios de #Sinaloa, por un monto de $1,518 millones 709 mil 539 pesos en 2026.
HASTA PARIENTES DE MURILLO KARAM SE LLEVAN SU REBANADA
Cabe señalar que en el estado de #Hidalgo, INFONAVIT otorgó a la empresa HIVACO S.A. de C.V. un contrato para construir 2,408 viviendas de interés social por un monto de $1,324 millones de pesos.
Hasta ahí todo bien, pero cuando te metes a revisar los documentos de la empresa, salen a relucir apellidos ilustres de la política y las época neoliberal -dijera AMLO- más específicamente ligados al ex gobernador de Hidalgo y ex Procurador General de la República con EPN, nos referimos a Jesús Murillo Karam (fallecido en abril de 2026). Resulta que entre los socios o accionistas aparecen Jaime Sergio Murillo Karam (hermano del político priista) y sus hijos Jaime Sergio y Zayne María Murillo Arredondo.
@Infonavit @BuenGobierno_mx #Martes10 #4T #ViviendasDelBienestar
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42 mil millones de pesos para Carreteras de Bienestar: GAMI entre los afortunados ganadores
ANTONIO CARRERA
Las recientes adjudicaciones de megaproyectos carreteros bajo el amparo de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB) marcan el banderazo de salida para obras, que, si bien representan mejor conectividad al país, la contratación de los de siempre, entre ellas GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. – que lo mismo ha ganado contratos para construir tramos del Tren Maya o del Tren Querétaro-Saltillo- deja una estela de dudas y sospechosismo.
La asignación simultánea de más de 42 mil millones de pesos a un puñado de firmas obliga a confirmar que se está fraguando un monopolio de infraestructura blindado por la opacidad del "bienestar".
Analizando los fallos emitidos en noviembre de 2026 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), salta a la vista el gigantismo de los montos y un patrón de asignación sumamente concentrado:
Libramiento Tamazunchale (San Luis Potosí): Adjudicado a la empresa Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V. por un monto con IVA de $1,479,375,712.76 pesos. Consiste en construir un cuerpo nuevo de dos carriles en una longitud de 9.564 km, incluyendo los puentes "Palictla I", "Palictla II" y "Moctezuma", además de dos entronques.
La empresa y sus socios arrastran negros antecedentes históricos -como el desplome de infraestructura vial en el Distribuidor Benito Juárez en 2019- además coinciden con severas protestas de constructores locales que acusan un descarado favoritismo por parte del nuevo delegado federal de la SICT, Eli César Cervantes Rojas, a quien señalan de revivir las peores prácticas del clientelismo y del "moche" corporativo.
Carretera Villahermosa - Francisco Escárcega (Campeche): Otorgada a un megapropuesta conjunta encabezada por puras empresas chiapanecas: The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V., junto a Proyectos y Construcciones Virgo, ALZ Construcciones, Constructora Gervisur, Coyatoc Construcciones y Operadora y Desarrolladora Nao-Oquil. El contrato asciende a la estratosférica cifra de $9,676,769,281.25 pesos (con IVA) para la modernización del ancho de corona de 12 a 23 metros en un tramo de 67 kilómetros, incluyendo pasos superiores e inferiores.
No es coincidencia que José Antonio Ramírez Culebro, quien es director ejecutivo de construcción y modernización de carreteras federal de la SICT, sea oriundo de mismísimo estado de Chiapas.
Carretera Guaymas - Esperanza - Yécora - Chihuahua (Tramos Sonora y Chihuahua): El gran ganador de este eje es el consorcio Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V., administrada por el michoacano Martín Alejandro Carmona Solórzano, que se llevó el Tramo Hornos-Tesopaco-San Nicolás (Sonora) por $3,637,205,588.95 pesos y el Tramo San Nicolás-Límite de Estados (Sonora) por $4,187,537,260.04 pesos. Por si fuera poco, el tramo complementario en Chihuahua fue asignado a MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. por $8,846,845,744.35 pesos. Las obras implican la modernización, conservación rutinaria y construcción de decenas de puentes a lo largo de cientos de kilómetros.
Detrás de MERP Edificaciones y Terracerías, figura como dueño Julio César Mercado Rodríguez, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua, cuya empresa ha acumulado fuertes señalamientos locales por la presunta adjudicación irregular de contratos millonarios directamente validados por comités locales donde él mismo participa.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Morelos y Puebla, Tramo Jantetelco-Izúcar de Matamoros): Adjudicado al consorcio integrado por Supra Construcciones, S.A. de C.V., de Amadeo César Favela Pérez, GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V. El contrato asciende a $3,957,108,310.10 pesos (con IVA) para modernizar 35.2 km de longitud (terracerías, drenaje, concreto asfáltico y estructuras) y realizar conservación rutinaria y periódica a lo largo de un tramo total de 132.7 km.
Del favoritismo en la 4T a favor de GAMI, dirigida por Manuel Guillermo Muñoz Cano Castro, ya hemos hablado mucho.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Puebla, Tramo Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio): Otorgado al convenio conjunto entre Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V. de Héctor Manuel Velázquez Garza, Pablo Encarnación Garza Chapa y Eduardo Sepúlveda Duarte, y Java Soluciones Energéticas y Construcción, S.A. de C.V. de Alejandra Yadira Ruiz Solís y Javier Trujillo Ávila, por un monto con IVA de $6,375,916,992.21 pesos. La obra abarca la modernización de 18.0 km de terracerías y pavimentos, el entronque Palomas-Límite de Estados (50.96 km) y trabajos generalizados de conservación rutinaria en 80.0 km de la ruta MEX-190.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Guerrero, Tramo Límite de Estados-Tlapa de Comonfort): Asignado al convenio de participación solidaria de las firmas Grupo Cyrma Mart, S.A. de C.V. de Fidel Hugo Martínez Méndez, y Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V., de Justino Maganda Arcos, por un costo total de $4,755,683,240.05 pesos con IVA incluido. Contempla trabajos integrales de modernización y conservación rutinaria en una longitud de 59.50 km en territorio guerrerense.
Todas estas obras comparten una rigurosa e idéntica ventana de ejecución de 1,460 días naturales. Los trabajos están programados para arrancar a más tardar el 16 de noviembre de 2026, con una fecha de conclusión prevista para noviembre de 2030.
El esquema financiero planteado es, cuando menos, audaz: las empresas absorben el costo inicial de la inversión sin recibir anticipos gubernamentales, y el Estado comenzará a liquidar los compromisos en una ventana diferida que va de junio de 2029 a diciembre de 2030. No obstante, este modelo transfiere una enorme presión al erario futuro debido a las tasas de interés pactadas (del 11.524% nominal anual), lo que encarecerá de manera exponencial el costo final de las obras a través del rubro "Pago por Diferimiento".
Hay que señalar que, de las 18 licitaciones que la SICT lanzó bajo la modalidad de proyectos estratégicos, un total de 10 fueron declaradas desiertas y solo ocho fueron adjudicadas.
@SICTmx #Villahermosa #Escárcega #Tabasco #SanLuisPotosí #Campeche #Puebla #Guerrero #TaddeiEsDeMorena #Lopez @BuenGobierno_mx
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Perdóname Guadalupe Taddei por manchar tu impoluta trayectoria en los organismo electorales e INE (sarcasmo)
🕵🏻🔎 Peritaje forense revela que los videos difundidos por @latinus_us sobre Guadalupe Taddei habrían sido editados 📹
📍 El analista Hernán Gómez presentó el dictamen que detectó alteraciones, cambios de volumen y diferencias entre entregas.
🗣️ "Nadie puede confirmar la autenticidad de las conversaciones; las audiencias merecen información totalmente transparente", señaló.
#INE #GuadalupeTaddei #HernanGomez #Latinus #Medios #Noticias
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#MiOpinión
Y sigue el "Clan Biomédica" ganando contratos en BIRMEX; Prevención y Soluciones K-B SA se lleva $1,089 millones de pesos
ANTONIO CARRERA
La multimillonaria adjudicación a la empresa Prevención y Soluciones K-B, S.A. de C.V. por más de 1,089 millones de pesos dentro de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos por parte de BIRMEX sigue confirmando que los malos antecedentes de socios, accionistas y empresas importan una madre.
Es #MiOpinión
columnaperforando.blogspot.c…
@Birmex #BuenosDías #FindeSemana #Sábado #Salud #4T
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Empresas de Jack Landsmanas, señaladas por presuntos sobornos en contratos de comedores del INE
ANTONIO CARRERA
Productos Serel y La Cosmopolitana, compañías vinculadas al empresario Jack Landsmanas, fueron señaladas por presuntos pagos irregulares relacionados con la prestación de servicios de alimentación en el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con una investigación que presentó nuevas grabaciones sobre el caso.
El material difundido por Latinus muestra conversaciones entre Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del organismo electoral, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas. En uno de los intercambios, este último habla de entregas mensuales por un millón y medio de pesos atribuidas a La Cosmopolitana, a cambio de mantener la operación de los comedores.
Los señalamientos están relacionados con un contrato que el INE firmó el 25 de abril de 2025 con Productos Serel, por un monto máximo de 112 millones 404 mil pesos, para proporcionar alimentos en nueve comedores del organismo ubicados en la Ciudad de México y Pachuca. El acuerdo tuvo una vigencia hasta el 30 de abril de 2026.
Según el reportaje de los periodistas Mauricio Rubí y Mario Gutiérrez Vega, en las grabaciones Hernández Casillas hace referencia a un pago equivalente al 15 por ciento del monto máximo del contrato de Productos Serel, lo que representaría cerca de 17 millones de pesos. En la misma conversación señala que ese dinero formaría parte de las cantidades que se entregaban mensualmente y menciona que podría existir otro 15 por ciento destinado a una tercera persona.
La relación entre las dos compañías señaladas se encuentra en su estructura corporativa: Productos Serel y La Cosmopolitana forman parte del Corporativo Kosmos, encabezado por Landsmanas. Este grupo empresarial ha recibido más de 4 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal durante la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la investigación.
En otro momento de la conversación, fechada el 16 de febrero, Hernández Casillas plantea que él mismo se encargaría de las negociaciones para renovar el servicio de comedores y propone conservar a la misma empresa. Durante ese intercambio también se hace referencia a los señalamientos contra Landsmanas por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de drogas a centros penitenciarios, donde su corporativo también proporciona servicios de alimentación.
La investigación expone, además, que Productos Serel recibió en mayo de 2025 otra adjudicación del INE, por 1.2 millones de pesos, para entregar paquetes de alimentos al personal que participó en la elección del Poder Judicial.
A los contratos con el organismo electoral se suma el antecedente de las operaciones comerciales de Productos Serel en Venezuela. El reportaje señala que la empresa vendió alimentos a sobreprecio y en malas condiciones al gobierno de Nicolás Maduro y, según la publicación, es investigada en Estados Unidos por posibles operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros irregulares.
Por su parte, Corporativo Kosmos describe en su página institucional que cuenta con más de 60 años de experiencia en servicios de alimentación y destaca su capacidad financiera, logística y operativa. En contraste, la investigación de Latinus expone presuntos pagos relacionados con los contratos de sus empresas en el INE y cuestiona las condiciones en que se habrían mantenido esas relaciones comerciales.
@INEMexico @BuenGobierno_mx #INE #TadeiiEsMorena
seguimos en vivo la comparecencia del director general de @Pemex: Juan Carlos Carpio Fragoso facebook.com/camaradediputad…
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Empresas de Jack Landsmanas, señaladas por presuntos sobornos en contratos de comedores del INE
ANTONIO CARRERA
Productos Serel y La Cosmopolitana, compañías vinculadas al empresario Jack Landsmanas, fueron señaladas por presuntos pagos irregulares relacionados con la prestación de servicios de alimentación en el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con una investigación que presentó nuevas grabaciones sobre el caso.
El material difundido por Latinus muestra conversaciones entre Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del organismo electoral, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas. En uno de los intercambios, este último habla de entregas mensuales por un millón y medio de pesos atribuidas a La Cosmopolitana, a cambio de mantener la operación de los comedores.
Los señalamientos están relacionados con un contrato que el INE firmó el 25 de abril de 2025 con Productos Serel, por un monto máximo de 112 millones 404 mil pesos, para proporcionar alimentos en nueve comedores del organismo ubicados en la Ciudad de México y Pachuca. El acuerdo tuvo una vigencia hasta el 30 de abril de 2026.
Según el reportaje de los periodistas Mauricio Rubí y Mario Gutiérrez Vega, en las grabaciones Hernández Casillas hace referencia a un pago equivalente al 15 por ciento del monto máximo del contrato de Productos Serel, lo que representaría cerca de 17 millones de pesos. En la misma conversación señala que ese dinero formaría parte de las cantidades que se entregaban mensualmente y menciona que podría existir otro 15 por ciento destinado a una tercera persona.
La relación entre las dos compañías señaladas se encuentra en su estructura corporativa: Productos Serel y La Cosmopolitana forman parte del Corporativo Kosmos, encabezado por Landsmanas. Este grupo empresarial ha recibido más de 4 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal durante la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la investigación.
En otro momento de la conversación, fechada el 16 de febrero, Hernández Casillas plantea que él mismo se encargaría de las negociaciones para renovar el servicio de comedores y propone conservar a la misma empresa. Durante ese intercambio también se hace referencia a los señalamientos contra Landsmanas por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de drogas a centros penitenciarios, donde su corporativo también proporciona servicios de alimentación.
La investigación expone, además, que Productos Serel recibió en mayo de 2025 otra adjudicación del INE, por 1.2 millones de pesos, para entregar paquetes de alimentos al personal que participó en la elección del Poder Judicial.
A los contratos con el organismo electoral se suma el antecedente de las operaciones comerciales de Productos Serel en Venezuela. El reportaje señala que la empresa vendió alimentos a sobreprecio y en malas condiciones al gobierno de Nicolás Maduro y, según la publicación, es investigada en Estados Unidos por posibles operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros irregulares.
Por su parte, Corporativo Kosmos describe en su página institucional que cuenta con más de 60 años de experiencia en servicios de alimentación y destaca su capacidad financiera, logística y operativa. En contraste, la investigación de Latinus expone presuntos pagos relacionados con los contratos de sus empresas en el INE y cuestiona las condiciones en que se habrían mantenido esas relaciones comerciales.
@INEMexico @BuenGobierno_mx #INE #TadeiiEsMorena
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Y sigue el "Clan Biomédica" ganando contratos en BIRMEX; Prevención y Soluciones K-B SA se lleva $1,089 millones de pesos
ANTONIO CARRERA
La multimillonaria adjudicación a la empresa Prevención y Soluciones K-B, S.A. de C.V. por más de 1,089 millones de pesos dentro de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos por parte de BIRMEX sigue confirmando que los malos antecedentes de socios, accionistas y empresas importan una madre.
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#BIRMEX PREMIA A EMPRESA TRAMPOSA E INHABILITADA: $3 MIL 266 MILLONES DE PESOS PARA PUERTA DEL SOL CAPITAL
ANTONIO CARRERA
En mayo pasado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un boletín de prensa donde se informaba que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impuso a la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V., una multa de 778 mil 50 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Sin emabrgo, Birmex la premió con la compra de medicamentos y/o material de curación por un monto de $3 mil 226 millones 777 mil 378.80 pesos.
Los hechos documentados no mienten. De acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, revisado este día- esta empresa fue sancionada formalmente tras una investigación del Órgano Interno de Control en el IMSS (Expediente 0069/2023, Procedimiento PA-0005/2025). La falta cometida no fue un simple error de dedo administrativo: violaron flagrantemente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) al falsificar cartas de respaldo de fabricantes para agenciarse contratos a la mala. La autoridad resolvió imponerles una multa de $778,050.00 pesos y decretó un periodo de inhabilitación por un año y tres meses, con vigencia del 14 de mayo de 2026 al 14 de agosto de 2027. En el papel, Puerta del Sol Capital era una manzana podrida apestada para el erario público.
Pese a ello, en el acta de fallo se especifica textualmente: Adicionalmente, se hace mención que en dicho directorio (de proveedores sancionados) figuró Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V., sin embargo, esta convocante recibió por parte de la Segunda Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución del expediente No. 8959/26-17-02-1 de fecha 28 de abril de 2026, en el que se declara nulidad lisa y llana de la resolución de sanción e inhabilitación emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, precisada en el resultando primero del instrumento antes señalado.
Pero de acuerdo al directorio de proveedores y contratistas sancionados, la vigencia de la inhabilitación empezó desde el pasado 14 de mayo, y Puerta del Sol Capital presentó antes -el 28 de abril- el supuesto documento que anula la sanción cuando aun ni siquiera estaba vigente. Extraño, no. Si usted estimado lector entra a la página directoriosancionados.buengo… ahí podrá verificar que la empresa mantiene la sanción e inhabilitación y señala la causa: “El participante Puerta de Sol Capital S.A. de C.V. presenta carta de respaldo del fabricante que la empresa Biofarma Natural SMD S.A. de C.V. desconoce”.
Es decir, mientras el portal de Buen Gobierno exhibe la lona de sancionada o se le olvidó bajarla, los encargados de la mega Compra Consolidada de Medicamentos y Material de Curación para los ejercicios fiscales 2027-2028 decidieron ignorar el veto o creerle a un documento que se expidió días antes que entrara en vigor la inhabilitación Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) le acaba de entregar una mina de oro a esta misma empresa tramposa en la licitación LA-12-NEF-012NEF001-I-285-2026.
Al revisar las tripas de la asignación en la hoja de cálculo de esta compra masiva nacional, el cinismo de la proveedora y la ceguera —u omisión voluntaria— de Birmex quedan expuestos. No estamos hablando de contratos complementarios o compras de emergencia; se trata del control absoluto del material de curación más básico y crítico que utiliza diariamente cualquier enfermera o cirujano en las instituciones públicas de salud. El pastel multimillonario otorgado a esta empresa inhabilitada alcanza la escalofriante cifra de $3,226,777,378.80 pesos. Sí, leyó bien: más de 3 mil 200 millones de pesos entregados en charola de plata a un jugador oficialmente fichado por tramposo.
El catálogo asignado a Puerta del Sol Capital incluye un abanico gigantesco de insumos críticos donde destaca un monopolio absoluto de las claves de mayor consumo. El contrato más escandaloso de la asignación es el de las Gasas Secas Cortadas (Clave 060.436.0701): Birmex le otorgó un pedido de 178,388,299 envases de gasa de algodón de doce capas por un valor de $854,836,728.80 pesos. A esto se suma el abastecimiento de 2,667,788 cajas de guantes de exploración de látex (Clave 060.456.0409) por $172,179,037.52 pesos y 1,331,508 envases de vendas elásticas (Clave 060.953.2858) que representan $45,721,321.70 pesos más.
El colmo de la ironía radica en los dispositivos de alta especialización. A pesar de estar sancionada precisamente por falsificar cartas de respaldo de fabricantes ante el IMSS, Birmex consideró buena idea confiarle el abasto de tecnología médica patentada, como los apósitos transparentes estériles con gel de clorhexidina al 2% (Claves 060.088.0959 y 060.088.0934), diseñados para evitar infecciones intrahospitalarias en catéteres, acaparando contratos en este rubro que superan los $268,800,000.00 pesos. También se les entregó el suministro de 1,712,892 cajas de tubos de recolección de sangre al vacío con EDTA K2 (Clave 080.909.6498) por $100,358,342.28 pesos, controlando así los insumos de los laboratorios clínicos de todo el país.
¿Cómo se justifica que una empresa inhabilitada hasta agosto de 2027 gane contratos para un esquema que se amarra en 2026?
@Birmex #Medicamentos #CárteldeMedicamentos #5deNov @BuenGobierno_mx #BuenasNoches
Antonio Carrera retweeted
#Opinión
VAN LOS DE SIEMPRE POR TRAMO DE 57 KM DEL TREN #QUERÉTARO-#SALTILLO (CHARCAS-VANEGAS)
ANTONIO CARRERA
La apertura de proposiciones de la licitación pública internacional LO-09-JZO-009JZO001-I-54-2026, celebrada el 3 de noviembre de 2026, pone al descubierto que la recién creada Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) sigue actuando con el mismo guion y con los actores de siempre. El objeto del concurso es el diseño y construcción de 57 kilómetros del Tramo II del Tren de Pasajeros Querétaro-Saltillo (Subtramo: Charcas - Vanegas, cadenamiento del km 122+000
al km 179+000. Incluye la construcción de puentes, pasos inferiores ferroviarios, pasos superiores ferroviarios y puentes peatonales). Sin embargo, al revisar la lista de los consorcios participantes, queda en evidencia que en el reparto de la infraestructura ferroviaria de la llamada "Cuarta Transformación" las sorpresas no existen pues en el entramado aparecen: ICA, GAMI y/o Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA).
Entre las cinco propuestas económicas recibidas en la mesa que preside Benjamín Gómez, director de ingeniería de concursos y costos de obras de la ATTRAPI, sobresale, una vez más, el nombre de ICA (Ingenieros Civiles Asociados). En esta ocasión, la firma compite en conjunto que agrupa a ocho de sus filiales, poniendo sobre la mesa una oferta de $7 mil 289.4 millones de pesos. ICA, rescatada financieramente en los hechos por inversionistas estratégicos, fue la consentida absoluta en varios de los tramos más caros del Tren Maya ($25,000 millones de pesos); además en el sexenio de Claudia Sheinbaum ya ganó del primer tramo del Tren de Pasajeros #Saltillo-#NuevoLaredo, por un monto de 14 mil 680 millones de pesos. Que hoy encabece las propuestas para conectar San Luis Potosí con Saltillo no es coincidencia, más es la continuidad de un modelo de negocio de la 4T.
El segundo gigante en la fila es el binomio integrado por COMSA y Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), quienes junto a la firma VISE presentaron una propuesta por $7 mil 829.7 millones de pesos. Este consorcio tiene dos contratos vigentes en la ATTRAPI que suman más de $10 mil 500 millones de pesos.
El vínculo RECSA con la 4T ya ha sido ampliamente documentos: Dirigida por Humberto Armenta González, la empresa pasó de un perfil mediano a convertirse en una de las constructoras con mayor tracción en el sexenio de AMLO, luego que el propio Armenta González le brindara al exmandatario asesoramiento técnico especializado en materia de infraestructura e hídricas.
En esta danza de miles de millones, llama poderosamente la atención la propuesta del consorcio liderado por GAMI Ingeniería e Instalaciones (en participación conjunta con Construcciones Urales y AZVI), cuya oferta se desplomó drásticamente hasta los $4 mil 635.7 millones de pesos, $2 mil 653.7 pesos menos que la oferta de ICA.
La firma de Manuel Guillermo MuñozCano Castro ya acumula en la ATTRAPI contratos por $20 mil 500 millones de pesos: Tramo Final del Tren Saltillo-Nuevo Laredo (Segmentos 18, 19 y 20), Viaducto de la Zona Metropolitana de Monterrey (Segmento 15-A1) y de Infraestructura de Transporte y Conectividad Urbana (Estaciones).
La oferta de la persona física Arturo Hernández, está fuera de toda proporción al cotizar $10 mil 804.9 millones de pesos.
Llama la atención que Operadora Cicsa, el brazo constructor de Carlos Slim prefirió esta vez quedarse al margen enviando una "carta de disculpa".
El fallo de la licitación, si no hay ningún cambio o cancelación, se dará a conocer el próximo 17 de noviembre.
#Tren @TrenesMX @SICTmx #ojo @BuenGobierno_mx #BuenFin #Miércoles4 #Tren
Antonio Carrera retweeted
#Opinión
Meten el freno de mano al Tramo II del Tren #Querétaro-#Saltillo: ¿Se les acabó la lana?
ANTONIO CARRERA
El destino de la licitación LO-09-JZO-009JZO001-I-42-2026 para el Tramo II correspondiente a 82 kilómetros del tren #Querétaro-#Saltillo, subtramo San Miguel de Allende, #Guanajuato, a Villa de Reyes, en #SanLuisPotosí, se frenó de tajo por cancelación del concurso. ¿Se les acabó el dinero o qué?; y es que cuando todo estaba alineado para que el consorcio encabezado por ICA Constructora sumara otra millonaria medalla a su ya robusto portafolio de infraestructura nacional. Con una oferta de $25 mil 865 millones de pesos, el gigante constructor se había colocado en el punto exacto de la balanza, desbancando las propuestas infladas de sus competidores con ofertas insolventes. Otorgar el contrato a la firma de Bernardo Quintana y Guadalupe Phillips era, para la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (#ATTRAPI), la opción más lógica, ello a pesar de los recientes dolores de cabeza y las alertas rojas que la Auditoría Superior de la Federación encendió por sobrecostos en el Tren Maya.
Sin embargo, cuando la opinión pública se preparaba para presenciar el predecible desenlace de la ley del dedazo, las oficinas de la avenida Universidad decidieron dar un golpe de timón que nadie vio venir. Dos días después de la fecha programada para el fallo, ATTRAPI sacó de la manga el oficio ATTRAPI/1.10.1.-1135/2026. El veredicto no fue para ICA, ni para China Railway ($25,972 millones), ni para OHL ($28,997 millones). Para nadie: la licitación fue cancelada de tajo.
La justificación oficial, firmada por el ingeniero Benjamín Gómez, se ampara en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas para evitar un "daño o perjuicio" a la dependencia. Detrás del lenguaje burocrático se esconde una dosis de crudo realismo financiero y técnico. Un análisis operativo posterior determinó que la fastuosa vía doble inicialmente proyectada para este tramo de 82 kilómetros era un exceso innecesario para la demanda inmediata. El Estado descubrió que una vía sencilla, respaldada por cuatro laderos estratégicos, es suficiente para hacer la misma tarea.
Este argumento técnico le permite al gobierno un respiro financiero indispensable. Diferir la construcción de los 126 kilómetros de segunda vía significa evitar la inmovilización de cerca de $15 mil millones de pesos antes de 2030. En tiempos de vacas flacas y disciplina presupuestal, congelar recursos públicos en acero y balasto antes de que la demanda lo exija habría sido un pecado de planeación. Al final del día, los números de la Unidad de Economía Ferroviaria defienden la audacia: el Valor Presente Neto social del proyecto modificado subió más de 3,391 millones de pesos y la Tasa Interna de Retorno escaló al 21.68%.
La cancelación es, sin duda, una buena noticia para las arcas públicas y un ejemplo de que la racionalidad económica puede imponerse a la inercia constructora. No obstante, el caso deja al descubierto las profundas grietas que persisten en la planeación de las megas obras en México.
¿Cómo es posible que se lance una Licitación Pública Internacional de esta magnitud sin haber determinado antes, mediante simulaciones serias, si se requería vía doble o sencilla? Por lo pronto hicieron que cinco consorcios gastaran cientos de miles de pesos -como quitarle un pelo a un gato- para armar propuestas técnicas y económicas para luego decirles de último minuto que todo se cancela, habla de una clara improvisación.
@TrenesMX @BuenGobierno_mx @SICTmx #Ojo #Andy
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#BIRMEX PREMIA A EMPRESA TRAMPOSA E INHABILITADA: $3 MIL 266 MILLONES DE PESOS PARA PUERTA DEL SOL CAPITAL
ANTONIO CARRERA
En mayo pasado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un boletín de prensa donde se informaba que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impuso a la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V., una multa de 778 mil 50 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Sin emabrgo, Birmex la premió con la compra de medicamentos y/o material de curación por un monto de $3 mil 226 millones 777 mil 378.80 pesos.
Los hechos documentados no mienten. De acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, revisado este día- esta empresa fue sancionada formalmente tras una investigación del Órgano Interno de Control en el IMSS (Expediente 0069/2023, Procedimiento PA-0005/2025). La falta cometida no fue un simple error de dedo administrativo: violaron flagrantemente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) al falsificar cartas de respaldo de fabricantes para agenciarse contratos a la mala. La autoridad resolvió imponerles una multa de $778,050.00 pesos y decretó un periodo de inhabilitación por un año y tres meses, con vigencia del 14 de mayo de 2026 al 14 de agosto de 2027. En el papel, Puerta del Sol Capital era una manzana podrida apestada para el erario público.
Pese a ello, en el acta de fallo se especifica textualmente: Adicionalmente, se hace mención que en dicho directorio (de proveedores sancionados) figuró Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V., sin embargo, esta convocante recibió por parte de la Segunda Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución del expediente No. 8959/26-17-02-1 de fecha 28 de abril de 2026, en el que se declara nulidad lisa y llana de la resolución de sanción e inhabilitación emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, precisada en el resultando primero del instrumento antes señalado.
Pero de acuerdo al directorio de proveedores y contratistas sancionados, la vigencia de la inhabilitación empezó desde el pasado 14 de mayo, y Puerta del Sol Capital presentó antes -el 28 de abril- el supuesto documento que anula la sanción cuando aun ni siquiera estaba vigente. Extraño, no. Si usted estimado lector entra a la página directoriosancionados.buengo… ahí podrá verificar que la empresa mantiene la sanción e inhabilitación y señala la causa: “El participante Puerta de Sol Capital S.A. de C.V. presenta carta de respaldo del fabricante que la empresa Biofarma Natural SMD S.A. de C.V. desconoce”.
Es decir, mientras el portal de Buen Gobierno exhibe la lona de sancionada o se le olvidó bajarla, los encargados de la mega Compra Consolidada de Medicamentos y Material de Curación para los ejercicios fiscales 2027-2028 decidieron ignorar el veto o creerle a un documento que se expidió días antes que entrara en vigor la inhabilitación Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) le acaba de entregar una mina de oro a esta misma empresa tramposa en la licitación LA-12-NEF-012NEF001-I-285-2026.
Al revisar las tripas de la asignación en la hoja de cálculo de esta compra masiva nacional, el cinismo de la proveedora y la ceguera —u omisión voluntaria— de Birmex quedan expuestos. No estamos hablando de contratos complementarios o compras de emergencia; se trata del control absoluto del material de curación más básico y crítico que utiliza diariamente cualquier enfermera o cirujano en las instituciones públicas de salud. El pastel multimillonario otorgado a esta empresa inhabilitada alcanza la escalofriante cifra de $3,226,777,378.80 pesos. Sí, leyó bien: más de 3 mil 200 millones de pesos entregados en charola de plata a un jugador oficialmente fichado por tramposo.
El catálogo asignado a Puerta del Sol Capital incluye un abanico gigantesco de insumos críticos donde destaca un monopolio absoluto de las claves de mayor consumo. El contrato más escandaloso de la asignación es el de las Gasas Secas Cortadas (Clave 060.436.0701): Birmex le otorgó un pedido de 178,388,299 envases de gasa de algodón de doce capas por un valor de $854,836,728.80 pesos. A esto se suma el abastecimiento de 2,667,788 cajas de guantes de exploración de látex (Clave 060.456.0409) por $172,179,037.52 pesos y 1,331,508 envases de vendas elásticas (Clave 060.953.2858) que representan $45,721,321.70 pesos más.
El colmo de la ironía radica en los dispositivos de alta especialización. A pesar de estar sancionada precisamente por falsificar cartas de respaldo de fabricantes ante el IMSS, Birmex consideró buena idea confiarle el abasto de tecnología médica patentada, como los apósitos transparentes estériles con gel de clorhexidina al 2% (Claves 060.088.0959 y 060.088.0934), diseñados para evitar infecciones intrahospitalarias en catéteres, acaparando contratos en este rubro que superan los $268,800,000.00 pesos. También se les entregó el suministro de 1,712,892 cajas de tubos de recolección de sangre al vacío con EDTA K2 (Clave 080.909.6498) por $100,358,342.28 pesos, controlando así los insumos de los laboratorios clínicos de todo el país.
¿Cómo se justifica que una empresa inhabilitada hasta agosto de 2027 gane contratos para un esquema que se amarra en 2026?
@Birmex #Medicamentos #CárteldeMedicamentos #5deNov @BuenGobierno_mx #BuenasNoches