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Estimado @fedesturze Europa no compra carne de campos desmontados después de 2020 desde el 30 de diciembre. Es un requisito de un mercado de exportación, y eso en Argentina tiene un organismo de control con competencia por ley, el SENASA. No por simpatía, por función, igual que la cuota Hilton o el protocolo con China, etc. Pero esta vez la función la tomó VISEC, una plataforma privada nacida de un acuerdo entre The Nature Conservancy, una ONG ambientalista internacional (británica?), la cámara de exportadores CIARA-CEC y una certificadora privada. Hoy la empujan los frigoríficos y la promueve el IPCVA con plata de los productores. En esa mesa estuvieron todos menos el que tiene la vaca. Y a ese le piden una declaración jurada con su RENSPA (su DNI), su campo georreferenciado y sus datos fiscales, mientras un frigorífico ya avisó por carta que desde el 1 de noviembre desvaloriza la hacienda que no esté adentro. Van a decir que el productor puede elegir no venderle a Europa. Falso en la práctica. Europa paga el novillo pesado. Los cortes Hilton son los que compensan el resto de la media res, también para el que nunca exportó. "No le vendas" es un descuento con otro nombre. Y acá está el peligro de fondo. Cuando el que valida es el mismo que compra, el comprador decide quién entra al mercado y quién no. Eso es concentración. Un grupo de empresas con los datos de 200 mil campos y la llave del mercado que paga mejor no necesita bajar el precio, le alcanza con elegir a quién le abre la puerta. Hoy es Europa. Mañana ??? Encima, en medio de este desorden, los ordenamientos de bosques provinciales y la norma europea se contradicen. Un campo puede estar en regla con la Ley de Bosques de una provincia y ser rechazado en Bruselas. Cinco plataformas existen hoy y todas se contradicen entre sí, la provincia de Santa fe no acepta hacienda de Chaco, una locura y ya no sabemos cómo explicar esto, y productores que salen de la isla con el río creciendo y pierden el mercado europeo por cambiar de campo 😳. Pero estamos en el mismo país, no se entiende. Uruguay lo resolvió con su organismo estatal, gratis, sin trámite nuevo, sin que el productor firme nada. Paraguay va por el mismo camino con un registro público. No por estatismo, sino porque certificar y abrir mercados lo tiene que hacer alguien que no esté en el negocio. Reglas parejas para el chico y el grande. No estamos en contra de cuidar el monte, tenemos Ley de Bosques y la cumplimos. Estamos en contra de que quién cumple lo decidan una ONG extrajera y los compradores en vez de la ley argentina y su organismo de control. Lo que pedimos es concreto. Que el requisito europeo lo valide el SENASA o un ente público equivalente, con los datos que ya tiene y el mapa del CONICET que dice que el 87% de la ganadería argentina tiene riesgo nulo. Un camino público, gratuito e imparcial, y el que quiera pagarle a un privado, que lo haga por su cuenta. Que Nación ordene la contradicción entre bosques provinciales y norma europea. Y que ningún organismo del Estado condicione una habilitación a una plataforma privada. Se anotaron 14 mil productores sobre 200 mil. El campo ya dijo que no. No pedimos que el Estado haga más. Pedimos que no deje que un grupo con intereses propios haga lo que es suyo, con nuestros datos y nuestra plata. Usted sabe mejor que nadie que la regulación más cara es la que nadie votó.