Republicano.

Jorge Rodríguez dice que la nueva ley eléctrica “no promueve, en modo alguno, la privatización”. Sin embargo, dicen abrir la industria a la inversión privada, reconocen el fallo del socialismo, pero no sueltan el control. El Ministerio se convierte en una acabala y Corpoelec seguirá intacto. Lo que la ley deja en manos del Ejecutivo: • Nombra al superintendente que debe regular el sector. • Fija las tarifas junto con Finanzas. • Otorga las concesiones. • Es dueño de Corpoelec, que va a competir con los privados. Juez y parte. Con esas reglas no llega la inversión seria; llega la que tiene padrinos, es decir los enchufados. Rodríguez admite que hay “un tremendo problema eléctrico”. Es cierto, pero no cayó del cielo. Viene de la estatización de 2007 y de la ley de 2010 que aprobaron ellos mismos. Promete tarifas justas, indexadas y con subsidio. Pero la ley no trae fórmula: deja la tarifa a un reglamento que dictará el mismo Ejecutivo. ¿Quién paga el subsidio? ¿Con qué partida? ¿Qué pasa cuando al gobierno le convenga congelarla en un año electoral? Y los contratos: una comisión del gobierno escoge a los contratistas y se firman memorandos sin licitación pública conocida. Discrecionalidad sin transparencia es la receta exacta de la corrupción. No hay que inventar nada. La ley eléctrica de 1999 ya tenía regulador autónomo, mercado mayorista y concesiones con garantías para el inversionista. Lo que exigimos: 1. Un regulador elegido por concurso, con período fijo y que no se pueda destituir a capricho. 2. Una tarifa calculada con fórmula pública y un subsidio focalizado, pagado por el presupuesto y no escondido en la factura. 3. Licitación pública para toda nueva generación y rehabilitación, con contratos publicados. 4. Compensación justa y arbitraje internacional, como ya se aceptó en la ley de hidrocarburos. 5. Datos abiertos del sistema y un registro público de los dueños reales de cada empresa. Sí a la inversión privada. No a que dependa de la firma de un ministro.