Raiza Martinez

CASO SAREN ¿Protocolización o Confiscación? Lo que está sucediendo en el SAREN es una verdadera crisis que afecta el derecho a la propiedad privada en todo el país. Lo que debería ser un trámite legal sencillo y asequible se ha convertido en un obstáculo financiero inalcanzable. ¿los impuestos para protocolizar un inmueble son una tasa de registro o un impuesto confiscatorio? ​La Ley de Registros y del Notariado establece un tope máximo del 2% sobre el valor de la operación para la protocolización de documentos de compraventa. ​Pero... la realidad es que cientos de usuarios están reportando que el sistema del SAREN arroja liquidaciones (planillas PUV) que, en muchos casos, superan el 10%, 15% o incluso mucha más que el valor del inmueble. ​El dato: Inmuebles valorados en montos moderados están recibiendo liquidaciones que obligan a pagar aranceles equivalentes a miles de dólares. Esto señores, no es un arancel, es una barrera económica que impide la formalización. ¿Por qué el silencio administrativo? ​A pesar de las constantes denuncias interpuestas ante Fiscalías, Inspectorías del SAREN y medios de comunicación, la respuesta es el silencio o la omisión. ​La falta de transparencia en los algoritmos de cálculo del sistema impide que el ciudadano pueda verificar si su cobro está apegado a la ley o si es un error discrecional. ​El impacto en las familias y el mercado inmobiliario es brutal y genera inseguridad jurídica. Pues ante costos prohibitivos, muchos ciudadanos optan por no protocolizar y recurren a "documentos privados" o acuerdos verbales, dejando su patrimonio sin respaldo legal ante terceros. ​Además de todos los problemas económicos que tenemos, el mercado inmobiliario se estanca. Nadie quiere comprar ni vender cuando el costo de legalizar la propiedad es casi equivalente a una parte importante del valor del bien. ​Nuestra exigencia como ciudadanos: ​No pedimos gratuidad, pedimos justicia y legalidad. Exigimos: ​Una auditoría urgente a los parámetros de cálculo del sistema SAREN. ​Transparencia en las tasas aplicadas a cada trámite. ​El estricto cumplimiento del porcentaje máximo establecido en la ley vigente. ​¿Qué podemos hacer? ​Denuncia formal: No basta con quejarse en redes. Instamos a todos los colegas, abogados y usuarios a consignar sus denuncias por escrito ante las sedes regionales del SAREN y la Defensoría del Pueblo. ​Documentar: Guarda tus liquidaciones, compara el 2% legal con lo que te están cobrando y haz pública la diferencia. ​Unión: La voz de uno se ignora; la voz de todos se siente. ¡Compartamos esta realidad hasta que la autoridad competente se vea obligada a revisar estos criterios!.