UN PROCEDIMIENTO IMPECABLE por Daniel Matamala   Como el Gobierno ha tratado por todos los medios de oscurecer los hechos, partamos por ahí: por aclarar los hechos. Y estos son los hechos. Los presos tienen derecho a pedir una rebaja de penas por buena conducta, en un proceso que pasa por un informe de Gendarmería, la evaluación de una comisión y la firma del ministro de Justicia. El Gobierno de Piñera se negó a concederlos a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. En 2022, una ley institucionalizó esa excepción, y el Gobierno anterior los negó cada vez que fueron solicitados. Algunos de los condenados recurrieron a la justicia, alegando que la ley no podía aplicarse a sentencias previas a 2022. En la mayoría de los casos, pero no en todos, los tribunales les dieron la razón y ordenaron entregarles el beneficio. Pero, en mayo de 2026, el nuevo ministro de Justicia, Fernando Rabat, cambió el criterio, y decidió conceder, sin orden judicial, 56 rebajas de penas a criminales sexuales. Algunas de sus historias se han conocido en los últimos días: entre los beneficiados por la 'doctrina Rabat' están un médico que abusó de al menos cuatro pacientes; un hombre que atacó a una adolescente de 16 años con discapacidad intelectual; y otro que violó a un niño de 10 años. Según admitió el ministro, 'la gran mayoría' de ellos ya salió a la calle. Hasta ahí los hechos. Los porfiados, los indiscutibles hechos. A continuación, el encubrimiento. El martes, el medio Interferencia destapó la noticia. El nuevo portavoz, Gonzalo Arenas, quemó sus naves en su primera vocería, asegurando que 'el procedimiento fue impecable' y que cualquier crítica es 'malintencionada'. El Gobierno distribuyó minutas igualando, falsamente, los 56 decretos de Rabat con los fallos de la Suprema durante el Gobiernoanterior. Engañados por su propio Gobierno, parlamentarios, presidentes de partidos, minuteros y medios de comunicación afines contraatacaron: todo el revuelo era 'hipocresía' y 'fake news'. El miércoles, el ministro Rabat argumentó que él se había limitado a acatar una doctrina de la Corte Suprema, y que su firma solo 'cumple sus sentencias'. Hablando como si fuera el abogado de los reos, el ministro de Justicia aseguró que 'existe un principio constitucional y es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio del condenado'. Esa doctrina, aseguró, 'la estableció la Corte Suprema'. Tampoco era cierto: en al menos diez casos, varios de 2026, la corte había negado la reducción de penas. El jueves, tras una jornada del Pleno en que estuvo presente el ministro, la presidenta de la Suprema negó que hubiera una doctrina y aclaró que 'cada caso se analiza de manera individual'. 'Fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos', enfatizó. Un metro más atrás, lo suficientemente cerca como para quedar en el mismo plano para las cámaras de televisión, escuchaba Rabat. A esas alturas, la versión oficial ya era insostenible. Pero La Moneda insistía. El vocero terminó de hacerse el harakiri al asegurar que 'el Gobierno no puede sino aplicar la ley' y que 'esto es un derecho' que 'no puede ser negado' a los delincuentes. En un gesto histriónico, Arenas mostró decretos firmados por el exministro Gajardo y el actual ministro Rabat, sosteniendo en el aire uno con cada mano, y asegurando que eran iguales. No era cierto: en el primero, se cumplía un fallo de tribunales; en el segundo, se entregaba, sin orden judicial, la libertad. Esa noche, el ministro de Justicia fue a Mega, y aseguró que estaba obligado a firmar los decretos, porque juró cumplir la Constitución y 'esa es la forma como la Constitución y la ley regulan esa materia'. A primera hora de la mañana siguiente, convocó a la prensa para anunciar que suspendía la firma de nuevas rebajas de pena. 👇🏼