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Tragedias y crisis en España desde 2018 1. COVID-19 (2020–2023) Tragedia: En 2020 se registraron en residencias 16.518 muertes confirmadas por COVID y otras 9.914 con síntomas compatibles. Qué falló: Faltaban preparación, reservas, vigilancia y coordinación sanitaria. Se autorizaron grandes eventos como partidos de fútbol o las concentraciones por el 8M antes del estado de alarma. El Gobierno asumió la autoridad nacional durante el estado de alarma. Además, el Supremo condenó al exministro Ábalos y a su asesor Koldo García por corrupción en contratos de mascarillas adjudicados a Puertos del Estado y Adif. La responsabilidad penal es individual, pero la responsabilidad política del Ejecutivo también exige explicar cómo fallaron los controles de un ministerio y sus empresas públicas. El informe independiente sobre la pandemia no se hizo público hasta 2023. 2. Inundaciones de Sant Llorenç, Mallorca (2018) Tragedia: 13 muertos. Qué falló: El riesgo de inundación no se tradujo en protección suficiente y años después seguían pendientes medidas anunciadas. La gestión territorial era principalmente balear y local, pero eso no exime al Estado de responder por la planificación, los recursos y las infraestructuras que sí dependían de él. Las competencias repartidas no borran la obligación de coordinar y comprobar que las medidas preventivas se ejecuten. 3. DANA de la Vega Baja, Alicante (2019) Tragedia: Ocho muertos y hasta 520,8 mm de lluvia en Orihuela. Qué falló: La comarca era vulnerable y seguían pendientes obras preventivas. La Confederación Hidrográfica del Segura es un organismo estatal con competencias sobre planificación y control de la cuenca. Por tanto, el Gobierno central debe rendir cuentas por las actuaciones y obras de su competencia, no limitarse a señalar a la Generalitat y los municipios. 4. Temporal Gloria (2020) Tragedia: Graves daños y víctimas. Los balances oficiales variaron entre 13 y 14 fallecidos, según la fecha y el criterio. Qué falló: Hubo avisos meteorológicos, pero tenerlos no basta: hay que convertirlos en medidas de protección a tiempo. AEMET y otros organismos estatales tenían un papel directo en la alerta. El Gobierno debe explicar cómo se trasladó esa información y qué medidas adoptó en las infraestructuras y servicios bajo su responsabilidad, además de exigir cuentas a las comunidades y municipios por sus actuaciones. 5. Filomena (2021) Tragedia: Cuatro muertes atribuidas al temporal y servicios paralizados, especialmente en Madrid. Qué falló: La nevada se había pronosticado, pero no todos los servicios estuvieron preparados. La limpieza urbana correspondía al Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno central debe responder por las carreteras y servicios estatales. Que la gestión municipal fuera decisiva no le permite al Ejecutivo desentenderse de sus propias vías ni de la coordinación de servicios esenciales. 6. Erupción de La Palma (2021) Tragedia: 85 días de erupción, 2.988 estructuras destruidas y 73,8 km de carreteras dañadas, no hubo fallecidos directos. Qué falló: La vigilancia y la evacuación protegieron vidas, pero la reconstrucción y las ayudas avanzaron con lentitud. El Estado anunció grandes inversiones. Debe explicar cuánto llegó efectivamente a los afectados, cuándo y qué soluciones produjo. No basta con sumar presupuestos anunciados mientras familias siguen esperando vivienda y medios para rehacer su vida. La reconstrucción también exige cuentas al Gobierno de Canarias, al Cabildo y a los municipios. 7. Incendio de la Sierra de la Culebra, Zamora (2022) Tragedia: Ardieron unas 30.800 hectáreas. Qué falló: Se denunciaron falta de prevención forestal, personal insuficiente y una evaluación del riesgo que no reflejaba el calor extremo. La gestión directa correspondía a Castilla y León. El Estado debe explicar qué medios estatales ofreció, si estaban disponibles y cómo coordinó la respuesta. La competencia autonómica no debe servir para ocultar fallos en el apoyo estatal. 8. Tragedia de Melilla (2022) Tragedia: Los recuentos de muertos y desaparecidos siguen siendo dispares. Qué falló: El Defensor del Pueblo consideró previsible el riesgo y cuestionó la devolución de 470 personas sin garantías legales. El Gobierno central tenía responsabilidad directa en la frontera y no puede trasladarla a Marruecos. El archivo de la investigación penal no resuelve las preguntas políticas sobre la actuación de Interior, la asistencia a las personas heridas ni la falta de una reconstrucción completa y transparente. 9. Incendio de las discotecas de Atalayas, Murcia (2023) Tragedia: 13 muertos. Qué falló: Según informaciones sobre el expediente, se habían detectado deficiencias de seguridad meses antes. La inspección era principalmente municipal y la investigación judicial seguía delimitando responsabilidades. No hay base para atribuir el caso directamente al Gobierno central,sí para exigir que las deficiencias detectadas conduzcan a medidas efectivas y que el cumplimiento de las órdenes de cierre se compruebe antes de otra tragedia. 10. Incendio de Campanar, Valencia (2024) Tragedia: Diez muertos y 15 heridos. Qué falló: El fuego se propagó con rapidez, pero la investigación judicial concluyó que fue accidental y archivó la causa penal. No se ha probado una negligencia del Gobierno central. La revisión debe centrarse en la seguridad y la propagación del fuego, sin presentar la tragedia como prueba automática de culpabilidad ni usar el archivo penal para dejar de revisar las normas aplicables. 11. DANA de Valencia (2024) Tragedia: El balance publicado por el Gobierno en junio de 2026 fue de 238 muertos. Qué falló: AEMET emitió aviso rojo a las 7:36. El ES-Alert llegó a las 20:11. El responsable de AEMET en Valencia declaró en el Congreso que la información permitía alertar antes. La Generalitat dirigía la emergencia, pero el Estado también tenía información, recursos y potestades para valorar una dirección nacional. El Gobierno central debe explicar por qué no la activó y qué hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Generalitat debe responder por la gestión de la emergencia y la tardanza de la alerta. Ninguna de esas responsabilidades anula la otra. 12. Apagón peninsular (2025) Tragedia: Entre 8 y 10 muertes directas. Millones de personas quedaron sin suministro durante horas. Qué falló: El panel técnico europeo señaló una combinación de oscilaciones, problemas de control de tensión y desconexiones en cascada. No identificó una causa política única, pero eso no exonera al Gobierno, le corresponde responder por la regulación, la supervisión y la preparación del sistema. Un año después seguía sin haber una atribución pública clara de responsabilidades y parte de la información sobre instalaciones quedó anonimizada. Que el fallo pudiera ser multifactorial no puede servir para que todos eludan su responsabilidad. 13. Grandes incendios forestales (2025–2026) Tragedia: En 2025 ardieron provisionalmente 348.349 hectáreas. En 2026 se comunicaron 21 muertes por incendios forestales. Qué falló: Se denunciaron planes locales desactualizados y falta de autoprotección. La prevención y la extinción corresponden sobre todo a las comunidades. El Estado debe coordinar, aportar medios y evaluar si los recursos estatales anunciados estaban operativos cuando hacían falta. Cada administración debe responder por sus planes y recursos. El reparto de competencias no justifica que el Gobierno central anuncie medios que luego no están disponibles o no explique qué apoyo prestó. 14. Accidente ferroviario de Adamuz (2026) Tragedia: 46 muertos. Qué falló: La Guardia Civil registró una anomalía compatible con una posible rotura de carril unas 22 horas antes. Adif discutió que probara una rotura. La causa sigue investigándose. Adif gestiona la infraestructura estatal. El Gobierno debe responder por las inspecciones, las inversiones, la configuración de los sistemas de seguridad y la custodia del material investigado. Las declaraciones que descartaron pronto fallos de mantenimiento no sustituyen a las conclusiones técnicas. Mientras la investigación siga abierta, el Ejecutivo debe facilitar respuestas, no dar el debate por cerrado. 15. Accidente ferroviario de Gelida (2026) Tragedia: Un muerto y 41 heridos por un muro que cayó sobre la vía durante lluvias. Qué falló: El muro dependía de la Dirección General de Carreteras y al principio no estaba clara su titularidad. El Gobierno debe explicar cómo se inspeccionó una infraestructura estatal situada junto a la vía, qué criterios se aplicaron y cómo se coordinó la seguridad con Adif. La confusión inicial sobre quién era responsable también revela un fallo de control del Estado. 16. Crisis fronteriza de Ceuta (julio–agosto de 2026) Tragedia: El 30 y 31 de julio, una entrada masiva de decenas de miles de personas tensionó la frontera y desbordó la capacidad ordinaria de acogida y atención de Ceuta. Qué falló: El CNI avisó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno de convocatorias para cruzar por mar y tierra al día siguiente. También había señales previas recogidas por la Policía. El Gobierno acabó declarando la situación de interés para la Seguridad Nacional el 25 de agosto, casi cuatro semanas después. Hubo versiones contradictorias en el Ejecutivo sobre quién recibió los avisos y qué se sabía. La declaración de seguridad nacional reconoció que la crisis superaba la capacidad ordinaria y exigía coordinación reforzada. El Gobierno central controlaba los organismos de frontera y seguridad y debe explicar por qué no convirtió antes esos avisos en una respuesta suficiente. 17. Accidente ferroviario de Urda (28 de octubre de 2026) Tragedia: Choque entre trenes con víctimas y heridos. Los primeros balances variaron y la investigación acaba de comenzar. Qué falló: Las hipótesis iniciales apuntaron a un problema de señalización y a un posible error humano, sin confirmación oficial. Adif, Renfe y el Ministerio deben aclarar qué sistemas estaban activos, qué instrucciones se dieron y cuándo se conoció cada dato. El Gobierno no debe anticipar culpables ni cerrar filas en torno a sus organismos, debe garantizar una investigación transparente y publicar sus conclusiones. Balance El Gobierno de España no es responsable de cada decisión municipal o autonómica. Sí debe responder cuando controla una infraestructura, dirige un organismo estatal, regula un sistema o tiene capacidad para coordinar y aportar recursos. La descentralización no puede ser una coartada para trasladar toda la culpa, y la complejidad técnica tampoco puede convertirse en excusa para no rendir cuentas. Cuando el Estado tiene poder para actuar, pero después se limita a repartir culpas, la responsabilidad política sigue siendo suya.