ALDO CACCIUTTOLO ALLEGRO 🇨🇱🇮🇹

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La interpretación de Cristian Leporati revela un problema bastante habitual en el debate público chileno: confundir popularidad presidencial con capacidad de gobierno. La encuesta de la UDD registra una caída significativa en la aprobación de Kast. Eso es un hecho. Lo que no demuestra es que el Presidente carezca de competencias para gobernar, como pretende concluir Leporati. Chile enfrenta un deterioro económico que no comenzó en marzo de 2026. Bajo crecimiento tendencial, debilidad de la inversión, problemas de productividad y rigideces estructurales no desaparecen por un cambio de administración. Evaluar la gestión exige distinguir condiciones heredadas, shocks externos y decisiones de política económica. También comprender que las reformas pueden tener costos de transición y que sus resultados no necesariamente coinciden con los tiempos de la popularidad electoral. La aprobación es un indicador político, no una medida de eficiencia económica. Leporati tiene todo el derecho a cuestionar al Gobierno, pero convertir una encuesta de percepción en un diagnóstico de incompetencia presidencial, sin establecer relaciones causales ni presentar evidencia de gestión, es una conclusión intelectualmente muy pobre.

El problema de estas encuestas no está en que la ciudadanía exprese su descontento, algo perfectamente legítimo, sino en confundir esa percepción con un diagnóstico sobre la conducción económica del país. Chile arrastra años de bajo crecimiento tendencial, debilidad de la inversión, estancamiento de la productividad y dificultades para generar empleo formal. Son problemas estructurales que no se resuelven mediante anuncios ni se corrigen en unos cuantos meses. Desde una perspectiva económica liberal, lo relevante es examinar si las medidas adoptadas están mejorando los incentivos para invertir, contratar, producir y acumular capital. También importa la disciplina fiscal, la certeza jurídica y la reducción de las barreras que dificultan la actividad empresarial. Nada de eso puede evaluarse seriamente preguntando si la gente cree que el Gobierno improvisa. Más aún, el propio titular resulta discutible: mientras destaca una creciente percepción de improvisación económica, el indicador referido al crecimiento pasó del 45% al 44%. Una variación marginal, ciertamente, pero no un aumento. La desaprobación presidencial es un dato político. La eficacia de una política económica exige evidencia, análisis causal y resultados observables. Confundir ambas dimensiones no aporta demasiado a una discusión seria sobre el futuro económico de Chile.

Leyendo la columna de Daniel Matamala sobre Paraguay, la verdad es que no me sorprende nada. Su faceta de activista hace rato que terminó por devorarse cualquier vestigio de distancia periodística, y este texto no hace más que confirmarlo. Matamala toma una crisis bancaria concreta, plagada de conflictos de interés, conexiones políticas y fallas de supervisión, para armar un juicio sumario contra el liberalismo. Sin embargo, entre los hechos que describe y el veredicto que pretende dictar hay un abismo: no demuestra el nexo de causalidad económica necesario para sostener semejante conclusión. La forma en que aborda a Paraguay es sintomática. Se ensaña con sus falencias estructurales, pero deja fuera datos elementales: una expansión del 6,6% en 2025, una deuda pública relativamente contenida y avances importantes en la reducción de la pobreza. Cualquier análisis económico serio pondera el cuadro completo, no solo la esquina que conviene a su relato. Más torpe aún resulta su empeño por confundir libre mercado con capitalismo de compadrazgo. Los privilegios empresariales concedidos a dedo y la captura del Estado por redes de influencia política no son expresiones del liberalismo; son prácticas que contradicen sus principios fundamentales. Para rematar, mete al presidente Kast, a los Chicago Boys y la crisis bancaria de 1982 en una misma juguera, acumulando paralelismos históricos como si la mera cercanía retórica equivaliera a una demostración empírica. Ese es el vicio recurrente de Matamala: no parece someter sus premisas a la prueba de la realidad, sino que selecciona la realidad para que calce con sus dogmas. Es perfectamente legítimo escribir columnas desde una posición ideológica. Lo cuestionable es pretender revestirlas de rigor analítico mientras se omiten variables relevantes y se presentan asociaciones como relaciones causales. La solvencia de una tesis no depende del envoltorio literario, sino de la robustez de sus argumentos. Y aquí Matamala exhibe bastante destreza para el panfleto político, pero una notable falta de rigor en su análisis económico.

Carlos Peña vuelve a dedicar su columna dominical al Presidente Kast, esta vez recurriendo a Diego Portales y hasta al psicoanálisis para intentar explicar su relación con los partidos políticos. Su razonamiento presenta una contradicción de fondo. Describe una sociedad moderna, individualizada y cada vez más autónoma frente a las estructuras tradicionales, pero termina elevando a los partidos políticos a la categoría de intérpretes indispensables de la voluntad ciudadana. Una conclusión bastante discutible, especialmente cuando la representación partidaria no equivale necesariamente a representación social. Peña parece confundir la legitimidad democrática con la intermediación partidaria. La autoridad presidencial emana de la Constitución y del mandato popular, no de la satisfacción de las expectativas de las dirigencias políticas. Los partidos participan del sistema institucional, pero no son propietarios de la voluntad ciudadana ni tienen derecho a tutelar al Ejecutivo. Más cuestionable todavía es su recurso a las supuestas motivaciones inconscientes del Presidente. Atribuirle un ideal portaliano puede resultar una construcción literaria interesante, pero no demuestra absolutamente nada sobre la corrección de sus decisiones. Al final, Peña construye una sofisticada interpretación psicológica para sostener una conclusión política que no consigue demostrar. Mucha elaboración conceptual, pero poca evidencia concreta. Y en un análisis intelectual riguroso, la elegancia del argumento jamás puede sustituir su demostración.

¡Feliz domingo a todos quienes defendemos la libertad! Desde Milán, les deseo un excelente domingo junto a sus familias. Un abrazo para todos.

Me he encontrado varias veces con las publicaciones de esta señora y llama la atención su obsesión con Kast. Ahora resulta que hasta su personalidad le molesta. En lo personal, veo a un hombre correcto, sobrio, bien presentado y que cuida las formas propias de su investidura. Cuestión de apreciaciones, por supuesto. A mí me provocaba bastante más vergüenza ver a Boric representando a Chile con su habitual desaliño, sin corbata y con una presentación personal que consideraba impropia del cargo. Pero parece que hasta la elegancia depende del color político.

Este gráfico merece mirarse con detenimiento, especialmente por quienes insisten en negar la historia económica reciente de Chile. Durante el gobierno militar, José Piñera y un grupo de economistas liberales sentaron las bases de un modelo sustentado en la libertad económica, la propiedad privada, la inversión y la apertura comercial. Los resultados hablan por sí solos. Chile se convirtió en una verdadera máquina de sacar personas de la pobreza. Entre 1990 y 2013, esta cayó del 38,6% al 7,8%, según la metodología tradicional. Y entre 1985 y 1997, el PIB creció a un promedio anual del 7,6%, convirtiendo a Chile en un referente económico para Hispanoamérica. Millones de compatriotas mejoraron sus condiciones de vida. Porque el progreso no consiste en repartir la miseria bajo consignas igualitarias, sino en generar riqueza y oportunidades. Con Bachelet II, en 2014, se profundizó una etapa de desaceleración que se prolongó durante los gobiernos posteriores, hasta Gabriel Boric. Pasamos de crecer un 4,4% anual entre 2002 y 2013 a apenas un 2% entre 2014 y 2025. Hoy pagamos las consecuencias de haber debilitado los motores del desarrollo: inversión, productividad y empleo. Dedico este gráfico a tantos militantes de izquierda que hoy me insultan por defender las ideas de la libertad económica. La historia económica no se borra con consignas. Los datos están ahí.

Llevo poco tiempo participando activamente en X. Llegué con la intención de aportar desde mi formación profesional, defender mis ideas con datos y argumentos, y mantener un debate cívico, incluso frente a quienes piensan radicalmente distinto. Comparto estas capturas solo como botón de muestra, no para victimizarme. Lo que me sorprende es la miseria intelectual de quienes, incapaces de sostener un argumento, recurren inmediatamente al insulto personal. Y esto es apenas lo visible. Por mensajes privados (DM) recibo descalificaciones, acusaciones de «nazi» o «fascista» e incluso amenazas. Y quiero ser preciso: todos esos ataques que he recibido provienen de cuentas de izquierda o extrema izquierda, algo que he comprobado revisando sus perfiles. Mi respuesta es sencilla: bloqueo y sigo adelante. No estaba acostumbrado a este nivel de intolerancia y matonaje, pero estoy aprendiendo cómo funcionan estas redes. Y si alguien cree que con insultos o amenazas va a intimidarme, se equivoca de cabo a rabo. Todo esto no hace más que darme todavía más fuerza para seguir defendiendo las ideas de la libertad. Si con mi pequeño granito de arena puedo contribuir a que mi Chile querido sea un país más libre, tolerante y próspero, lejos de la censura, el sectarismo y las tentaciones totalitarias, habrá valido la pena. Las ideas se enfrentan con argumentos, no con amenazas ni matonería barata. Y por mi parte, aquí no se retrocede un milímetro.

Hay que tener una dosis monumental de audacia, o derechamente una ignorancia económica preocupante, para pontificar sobre el liberalismo con semejante precariedad intelectual. Ver a Jorge Sharp confundiendo libertad con ausencia de controles, competencia con monopolio y desregulación con impunidad resulta francamente vergonzoso. Utilizar el escándalo de Ueno Bank como argumento contra el liberalismo es de una pobreza intelectual que da vergüenza ajena. Los privilegios políticos, el capitalismo de compadrazgo y la captura institucional son precisamente lo contrario de una economía genuinamente competitiva. ¿Tan difícil resulta entenderlo? Y el remate es todavía peor: pretender desacreditar las rebajas tributarias atribuyéndoles consecuencias económicas negativas sin demostrar mecanismos causales ni aportar evidencia empírica. Eso no es análisis económico, es puro dogmatismo ideológico. Criticar a Axel Kaiser es perfectamente legítimo. Pero caricaturizar las ideas de Mises, Hayek y toda una tradición de pensamiento económico sin comprender siquiera sus fundamentos resulta lamentable. Lávense la boca antes de hablar de liberalismo.

El Frente Amplio vuelve con la cantinela de siempre: que cualquier ajuste presupuestario equivale a «quitar derechos». Hay que ser muy ignorante en economía, o derechamente muy caradura, para confundir la revisión de una partida con la vulneración automática de un derecho. Y un recordatorio elemental: las prioridades del gasto las propone el Gobierno y las discute el Congreso, no las asambleas doctrinarias del frenteamplismo. ¿Dónde estaba tanta preocupación por las finanzas públicas cuando gobernaban? Incumplieron las metas fiscales de 2024 y 2025, dejaron un déficit estructural del 3,7% del PIB y recurrieron a US$3.500 millones de Corfo para financiar gastos presupuestarios. Los recursos son finitos y toda decisión de gasto tiene un costo de oportunidad. Exigir más recursos sin explicar de dónde saldrán no es vocación social, es irresponsabilidad fiscal. Dejaron las cuentas públicas seriamente deterioradas y ahora se presentan como defensores del pueblo. Ese legado no desaparece levantando el puño ni repitiendo consignas.

Repetir números en redes sociales no equivale a entender de economía. Hay que ponerle cabeza, contexto y un mínimo de decencia intelectual a las cifras. Diego Ibáñez cita al Consejo Fiscal Autónomo con una soltura olímpica, pero convenientemente «olvida» que ese mismo organismo advirtió reiteradamente sobre los incumplimientos fiscales del gobierno de Boric, al que apoyó. En 2025 dejaron un déficit estructural del 3,7% del PIB. Ese es el legado de su coalición. Para colmo, presenta la autorización de endeudamiento sin distinguir que buena parte corresponde a refinanciar deuda existente, no a contraer deuda nueva. Y sobre esa interpretación incompleta monta su discurso para presentar el ordenamiento fiscal como un ataque a los derechos sociales. El libreto de esta izquierda es de una comodidad infinita: contribuyen al deterioro de las cuentas públicas, le dejan la cuenta al siguiente y luego se escandalizan cuando alguien intenta corregir el desastre. Los datos económicos se leen completos, senador, no mutilados por la conveniencia ideológica de turno.

US$850 millones en fondos públicos comprometidos, recursos de las jubilaciones paraguayas en riesgo y una crisis bancaria que terminó golpeando al propio presidente Santiago Peña. En mi nuevo análisis de Economía, Poder y Futuro examino el escándalo de Ueno Bank, las operaciones bajo investigación y los peligrosos vínculos entre el poder financiero y el poder político. Porque defender el libre mercado no significa defender a empresarios privilegiados ni aceptar que las ganancias sean privadas mientras las pérdidas terminan pagándolas los ciudadanos. Esto no es capitalismo competitivo. Es capitalismo de amigos. Los invito a ver mi análisis completo en YouTube. youtu.be/xBW8781fzgw?is=JHo7…

Ahora que reventó el escándalo por la adulteración de las cifras de producción en Codelco, vale la pena desempolvar otro botón de muestra de su gestión interna. En 2026 supimos que la remodelación de su casa matriz terminó costando la friolera de US$57 millones. El contrato inicial era de apenas US$10 millones, aunque Codelco sostiene que el proyecto original completo contemplaba US$18 millones. Incluso tomando esta última cifra, el costo final más que triplicó lo previsto. No se trataba de perforar roca a kilómetros de profundidad ni de una faena minera de alta complejidad técnica; era un edificio de oficinas corporativas. ¿Dónde quedaron la evaluación económica de inversiones, el rigor presupuestario y la fiscalización de quienes visaron semejante disparate financiero? El descalabro de Codelco va mucho más allá de un engaño en las cifras productivas. Hay una podredumbre de fondo sobre cómo se dilapida y gobierna el patrimonio que pertenece a todos los chilenos.

Es de una desfachatez sideral ver a Irací Hassler utilizar cifras económicas correctas para construir otro panfleto comunista contra el Gobierno de Kast, sin molestarse en explicar qué hay detrás de esos números. El IPC subió 0,5% en octubre, pero el indicador sin volátiles registró una variación mensual de 0,0%. Un dato fundamental que también debe considerarse para distinguir las presiones concentradas en determinados productos de una aceleración generalizada de los precios. Los combustibles dependen de precios internacionales, tipo de cambio, impuestos y mecanismos de estabilización. Sus variaciones no pueden atribuirse exclusivamente al Gobierno. Pero claro, resulta más cómodo repartir culpas que analizar las causas. Y hay una contradicción de fondo: quienes defienden más impuestos, mayor regulación e intervención estatal deberían explicar cómo esas políticas afectan la inversión, la productividad y los costos que terminan pagando las familias. Si Hassler exige medidas, que explique cuáles propone, cuánto cuestan y quién las financia. Porque los costos no desaparecen por decreto ni los contribuyentes tienen recursos infinitos. Los números están para entender la economía, no para disfrazar consignas ideológicas de análisis técnico. Y eso es precisamente lo que falta aquí: economía seria y menos propaganda comunista.

Da residente a Milano, ritengo del tutto legittimo difendere l’identità, la cultura e le tradizioni europee. Trovo però profondamente contraddittorio farlo inneggiando a Mussolini e ricorrendo ai saluti fascisti. L’Europa va difesa attraverso la libertà, non l’autoritarismo. Non confondiamo le due cose.

Sam Altman raises a fundamental point. Intelligence, no matter how advanced, does not confer the right to rule over human beings. AI should expand individual freedom, not replace human judgment. Technological superiority is not moral authority. The future must remain ours to decide.

Los famosos «derechos sociales» que tanto le gusta vender a la izquierda tienen una letra chica que prefieren esconder: nada de eso es gratis, alguien tiene que pagarlo. Miren este dato: según un estudio de Acción Educar, en 2024 el gasto fiscal asociado a estudiantes con gratuidad universitaria que, según la Casen, estaban fuera del 60% de menores ingresos se estimó en $355.300 millones. Estamos hablando de casi 1 de cada 5 beneficiarios fuera del grupo socioeconómico al que apunta esta política pública. ¿Y quién termina poniendo esa plata? Nosotros. Los contribuyentes, con los impuestos de todos los días. Nadie está diciendo que no haya que ayudar al que de verdad lo necesita. El problema es la irresponsabilidad de diseñar políticas donde la izquierda celebra el puro acto de gastar plata como un trofeo ideológico, dejando completamente de lado la focalización y la eficiencia. Los recursos públicos no son infinitos, aunque algunos insistan en gobernar como si la plata cayera del cielo. Ponerle la chapa de «derecho social» a una prestación no hace desaparecer lo que cuesta; simplemente le pasa la cuenta a la fuerza a la gente que trabaja. emol.com/noticias/Nacional/2… vía @emol

42.100 toneladas de producción artificial en Codelco. Bonos calculados con cifras adulteradas, ejecutivos desvinculados y controles que fracasaron estrepitosamente. ¡Una sinvergüenzura impresentable! ¿Quién autorizó semejante farsa? ¿Quién miró para el techo? ¿Y quién va a responder por el patrimonio de todos los chilenos? En mi nuevo análisis de Economía, Poder y Futuro voy al hueso, sin eufemismos ni contemplaciones. También cuestiono el modelo de propiedad estatal que permite diluir responsabilidades mientras otros administran recursos que no les pertenecen. Lo invito a ver el análisis completo. Hay cosas que sencillamente no podemos seguir tolerando. youtu.be/oVaoLxLvgI0?is=Whif…

Los problemas económicos de Chile son reales, pero reducir su análisis a consignas ideológicas y presentar una rebaja tributaria corporativa como «un regalo a los millonarios» es populismo económico. Asfixiar la inversión con impuestos termina perjudicando el empleo y, precisamente, a quienes tanto dicen defender. Pero hay algo que me parece todavía más cuestionable: esa facilidad con que ciertos políticos se llenan la boca hablando del «pueblo» mientras disfrutan de privilegios financiados por los propios contribuyentes. ¿Por qué no parten por casa? ¿Por qué no impulsan una reducción sustancial de las dietas parlamentarias y una revisión seria de sus asignaciones? Es muy cómodo exigir sacrificios con el bolsillo ajeno mientras los privilegios propios permanecen intactos. Si tanto les preocupa el bienestar de los chilenos, demuéstrenlo con hechos. La austeridad y la responsabilidad fiscal también deben comenzar por quienes administran los recursos que aportamos todos.

Lo ocurrido en Paraguay es de una gravedad institucional y financiera mayúscula. Una crisis bancaria, fondos públicos comprometidos y un presidente que presenta su renuncia. Las responsabilidades deben investigarse hasta las últimas consecuencias, sin blindajes políticos y respetando siempre la presunción de inocencia. Sin embargo, resulta lamentable la velocidad con que sectores de la izquierda chilena salieron en patota a utilizar esta crisis para desacreditar al presidente Kast. «El amigo de Kast», «el ídolo de Kast», «el mandatario que Kast ponía como ejemplo». Ese parece ser todo el argumento. ¿Y qué pretenden demostrar exactamente? ¿Que porque el presidente Kast elogió determinadas políticas económicas de Paraguay y mantuvo buenas relaciones con Santiago Peña, ahora debe cargar con el desprestigio de su gobierno? Las políticas económicas paraguayas pueden discutirse, contrastarse con cifras e incluso refutarse. Pero utilizar el escándalo de un mandatario extranjero para desacreditar a quien destacó aspectos de su gestión no constituye un argumento serio. Si Santiago Peña o personas de su entorno cometieron ilícitos, que respondan ante la justicia. Pero primero hay que investigar, acreditar responsabilidades y respetar el debido proceso. Una renuncia no equivale a una condena. Lo verdaderamente miserable es aprovechar una crisis institucional para intentar ensuciar políticamente a otro. Basta una fotografía, una declaración favorable o una coincidencia ideológica para montar una campaña de desprestigio. La justicia exige hechos y pruebas. La propaganda se conforma con insinuaciones. Y cuando la política abandona los argumentos para dedicarse al asesinato de imagen, lo que queda en evidencia no es la culpabilidad del adversario, sino la pobreza intelectual de quienes intentan desacreditarlo.