Erik E. Saracho Aguilar

Las denuncias contra Punta Paraíso, en San Pancho, Nayarit, comenzaron en 2017, cuando vecinos acudieron a la Profepa por la construcción del condominio frente a la playa, y en 2022 la dependencia ordenó demoler las obras y restituir 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, una resolución que los tribunales confirmaron en 2025 y 2026. Fue el mar el que terminó derribando parte del edificio antes que la autoridad. 📝 @AdrianoEspa 🔗: causanaturamedia.com/es/nota…

Playa de anidación de tortugas en riesgo por el colapso de edificaciones: PROFEPA no hizo cumplir la demolición El colapso parcial de Punta Paraíso amenaza con llenar de escombros una zona de anidación de tortugas marinas en San Pancho, Nayarit. Sin una demolición controlada y el retiro de los materiales, el oleaje puede dispersar vidrios y residuos de construcción sobre la playa y el océano. Los materiales de construcción no son químicamente neutros. Al fragmentarse, degradarse y permanecer en contacto con el agua pueden liberar sustancias que alteren sus condiciones. Por ejemplo, los escombros de concreto pueden liberar compuestos alcalinos y elevar el pH del agua. Dependiendo de su composición, también pueden desprender metales, la magnitud del efecto depende de los materiales, su cantidad y las condiciones del lugar. Además del riesgo para las tortugas, los restos pesados pueden sepultar pequeños crustáceos, moluscos y gusanos marinos que viven en la arena y el lecho marino. Los fragmentos plásticos y otro tipo de materiales pueden ser ingeridos por peces y aves.  Dejar que el mar destruya los edificios no recupera la playa, solo dispersa dentro del ecosistema marino los materiales que debían retirarse. La empresa responsable, Pacific Lifestyle Properties, recibió una multa de 96 mil pesos, aproximadamente 66 pesos por cada metro cuadrado que destruyó y ocupó ilegalmente. Una sanción económica insignificante para una empresa que sigue construyendo y tiene en catálogo inmobiliario departamentos de 26 millones de pesos. Esta empresa también estaba obligada a la demolición y restauración, pero no la hicieron cumplir antes de que fuera una emergencia ambiental. De acuerdo con una orden administrativa que fue emitida en agosto de 2022. La empresa la impugnó y el 7 de octubre de 2026 un tribunal negó el amparo y confirmó las sanciones. Mariana Boy presentó el fallo como una “victoria para la justicia ambiental”, pero su celebración no fue acompañada con una orden para el cumplimiento de la demolición. Boy asumió PROFEPA en octubre de 2024, con el expediente abierto y la orden ya emitida. Tuvo dos años de gestión para preparar la intervención y el manejo de escombros conforme avanzara el procedimiento judicial. El riesgo estructural también estaba advertido, desde el 2023, ya se había alertado sobre un posible colapso porque las olas golpeaban la cimentación. La preparación de una respuesta no tenía que esperar a la temporada de tormentas y huracanes ni al desprendimiento de las estructuras. El caso exigía seguimiento, presión de PROFEPA sobre la empresa y medidas preventivas ante el deterioro. Sin embargo, al 21 de octubre PROFEPA todavía estaba evaluaba viendo qué hacer, con unos protocolos de emergencia improvisados ante la exigencia de los habitantes cercanos. No hubo una planeación para que inmediatamente se iniciara la demolición, provocando que las edificaciones ya presenten daños estructurales. Provocando un riesgo adicional para los trabajadores, ante el peligro de desprendimientos y derrumbes no controlados. Mariana Boy celebró la sentencia como un “logro”, ¿que va a decir cuándo todo un ecosistema esté afectado?   ¿O el plan era ahorrarle a la empresa la demolición y que el mar se llevara los escombros sin ninguna consecuencia?