Guillermo Pérezpeña

LA NARCO NÓMINA DE AVIADORES DEL CJNG DE EMILIO MONTERO EL EXDIRECTOR DEL INSTITUTO FUE ALIADO Y PADRINO POLÍTICO DEL EXALCALDE DETENIDO EN EL CASO DE LOS CROMOS. FAMILIARES Y COLABORADORES DE ESE GRUPO APARECEN EN REGISTROS EDUCATIVOS Y DENUNCIAS DE COBROS SIN TRABAJAR. Sayda Morales Bustamante La relación de Emilio Montero con Miguel “Quetu” Sánchez Altamirano fue de cercanía personal, alianza respaldo político y hasta comercial. Montero lo describía como alguien semejante a un hermano y desempeñó un papel de padrinazgo en su trayectoria. Esa relación adquiere especial relevancia frente a la detención de Quetu dentro de las investigaciones sobre Los Cromos y los señalamientos de aviadores vinculados con su entorno en el IEEPO. El cuestionamiento al exdirector del instituto tiene nombres, adscripciones y remuneraciones. Familiares y colaboradores del grupo político de Juchitán aparecen en registros educativos mientras existen denuncias sobre personas que cobraban del organismo y realizaban actividades políticas. La responsabilidad de Montero exige examinar cómo se administraron esas plazas y quién comprobaba el trabajo remunerado. La cercanía política con Quetu hace particularmente necesario esclarecer esas decisiones. El exalcalde fue detenido dentro de la Operación Sable, relacionada con investigaciones sobre Los Cromos, organización identificada por la Fiscalía como aliada del CJNG. Los vínculos políticos de Montero con el grupo municipal colocan bajo escrutinio su gestión y sus mecanismos de supervisión. Amable Queto Sánchez Altamirano, hermana de Quetu y dirigente de La Populosa, aparece reportada con dos adscripciones educativas durante abril–junio de 2026, con 17 mil 526 pesos brutos mensuales por registro. Es indispensable establecer qué funciones correspondían a cada adscripción y cuáles fueron los pagos efectivamente realizados. Fátima Rafaeli López Martínez, esposa de Mariano Rosado López, figura como administrativa del IEEPO con 17 mil 526 pesos brutos mensuales en el mismo trimestre. Rosado, exsecretario municipal y suplente de Quetu, fue señalado por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. El 28 de septiembre de 2026 se anunció que autoridades federales y estatales lo buscaban. Su esposa es la persona identificada en el registro educativo. El caso de Fernando Santos Villalobos contiene una denuncia directa sobre actividad política mientras cobraba del instituto. Desde mayo de 2026, trabajadores lo identificaban como operador de Rosado en Juchitán, aunque aparecía adscrito a la Dirección de Evaluación del IEEPO. Su registro de abril–junio consigna 17 mil 559 pesos brutos mensuales. El 12 de agosto sustituyó a Rosado en la Secretaría Municipal. Francisco Javier Esteva Guerra, identificado como secretario particular municipal, aparece reportado como oficial de servicios de la secundaria Ignacio Ramírez de Tlaxiaco, clave 20DSN0001K, con 17 mil 526 pesos brutos mensuales. La cercanía de Montero con Quetu aumenta el costo político de estas preguntas. Quien respaldó y apadrinó a un dirigente municipal debe explicar las decisiones administrativas que involucraron a personas de ese entorno dentro de la institución que encabezó. Las responsabilidades penales y laborales deben establecerse individualmente, mediante sus respectivos expedientes. No se habla de una nómina cualquier, se habla de una “narco nómina” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. En un país de leyes eso sería un gran escándalo que terminaría en prisión el funcionario que permitió que la nómina se volviera en premio para el crimen organizado. Emilio Montero es el único responsable de permitir que el IEEPO se convirtiera en un bastión del narco. #Oaxaca #Juchitán #Oaxaca #Juchitán @Claudiashein @efektoaguila @Bravo_mm @DimePetri @JJDiazMachuca @PeatonVigilante @SEGOB_mx @HonestidadOax @lumendoz @ASFE_OAXACA @Admon_GobOax @rito_noel @OHarfuch @DEAHQ @TheJusticeDept @EMILIOMONTEROP