NERY RUIZ: EL HEREDERO DEL NEGOCIO ELECTORAL EN SONORA Por El Grillo Pillo Hace tiempo lo hemos dicho: detrás de cada elección existe también un enorme negocio. Boletas, urnas, impresión y materiales son apenas una parte; están además las rentas de inmuebles para consejos municipales y distritales, adecuaciones, mobiliario y servicios. Sólo para el proceso 2020-2021 el IEE Sonora presupuestó cerca de 13.9 millones de pesos para arrendar las sedes de sus 21 consejos distritales y 72 municipales. El problema no es que esos gastos existan, sino cuando elección tras elección alrededor de ese dinero vuelven a aparecer los mismos grupos empresariales y los mismos personajes. El Universal documentó que empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron más de mil millones de pesos en contratos con organismos electorales de al menos 13 estados, incluso mediante procedimientos donde compañías relacionadas entre sí aparecían como competidoras. Y Sonora aparece desde los primeros capítulos de esa historia. Primero con Guadalupe Taddei Zavala al frente del IEE Sonora y después con Nery Ruiz Arvizu. Porque Nery no llegó después de Taddei. Fue director de Asuntos Jurídicos, asesor de Presidencia, titular de Transparencia, volvió a Jurídico, ocupó brevemente la Secretaría Ejecutiva y finalmente, en octubre de 2021, heredó la Presidencia del Instituto. Él mismo resumió alguna vez aquella relación con una frase que hoy pesa más: “Siempre ha sido mi jefa”. Quienes conocieron desde dentro esa administración lo recuerdan como uno de los principales escuderos jurídicos de la Presidencia, conocedor de expedientes, procedimientos y de la estructura legal del organismo. No significa que adjudicara personalmente cada contrato, pero tampoco era un espectador de lo que ocurría dentro de la casa. Y cuando Taddei se fue, varios proveedores se quedaron. Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Litho Formas aparecen en procedimientos realizados durante ambas administraciones. El representante del PRI ante el IEE presentó este 27 de octubre un escrito que señala seis licitaciones entre 2017 y 2025 por 156 millones 837 mil pesos a empresas relacionadas con los Hernández Casillas; alrededor de 89 millones, según esa acusación, corresponden ya al periodo de Nery como presidente. En 2024 Litho Formas obtuvo una contratación cercana a 30 millones mediante propuesta única y en la elección judicial de 2025 recibió otra por 31.4 millones, pese a que —según el mismo escrito— existía una oferta aproximadamente 3.8 millones de pesos más barata. La denuncia tendrá que probarse, pero los contratos existen y los expedientes pueden abrirse. En esta trama aparece además otro viejo conocido de Sonora: Sergio Gutiérrez Luna. Después de su paso por estructuras públicas estatales terminó convertido en figura nacional de Morena y uno de los defensores políticos de Guadalupe Taddei en el INE. En octubre de 2024 se reformó la LGIPE para permitir que la Presidencia del Instituto nombrara directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, facultad que antes requería aprobación colegiada. Seis consejeros consideraron que aquello debilitaba los contrapesos internos. ¿Quién salió a defender esa concentración de atribuciones y posteriormente presentó una iniciativa para llevarla incluso a rango constitucional? Sergio Gutiérrez Luna. No eran “poderes absolutos”, pero sí una capacidad extraordinaria para construir directamente buena parte de la estructura ejecutiva del INE. La secuencia es demasiado clara para despacharla como simple coincidencia: Taddei encabezó el IEE Sonora, Nery fue parte central de su estructura y determinados grupos empresariales contrataron con el organismo; Taddei se fue, Nery asumió la Presidencia y varios de esos proveedores continuaron. Después Taddei llegó al INE, obtuvo mayores facultades para integrar su equipo con el respaldo político de Morena y Gutiérrez Luna intentó blindarlas constitucionalmente. Años más tarde una investigación nacional comienza a reconstruir empresas, contratos y funcionarios en por lo menos 13 organismos electorales. Eso no constituye por sí mismo prueba penal contra Nery Ruiz, pero sí establece una responsabilidad política ineludible: explicar qué ocurrió bajo su administración. Porque Nery Ruiz no heredó solamente una oficina. Heredó una institución donde ya existía una relación millonaria con determinados proveedores y, una vez convertido en presidente, esas empresas siguieron obteniendo contratos. Ése es el punto que ya no admite evasivas. Si durante años fue el abogado, operador y hombre de confianza de Guadalupe Taddei, y después terminó encabezándola mientras el mismo circuito empresarial continuaba haciendo negocios con el IEE Sonora, ya no puede presentarse como testigo de una historia ajena. Hoy Nery es quien firma como presidente, quien encabeza el organismo y quien debe responder por lo ocurrido durante su gestión. Guadalupe Taddei podrá haber construido el camino; pero si ese camino siguió funcionando bajo Nery Ruiz, entonces el heredero no recibió solamente la silla: recibió también el negocio electoral que ahora está bajo la lupa. 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