Patricia

🚨Esto es un movimiento político, no jurídico. El objetivo es desplazar la responsabilidad del Gobierno (que este no tenga que explicar ni responder de la nula gestión y las mentiras) al Poder Judicial. 1/ El Ministro Marlaska lleva un mes defendiendo dos cosas: (i) que no hubo avisos de una entrada de tal magnitud y (ii) que Marruecos colaboró. Al ir r públicamente (parte imprescindible) al CGPJ a quejarse de la juez Tardón lo que pretende es intentar cambiar el relato político de manera que el problema ya no es un ataque a la soberanía nacional sin prevención ni respuesta alguna por aporte del Gobierno sino que "una juez impidió que la Policía informará al Gobierno". Y ahora a repetir la consigna. Así Marlaska se presenta como víctima de una suerte de "complot judicial" (lo habitual en esta legislatura). Busca generar ruido institucional y dar la impresión de que el Ejecutivo está siendo obstaculizado por el Poder Judicial. No caigáis en la enésima trampa. El Ministro no puede exigir que la juez, ni la Policía Judicial, le entregue o adelante el contenido de una investigación ya que sería una injerencia del Ejecutivo en una instrucción judicial. Él lo sabe, por supuesto. El Ministro puede (en realidad, debe) pedir a sus servicios análisis propios, informes de inteligencia o evaluaciones de riesgo. Marlaska se queja públicamente sabiendo que es totalmente absurdo (con la agravante de que él fue juez) y se generan titulares. Ahora entrarán los voceros habituales que repetirán que hay un complot judicial, que una juez impidió informar al Gobierno y el cuento del lawfare. Ya lo veréis. Es relato. Todo relato.

🚨Unos apuntes sobre la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena a, entre otros, David Sánchez. 1/ No voy a analizar la sentencia. Quien realmente quiera conocer los hechos probados, sus fundamentos jurídicos y las pruebas valoradas, tiene a su disposición la sentencia completa o las explicaciones de cuentas y profesionales jurídicos serios, a favor y en contra, que la están desglosando. Quien no quiera hacerlo, no lo hará. 2/ Los que, sin haber leído la sentencia, ya hablan de “condena sin pruebas”, de “lawfare” o de “persecución judicial” contra el Gobierno, demuestran exactamente por qué no merece la pena entrar en debates técnicos con ellos. La mayoría ni han leído la sentencia ni tendrían capacidad real para entenderla aunque lo intentaran. Es el mismo relato sincronizado de los últimos años. Si logran que mucha gente crea que los jueces somos enemigos políticos, entonces cualquier futura investigación o condena podrá ser presentada como una persecución política, no como el resultado de aplicar la ley. 3/ La sentencia es el resultado de un proceso con todas las garantías procesales, con acusación y defensa, con valoración razonada de la prueba y con una motivación exhaustiva. Y, además, susceptible de recurso. Eso es lo normal en un Estado democrático. Lo anormal es convertir cada resolución judicial que resulta incómoda en una supuesta operación de “lawfare” o en un ataque coordinado al Gobierno. 4/ Pretender que jueces de toda España -de orígenes, trayectorias y sensibilidades muy distintas- estén orquestando una suerte de conspiración coordinada para derrocar al Gobierno resulta sencillamente ridículo. Tal vez, y sólo tal vez, la explicación sea mucho más sencilla y, para algunos, mucho más incómoda: que la corrupción en el Gobierno y su entorno ha alcanzado un nivel obsceno e insoportable. 5/ Quien quiera creerse el cuento del lawfare, que lo haga. Todo régimen que deriva hacia el autoritarismo necesita tres piezas imprescindibles: opresores que lo impulsen, colaboracionistas activos que lo justifiquen y una masa suficiente, dócil y enfurecida, dispuesta a aplaudir y a señalar al discrepante. Quien quiera formar parte de esa masa, que lo haga. Pero que sepa que lo está haciendo.