Martín Buceta

Han pasado cuatro meses desde la promulgación de la ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria (1) y la ley sigue sin aplicarse. Una ley imprescindible para garantizar el derecho a la educación universitaria en Argentina, el cual hoy está en grave riesgo. La ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Nación, vetada por el presidente y el veto rechazado nuevamente por ambas cámaras. Después de ello el Poder Ejecutivo envió una propuesta de presupuesto derogando la ley pero el capítulo que la contenía fue rechazado. A pesar de este largo recorrido y un fallo judicial que ordena cumplir la ley (2), el presidente de la Nación no se atiene a derecho y busca reformarla con un proyecto alternativo que propone aumentos nominales salariales y de los gastos de funcionamiento muy por debajo de la inflación acumulada y de lo que propone la ley 27.795. En este contexto, no sólo está en juego la Educación Universitaria, sino que se debilita la Democracia. Desde diciembre de 2023, los salarios del personal docente y nodocente de las Universidades nacionales perdieron un tercio de su poder adquisitivo. Esta situación afecta particularmente a nuestra Facultad porque la mayoría de su personal tiene cargos de dedicación exclusiva, y en consecuencia ha traído aparejada tanto la aparición del pluriempleo en docentes y nodocentes como la búsqueda de otros horizontes laborales en universidades privadas, en la industria o en el exterior. A enero de 2026, un Profesor Adjunto dedicación exclusiva con 15 años de antigüedad y título de doctorado percibe en mano un salario de $1.640.233 por trabajar 40 horas semanales, es decir $9319 por hora (considerando 22 días hábiles). Un Ayudante de Primera dedicación exclusiva con 5 años de antigüedad y sin título de doctor percibe en mano un salario de $938.271 por trabajar también 40 horas semanales, es decir $5331 por hora. Un nodocente categoría 5 con 10 años de antigüedad y título secundario gana $1.184.876 por trabajar 35 horas semanales, es decir $7694 por hora. Los montos de los salarios son absurdamente bajos y se traducen inexorablemente en reclamos legítimos, enojo y angustia que permean en los trabajadores y trabajadoras y en sus familias. En nuestra Facultad se enseña ciencia porque se produce conocimiento científico, garantizando así la calidad educativa. La desfinanciación del sistema de CyT impide adquirir equipamiento e insumos y mantener la infraestructura. Muchos de nuestros docentes son también investigadores o becarios de CONICET y han sufrido una reducción del 40% en sus salarios y estipendios desde diciembre de 2023. La virtual suspensión del financiamiento a proyectos científicos agrava este escenario e impide trabajar y, en consecuencia, enseñar en condiciones adecuadas. Como autoridades de la Facultad, reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la Universidad Pública, gratuita y de calidad, y del sistema científico y tecnológico nacional, fundamental para el desarrollo del país. Acompañamos a nuestra comunidad en el reclamo al gobierno nacional por la implementación efectiva de la ley 27.795 y en el rechazo a la intención del Poder Ejecutivo de modificarla (3). Exhortamos a nuestros diputados/as y senadores/as a que también acompañen este posicionamiento en defensa de la Universidad Pública y de la ciencia y la tecnología argentinas. Guillermo Durán, Decano Valeria Levi, Vicedecana