Mariana

Nunca Carrió hizo una autocrítica seria sobre su rol y el de Patricia Walsh en la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A partir de los años 2016 y 2017 en un arrebato de conciencia cívica comenzó a criticar las consecuencias de la monstruosidad jurídico-política que ayudó a engendrar. Denunció que el kirchnerismo utilizó estos procesos judiciales con fines de "venganza" política, generando condenas "sin pruebas", "casos muy mal juzgados", "procesos nulos" y "juicios injustos contra militares que no tuvieron nada que ver" En 2019, defendió una ley que habilitara la revisión de juicios por violaciones al debido proceso. Reconoció la necesidad de diferenciar el rol de jefes y "torturadores directos" del de conscriptos o militares de bajo rango, cuestionando las condenas a militares que en los años 70 tenían 18 o 19 años y actuaron bajo obediencia debida. Expresó textualmente: “¿Cómo un cabo de 19 años iba a desobedecer a Nicolaides? (...) Reclamó prisiones domiciliarias por razones humanitarias para todos los detenidos mayores de 75 u 80 años, independientemente de la gravedad del delito, argumentando que el derecho humanitario prohíbe que ancianos enfermos mueran en cárceles comunes y que esto constituye una violación de los derechos humanos. Pero sigue defendiendo la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Lo único que le ha preocupado es que su imagen no quedara "pegada" a los escandalosos procesos e injustas sentencias de los Tribunales Orales Federales. Vano intento, fue coautora y corresponsable de esa monstruosidad jurídica que no solo violentó principios básicos del derecho penal, nos continúa impidiendo superar las nefastas consecuencias de la guerra que nos impusieron desde Cuba.