Punto de inflexión 🤔

Varios colegas me han compartido el concepto emitido por una prestigiosa firma de abogados a un Ministerio, en el que se plantea la posibilidad de dar por terminados unilateralmente los contratos de prestación de servicios celebrados por el Gobierno anterior. Con el máximo respeto me apartó de su tesis, explico porque. De antemano, sin pretender reducir sus argumentos, pero resumiéndolos para este medio, el documento sostiene que, conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen por las normas del derecho civil; de allí se concluye que el contrato de prestación de servicios se asimila al arrendamiento de servicios inmateriales de dicho Código y que, por tanto, admite la terminación por voluntad de una de las partes, especialmente cuando la relación se funda en la confianza. No obstante, no puede perderse de vista que el mismo artículo 13 dispone que las normas civiles y comerciales se aplican únicamente en aquello que no se encuentre regulado por la Ley 80. Precisamente, esta norma contempla de manera específica la tipología del contrato de prestación de servicios (artículo 32 Num. 3 ) y, además, regula la terminación unilateral como una potestad excepcional del Estado (artículo 14 y 17), siempre sometida al interés general y al respeto de los derechos del contratista. No se trata, por consiguiente, de una facultad discrecional del ordenador del gasto.Por todo lo anterior, y con el mayor respeto hacia el colega, si yo fuera el ordenador del gasto del Ministerio, actuaría con particular cautela y reserva antes de aplicar ese concepto.