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‼️EL JNE NO PUEDE ALTERAR LAS REGLAS DEL JUEGO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES‼️ Lo ocurrido exige un cuestionamiento jurídico de fondo. No se puede ignorar que el propio JNE, mediante la Resolución N.º 3707-2026-JNE, confirmó la improcedencia del pedido que pretendía excluir a Rafael López Aliaga de su candidatura a primer regidor. Ahora, después de celebradas las elecciones, establece un criterio que impide que quien encabezó la lista ganadora reciba la credencial de alcalde. Aquí están comprometidos principios esenciales del Estado constitucional de derecho: seguridad jurídica, predictibilidad electoral, confianza legítima, igualdad en la aplicación de la ley y debida motivación de las resoluciones. El artículo 194 de la Constitución debe respetarse, pero su interpretación no puede realizarse al margen del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula expresamente la sucesión municipal. El JNE tiene facultades de fiscalización y revisión, pero estas no son ilimitadas ni lo eximen de justificar rigurosamente sus decisiones. La pregunta es inevitable: ¿cómo se justifica que, después de que los ciudadanos acudieron a las urnas, se aplique un criterio que altera las consecuencias de la proclamación electoral? La justicia electoral no puede convertirse en fuente de incertidumbre jurídica. La legitimidad de una autoridad electoral no depende solamente de su competencia para decidir, sino también de que sus decisiones respeten la Constitución, la ley y los derechos de participación política.

‼️EL VOTO CIUDADANO NO ES PROPIEDAD DEL @JNE_Peru ‼️ Los magistrados del JNE no reciben un cheque en blanco para reinterpretar las reglas electorales según su propio criterio. Su función es garantizar que se respete la ley y la voluntad expresada en las urnas, no sustituir la decisión de los ciudadanos. Si una regla se aplicó durante procesos electorales anteriores, cualquier cambio de interpretación exige una explicación jurídica rigurosa, coherente y transparente. No basta con anunciar un nuevo criterio cuando ya se conocen los resultados. Rafael López Aliaga postuló a primer regidor, no a alcalde. La sucesión está contemplada en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Si el JNE considera que existe un impedimento constitucional, tiene que demostrarlo y explicar por qué su interpretación debe prevalecer frente a los criterios anteriores. ‼️LOS VOTOS NO SON DE LOS MAGISTRADOS! ¡EL MANDATO POPULAR NO SE NEGOCIA NI SE MANOSEA‼️ El JNE debe responder ante el país con argumentos jurídicos, no con decisiones que dejan dudas sobre la predictibilidad y la igualdad en la aplicación de las reglas electorales.