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Diputada Antares Vázquez Alatorre, con independencia de su narrativa partidista, antes de promover una comisión especial sobre la elección presidencial de 2006, sería conveniente que revisara los alcances constitucionales de sus atribuciones y, sobre todo, las resoluciones del máximo órgano jurisdiccional electoral. Se lo explico jurídicamente: el 5 de septiembre de 2006, la Sala Superior del TEPJF emitió el dictamen de cómputo final, declaró válida la elección y reconoció a Felipe Calderón como presidente electo. Posteriormente, en el expediente SUP-AES-66/2006, de fecha 30 de noviembre de ese año, el Tribunal fue todavía más explícito: determinó que aquella declaración era definitiva e inatacable, había adquirido autoridad de cosa juzgada y que ni siquiera la supuesta existencia de una prueba superveniente podía modificarla. ¿Puede investigarse históricamente lo sucedido? Desde luego. ¿Pueden investigarse posibles responsabilidades penales o administrativas? También, si existen elementos y se acude a las autoridades competentes. Pero ninguna comisión legislativa puede sustituir al TEPJF, revocar sus resoluciones ni emitir sentencias condenatorias. El artículo 99 constitucional establece la competencia jurisdiccional electoral; el 93 delimita las facultades de investigación parlamentaria; y los artículos 14, 16 y 17 tutelan la legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso. Respecto de las declaraciones de Vicente Fox, que se investiguen si existen elementos jurídicos para ello. Pero una declaración no equivale a una sentencia ni acredita por sí sola la comisión de un delito. Diputada, la pregunta es sencilla: ¿cuál será el objeto jurídico de esa comisión, cuál es su fundamento legal, cuáles serán sus atribuciones y qué efectos pretende producir? Porque si su propósito es investigar hechos históricos, dígalo con claridad; pero si pretende reabrir una controversia electoral definitivamente resuelta, estaría desconociendo los límites constitucionales del Poder Legislativo. La Cámara de Diputados tiene facultades de control e investigación, no jurisdicción para reescribir sentencias. La Constitución no es un instrumento de conveniencia partidista y la cosa juzgada no desaparece porque veinte años después cambie la narrativa política. México merece verdad, sí, pero también rigor jurídico, respeto institucional y responsabilidad de quienes ocupan una curul. Una diputación federal exige mucho más que consignas: exige conocimiento de la Constitución y respeto al Estado de derecho.