Simón

Es importante decir las cosas con claridad. Ponerle IVA del 19% y aranceles a los pedidos por internet de menos de 200 USD, de Temu, Shein y Amazon, no es poner a esas empresas a pagar impuestos. Esos impuestos los va a pagar el consumidor colombiano. En este problema hay cuatro víctimas y un victimario: La primera víctima: El consumidor. Busca maximizar el rendimiento del fruto de su trabajo en un entorno hostil. Cuando compra ropa no comete ninguna falta moral ni incurre en deslealtad económica: ejerce su derecho a disponer de su propiedad privada donde encuentre mayor utilidad subjetiva. Gravar esa transacción con IVA y aranceles no castiga a una empresa en China o Estados Unidos, confisca directamente el poder adquisitivo de los colombianos, especialmente de los de menores ingresos. La segunda víctima: El productor local. El productor local no carece de ingenio ni de ética de trabajo. Durante generaciones ha demostrado una notable capacidad de adaptación e innovación, construyendo marcas sólidas contra viento y marea. Su tragedia es la del síndrome de Estocolmo. Ha tolerado en silencio un entramado asfixiante de cargas parafiscales, rigideces laborales anacrónicas, aduanas parasitarias que encarecen sus insumos y una voracidad tributaria que drena su capital operativo. Al verse incapacitado para competir contra precios globales, comete un error: en lugar de rebelarse contra el verdugo que lo asfixia, acude a él de rodillas a suplicarle que le rompa las piernas a su vecino. Termina actuando como cómplice involuntario de su propio captor. La tercera víctima: El productor internacional. El productor foráneo y sus redes logísticas cumplen con la función empresarial por excelencia: coordinar recursos escasos en el tiempo y el espacio para abaratar la subsistencia humana. Su delito es la eficiencia. Se le sataniza acusándolo de "depredador" o de emplear tácticas opacas, pero la realidad económica es fría y categórica: pone bienes terminados a miles de kilómetros a una fracción del costo gracias a una escala, una tecnología y una acumulación de capital que Colombia decidió no desarrollar por asfixiar su propio mercado de capitales. El victimario: El Estado pirómano y bombero. Es el Estado el que desmanteló la competitividad de la industria local a través de regulaciones absurdas y tributos expropiatorios. Y es ese mismo Estado el que hoy se presenta con cinismo redentor ante los micrófonos prometiendo "nivelar la cancha". Su fórmula de justicia distributiva es diabólica: no alivia el fardo del que produce adentro, sino que le arroja una carga equivalente al que compra afuera. El resultado para el poder político es perfecto: recauda más, amplía su red de favores regulatorios y fractura la solidaridad social haciendo que las tres víctimas se culpen entre sí mientras la burocracia se apropia del botín aduanero.