Ana Angel

Doctor Rodrigo Uprimny: la amistad es una virtud, pero no responde ni justifica las denuncias de trato desigual en la JEP. En su artículo en La Silla Vacía explica que la magistrada Julieta Lemaitre aplica el método PEACE para generar confianza y escuchar sin intimidar a los ex-FARC. Ese mismo método debería aplicarse, sin excepciones, a los militares. En su lugar se observa prejuzgamiento, minimización de argumentos e intimidación procesal. Las garantías judiciales —respeto, escucha efectiva y presunción de inocencia— no pueden depender de haber pertenecido a las FARC o a la fuerza pública. Exigir ese estándar para los militares no es un favor: es un imperativo de igualdad ante la ley. Ojalá el mismo empeño que se pone en defender a los magistrados amigos se dedicara al debido proceso de los militares, aunque no sean tan amigos de ellos.

¡EL COLMO! A pesar que las FARC dejaron de entregar el 81.8% de los inmuebles y el 96.5% de los muebles que se comprometieron a dar, la JEP en junio de 2026 certificó que el Secretariado NO TENÍA LA CULPA de los problemas en la entrega de los bienes, por lo cual no podía sancionarlos. Esto contrasta con la rigurosidad con que la JEP juzga a los altos mandos de la Fuerza Pública bajo el criterio de presión por resultados, donde terminan respondiendo por absolutamente todo. A pesar que en 2014 Forbes estimó su fortuna en US$600 millones y un informe de la Fiscalía y el Ejército calculó que entre 1995-2015 tuvieron un saldo favorable de $13.3 billones, las FARC solo dieron activos por $46.194 millones. Incluso, de 722 inmuebles que prometieron dar, solo fue posible ubicar 132, de los cuales 121 eran baldíos y 10 eran resguardos. La JEP protegió al Secretariado y lo blindó de cualquier reproche en este tema. Vean esto: