BESENO

@CIA FILTRA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SOBRE VENEZUELA Alto funcionario del Departamento de Estado para Venezuela. Vía teleconferencia. 26 de octubre de 2026 MODERADOR: Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa sobre Venezuela. Para empezar, les informo que esta llamada se realizará bajo la supervisión de un alto funcionario del Departamento de Estado. Dicho esto, les presento a nuestro orador, [Alto Funcionario del Departamento de Estado], quien hará sus comentarios. FUNCIONARIO DE ALTO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO: Bien, la razón por la que voy a hacerlo de forma confidencial es porque es un tema extenso y de naturaleza altamente técnica, por lo que simplemente sienta las bases. Sé que algunos de ustedes viajaron para la cuarta ronda de conversaciones sobre el proceso de transición y reconciliación en Venezuela, y la verdad es que no ha recibido tanta atención como otros temas más destacados del ámbito económico, como los acuerdos petroleros, etcétera. Pero me pareció importante aclarar un poco la situación y darles una idea de cómo prevemos que se desarrollará este proceso en beneficio de todos los involucrados. Permítanme sentar las bases. Parte de esto, para algunos de ustedes, probablemente ya lo sepan porque han cubierto Venezuela a lo largo de los años y Latinoamérica en general. Para otros, esto puede ser nuevo, así que les pido disculpas si resulta redundante. Básicamente, al igual que en muchos países del hemisferio occidental que se rigen por el derecho civil y sistemas similares, los tribunales constituyen la institución más poderosa, especialmente en los regímenes autoritarios. Estos utilizan los tribunales para declarar legal o ilegal cualquier cosa que deseen y para determinar todo tipo de asuntos en el país. En el caso de Venezuela, se trata del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ha sido durante mucho tiempo un instrumento del régimen y de Maduro, y en 2015 esto se intensificó considerablemente. De hecho, fue el TSJ quien declaró ilegal a la Asamblea Nacional. Fue el TSJ quien sentó las bases para una asamblea constituyente que la reemplazó por una nueva Asamblea Nacional. Es el TSJ quien controla todo allí. Por lo tanto, es la institución más poderosa. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es sobre las elecciones en el país. Las elecciones en Venezuela son organizadas por el CNE, que es básicamente el Consejo Nacional Electoral . En Venezuela, ese consejo no es solo el departamento electoral. Yo vivo en un condado de Estados Unidos y allí organizan las elecciones. Instalan las máquinas, tabulan los votos. Este consejo teóricamente hace eso, pero hace mucho más. También decide qué partidos pueden registrarse y quiénes pueden postularse. Y así fue como descalificaron a María Corina, por ejemplo, y a muchas otras personas, y Edmundo terminó siendo una especie de candidato por defecto porque se olvidaron de descalificarlo. Así pues, con esa base sentada, permítanme repasar un poco la historia para entender por qué estos esfuerzos han fracasado en el pasado. Recordarán que, durante la administración Biden, se negociaron extensamente con el régimen de Maduro sobre nuevas elecciones en 2024, y se llegó a un acuerdo al respecto. Como resultado de ese acuerdo, la administración Biden otorgó al régimen de Maduro todo tipo de concesiones, incluyendo el levantamiento de sanciones, pero también liberó a los sobrinos de Cilia Maduro, condenada por narcotráfico. Liberaron a Alex Saab como parte de ese acuerdo; todas concesiones irreversibles. Venezuela y el régimen de Maduro celebraron elecciones en 2024, pero con la antigua TSJ y la antigua CNE; en esencia, con la infraestructura existente. No se pueden celebrar elecciones libres y justas, aceptadas por todos los sectores de un país, mientras esa infraestructura siga vigente. Por lo tanto, es necesario reemplazarla. Hay que desmantelarla y sustituirla por algo nuevo. No se pueden celebrar elecciones creíbles en ese país sin un sistema renovado. Y esos son los pasos que estamos tratando de dar aquí con respecto a estas conversaciones. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos ahora en las conversaciones? Hablemos primero del TSJ, que es el acuerdo que alcanzaron esta semana. Tanto la oposición, la Asamblea Nacional de 2015, como la esencia —en esencia, los representantes del PSUV a través de Jorge Rodríguez, el partido en el poder, han acordado— cada uno ha designado miembros para una comisión. Está modelado [para tener algo como] una comisión de nominación judicial, y ese es un comité de personas que estudiará a los candidatos y nominará a 32 personas para convertirse en magistrados del TSJ, los 32 magistrados de ese proceso, a través de una JNC. La clave residía en asegurar que los miembros de este comité, ya sea el de selección o como se le quiera llamar, fueran personas legítimas y no oportunistas de ningún partido. Si se observa la lista de candidatos presentada tanto por el partido gobernante, el partido de Maduro o el de Chávez, como por la oposición, se trata casi exclusivamente de profesores de derecho y personas de gran prestigio, que no son actores políticos propiamente dichos, lo cual fue un avance muy positivo. Ahora se espera que este grupo se reúna para elaborar una lista de 32 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y el objetivo es que, antes de que finalice este año, es decir, a mediados de diciembre, el nuevo TSJ esté en funciones. Así es como funcionará: El comité propone 32 nombres, que luego se presentan a la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez debe lograr la aprobación de esos nombres, acordados por ambas partes. Para finales de este año, o incluso antes, deberíamos tener un nuevo Tribunal Supremo. Si bien no es exactamente igual al nuestro, en muchos sentidos es incluso más poderoso, pero en esencia, deberíamos tener un Tribunal Supremo de Justicia completamente nuevo en Venezuela. Lo segundo que debe suceder aquí, y está sucediendo simultáneamente —de hecho, ya estamos iniciando esa conversación para la próxima ronda de negociaciones— es que primero debemos reformar el CNE, el consejo electoral, y luego debemos reemplazar a sus miembros. Y vamos a seguir un proceso muy similar, con la diferencia de que este proceso no requerirá la ratificación de la Asamblea Nacional. Crearemos un comité de expertos similar para proponer los nombres y miembros del CNE, de modo que tendremos nuevos miembros, pero también vamos a cambiar, de mutuo acuerdo entre ambas partes, la naturaleza del CNE. La CNE se convertirá básicamente en una plataforma técnica. Eliminará todos los aspectos políticos, lo que significa que ya no tendrá la facultad de excluir candidatos de la boleta electoral ni de decidir quién se presenta o no. Su única función será la misma que la de los departamentos electorales de los Estados Unidos en los 50 estados y territorios: instalar las máquinas, contar los votos, abrir los centros de votación e informar los resultados. Y será una CNE apolítica. Una vez que esas dos cosas estén en su lugar —el nuevo TSJ a finales de este año, el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado— lo que debería suceder en ese momento es que tendrán que declarar —Delcy tendrá que declarar una vacante en la presidencia, una vacante permanente. En este momento no lo han hecho. Una vez que se declara una vacante permanente, eso activa, según su constitución actual, un período de seis meses para nuevas elecciones. Y el CNE, este nuevo CNE apolítico, determinará entonces la fecha de esas elecciones y cuándo deben celebrarse. Aquí está el problema. Si no tenemos una nueva TSJ ni una nueva CNE, no podemos tener una elección creíble. No podemos tener una elección creíble porque el perdedor alegará que el otro bando hizo trampa, o bien, porque la infraestructura existente que controla ambos aspectos impedirá que se lleve a cabo una elección creíble. Por lo tanto, es necesario crear la estructura para una elección creíble antes de poder convocarla o celebrarla. Pero ese es el objetivo: un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de fin de año; un nuevo Consejo Nacional de Ética (CNE) poco después; declarar la vacante permanente en la presidencia, lo que desencadena el ciclo de seis meses para las elecciones presidenciales. Y entonces, esas elecciones se celebrarán bajo la dirección del CNE, un organismo apolítico, y serán gobernadas por un TSJ al que no se podrá acudir para anular los resultados electorales, ya que han sido manipulados o politizados, tal como lo hizo el régimen en el pasado. Ese es el objetivo. Obviamente, debemos ejercer nuestra influencia como gobierno sobre las autoridades interinas para asegurar que este proceso avance de manera responsable, pero nuestro objetivo es celebrar unas elecciones en las que, cuando se celebren, el bando perdedor diga que fueron justas, que simplemente perdieron, que pasarán a la oposición y que, cuando ustedes arruinen el país, se presentarán en cuatro años y recuperarán el poder. Es decir, así es como deberían funcionar estas democracias y repúblicas que funcionan correctamente. Si celebráramos unas elecciones con la infraestructura actual de ese país —saben cómo organizarlas—, es decir, tienen máquinas electorales. Podrían instalar colegios electorales y celebrar otras elecciones el mes que viene, pero no serían unas elecciones justas ni libres. A todo eso se suma el ambiente. Realmente no se pueden celebrar elecciones creíbles en un país, incluso si se tiene una nueva CNE, incluso si se tiene una nueva TSJ, no se pueden celebrar elecciones en un país si no se permite que los partidos políticos se formen y operen, si no se les permite hacer campaña, si no hay una prensa libre a la que puedan acceder, si no tienen oportunidades de acceder a las ondas de radio del país, si no tienen acceso a Instagram y X y cualquier otra cosa que quieran usar en las redes sociales para comunicarse con los votantes, etc., si los candidatos no pueden moverse libremente por el país. Así que, independientemente de las conversaciones, pero como parte de ellas, está el deseo de seguir abriendo espacios políticos. Ahora bien, no sé si lo han visto, pero como ejemplo, varias personas —por ejemplo, María Corina— una de sus mano derechas, su asesora de comunicación, una de sus principales estrategas, estuvo retenida en la embajada argentina como rehén durante un año y medio, y luego se les facilitó la salida del país. Regresó a Venezuela hace aproximadamente un mes. Llegó al aeropuerto, pasó por la aduana. Está operando abiertamente en el país. Da ruedas de prensa. La vi dar entrevistas nacionales en la televisión venezolana. Necesitamos más de eso. Necesitamos más de eso porque no se pueden celebrar elecciones a menos que los actores políticos puedan expresarse sin temor a represalias, arrestos y cosas por el estilo. Ese es realmente el deseo aquí y la razón por la que queremos construir esto de esta manera, porque lo que queremos es una elección que deje como legado una república duradera. Ahora bien, quisiera hacer dos observaciones. Punto número uno. Desafío a cualquiera a estudiar, como yo y otros lo hemos hecho, la historia de las transiciones democráticas. Y no existe ningún ejemplo de una transición democrática pacífica, al menos no en los últimos tiempos. Casi todas las transiciones democráticas pacíficas han requerido la colaboración con algunas de las autoridades vigentes en el país para lograrlas. Esa fue la experiencia tras la Guerra Fría. Esa es la experiencia en Paraguay. Esa fue la experiencia en España. Esa fue la experiencia en Portugal. Esa ha sido la experiencia en un país tras otro. Eso no significa que quieras dejar a las autoridades actuales en el poder para siempre. Simplemente reconoce que para que la transición sea pacífica se necesita el apoyo y la cooperación de la otra parte, especialmente de quienes controlan los servicios de seguridad de un país. Y, si quieres que sea pacífica. Otra forma de lograr una transición democrática es mediante una guerra civil. Un grupo de personas armadas se enfrenta, y el vencedor se lleva la victoria. Sin embargo, preferimos evitar el derramamiento de sangre, la inestabilidad y una guerra civil. Preferimos una transición pacífica, por lo que debemos colaborar con las autoridades interinas para implementar todas estas reformas y utilizar nuestra influencia para garantizar que avancen a buen ritmo. Si algo nos ha retrasado, ha sido un terremoto que durante unas ocho semanas centró la atención del país, tanto en Venezuela como en nuestra respuesta, en la asistencia humanitaria a esa crisis, pero, a pesar de ello, estamos progresando adecuadamente. Ahora bien, creo de todo corazón que esas conversaciones, y estas otras, representan la primera, probablemente la última, y ​​la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido para lograr una república duradera, no solo para un ciclo electoral, sino para el futuro. Ahora bien, Venezuela se enfrenta a muchos otros desafíos. Imaginen por un momento: supongamos que en febrero se celebraran elecciones y, solo por poner un ejemplo, que María Corina Machado resultara elegida presidenta de Venezuela. ¿Qué heredaría? Heredaría un gobierno cuyas instituciones fueron construidas por el régimen anterior; todas las fuerzas de seguridad fueron creadas durante 30 años por dicho régimen, lo que significa que están totalmente controladas por los prochavistas. La economía se encuentra en una situación crítica. Tiene la mayor crisis de deuda per cápita —o porcentaje del PIB— del mundo. Son retos de enorme envergadura. Entonces, no controlarás la Asamblea Nacional, no controlarás el aparato de seguridad y te enfrentarás a estos enormes desafíos. Y podrías ver cómo un gobierno que se establece sin ninguno de los elementos necesarios para gobernar podría fracasar muy rápidamente y todo el proyecto podría desmoronarse muy rápidamente. Por eso, cuando hablamos de que la economía es importante en todo esto, es algo en lo que realmente creemos. Nos gustaría ver algunos de estos problemas resueltos, incluso mientras trabajamos en el proceso político, porque si quieres que un gobierno elegido democráticamente tenga éxito, no quieres que herede un apocalipsis económico que lo hunda. Porque habrá elecciones, todos estarán contentos, pero un mes después todos estarán enojados porque hay escasez de combustible, porque hay cortes de energía eléctrica. ¿Qué sucede cuando las fuerzas de seguridad que no son leales al sistema deciden no acatar las órdenes, sin importar quién haya sido elegido? No las acatarán; no las cumplirán. Ahora Caracas se convierte una vez más en la capital de los asesinatos del hemisferio occidental, tal vez del mundo; hay problemas de delincuencia endémica. Así que, todos estos son desafíos muy reales. En Bolivia estamos viviendo una situación similar. Tenemos un nuevo presidente, pero se enfrenta al desafío de que el aparato de seguridad del país, al igual que muchos otros organismos, es producto del régimen de Evo Morales y no siempre responde a las directrices de los líderes electos. En Venezuela, la situación sería exponencialmente peor. Entonces, cuando se habla de la necesidad de que la reforma económica acompañe a la reforma política, esa es la razón. La razón es que si se quiere que un gobierno elegido democráticamente tenga éxito, no se le puede dejar con una calamidad económica, porque al final, por muy contenta que esté la gente por haber tenido elecciones, seguirá queriendo comer. Seguirá queriendo poder pagar sus facturas y seguirá queriendo que no haya apagones crónicos. Y no quiere lidiar con una inflación elevada, y sin duda estará descontenta si el país está siendo invadido por delincuentes. Por lo tanto, estos aspectos son importantes porque nuestro objetivo no es simplemente celebrar elecciones. Nuestro objetivo es darle a Venezuela la mejor oportunidad posible de tener una república duradera que pueda sobrevivir más allá de una sola elección. De lo contrario, nos exponemos a una situación como la de Nicaragua, donde los sandinistas finalmente regresaron al poder después de que el descontento con los partidos no sandinistas llevara a la elección de Ortega. Y ahora él ha tomado el poder y se ha convertido nuevamente en un dictador. Así que también queremos evitar ese desenlace.

Tienen alguna otra opción?

Cuando hice mi PhD en Política Pública en Harvard, nos hicieron esta pregunta en un examen: «Usted es agente de la CIA en Moscú y observa un vehículo de la policía de seguridad rusa con el número 0901. ¿Cuántos agentes tiene esa policía en Moscú?». No era facil contestar, involucraba estadística, inteligencia, criterio, inferencia, cálculo… Ahora les pregunto: si Trump dijo que «ya tiene controlada a Venezuela», ¿Cuántos agentes de inteligencia y seguridad de EUA (CIA, FBI, DEA, CSN, Southcom, etc.) creen que están operando hoy en el país? ¿Cuántos vemos? ¿Cuántos no vemos? ¿Qué información tienen a diario que nosotros no conocemos? No tengo la cifra. Ustedes tampoco. Pero algunos hablan como si fueran expertos y estuvieran seguros de que los estadounidenses no se enteran de nada. O de que se enteran pero “no entienden cómo se bate el cobre”. Que son gafos. Que los engañan. Que están en la playa. Que no controlan nada. Una cosa es lo que podemos observar. Otra es todo lo que está ocurriendo.