Vero Vallejos

LA SOCIEDAD QUE CONFUNDIÓ LA OPINIÓN CON EL CONOCIMIENTO Hubo un tiempo en que la ignorancia guardaba cierta prudencia. Quien desconocía una materia escuchaba o preguntaba. Hoy, en cambio, la falta de conocimientos no impide dictar sentencia: basta una conexión a internet, unas consignas y la convicción de que pensar consiste en tener algo que decir. La democracia consagró el derecho de todos a expresarnos. Pero de esa igualdad nació una confusión formidable. Que cada ciudadano posea idéntico derecho a opinar no significa que todas las opiniones tengan idéntico fundamento. El voto de un epidemiólogo vale tanto como el de quien jamás abrió un libro de medicina; sus juicios sobre una epidemia no pesan lo mismo ante la evidencia. La opinión es una facultad; el conocimiento, una conquista. La primera puede improvisarse en segundos; el segundo exige estudio, método, contrastación, disciplina y disposición a reconocer errores. Sin embargo, vivimos en un escaparate donde la certeza se premia más que la exactitud y una frase rotunda derrota a una explicación rigurosa. Las redes sociales perfeccionaron este equívoco. Sus algoritmos no fueron concebidos para distinguir lo verdadero de lo falso, sino para capturar atención. Una afirmación escandalosa viaja más deprisa que una rectificación; un insulto reúne más espectadores que una demostración; una falsedad emotiva circula mientras la verdad revisa sus fuentes. La velocidad reemplazó a la reflexión y la popularidad comenzó a disfrazarse de autoridad. En ese mercado de convicciones instantáneas, el especialista debe justificar cada palabra, exhibir antecedentes y admitir incertidumbres. El improvisador, en cambio, goza de una libertad envidiable: no necesita demostrar nada. Cuanto menos sabe, menos obstáculos encuentra para sentirse dueño de la verdad. No porque ignorancia implique arrogancia, sino porque desconocer la complejidad permite imaginarlo todo sencillo. La política ha convertido esta fragilidad en una industria. Donde la realidad demanda presupuestos, plazos y acuerdos, prospera quien ofrece milagros. El diagnóstico cabe en un eslogan; la culpa se atribuye a un enemigo; el remedio se anuncia para mañana. Quien explica las restricciones parece débil. Quien promete lo imposible parece valiente. Y así, la competencia democrática corre el riesgo de transformarse en un concurso de certezas sin respaldo. No se trata de exigir títulos universitarios para participar en la conversación pública. Sería una arrogancia tecnocrática peligrosa. La experiencia cotidiana también enseña; quien padece una política pública posee información que ningún escritorio debería ignorar. Pero escuchar esa experiencia no equivale a convertir toda impresión en prueba ni toda sospecha en diagnóstico. Una ciudadanía madura no renuncia a opinar: aprende a distinguir entre lo que sabe, lo que cree y lo que apenas supone. Pregunta por las fuentes, compara argumentos, sospecha de las explicaciones demasiado cómodas y comprende que cambiar de opinión ante mejores evidencias no constituye una derrota, sino una forma superior de honestidad intelectual. El verdadero peligro no es que los ignorantes hablen. Tienen, por supuesto, todo el derecho. El peligro comienza cuando una sociedad deja de reconocer la diferencia entre hablar y saber; cuando la estridencia sustituye al razonamiento y la reputación del experto vale menos que la popularidad del charlatán. Porque una democracia puede sobrevivir a la discrepancia, incluso necesita de ella. Lo que difícilmente puede permitirse es convertir la ignorancia en virtud, la duda en debilidad y el conocimiento en una simple opinión. Entonces ya no discutimos para comprender la realidad: competimos por imponer nuestra voz. Y cuando todos se proclaman maestros, los primeros expulsados de la sala suelen ser: el aprendizaje y el conocimiento. @MisColumnas